Agosto 18, 2017

EL C.S.U. DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, PROMUEVE LA ANTIDEMOCRACIA.

5 de noviembre de 2012.
José Jaime Padilla– Abogado UPC; especialista Universidad Externado de Colombia.
Es evidente el ambiente antidemocrático que se respira al interior del recientemente renovado Consejo Superior Universitario de la UPC. Estos hechos no son nuevos, ya tenemos antecedentes similares en la elección de antiguos rectores donde, por regla general, prima las conveniencias de los legitimados representantes de los estamentos universitarios sobre el interés del Alma Mater. En esta ocasión, este mismo órgano a través del ACUERDO 013 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2012, decidió confirmar en todas sus partes el Acuerdo No 033 del 21 de Agosto de 2012 expedido por el Tribunal de Garantías Electorales, que proclamó los ganadores en las elecciones estudiantiles. Frente a tal decisión es necesario hacer los siguientes reparos:
En primer aspecto no se entiende el funcionamiento del sistema electoral interno de la Institución. La decisión sobre una determinada elección termina en manos del mismo órgano al que se aspira llegar. Es muy probable que esto permita que ellos no resuelvan en Derecho ni acatando la normatividad, sino de acuerdo al interés de mantener las mayorías o minorías en ese órgano de dirección, lo que consecuentemente les permite y garantiza el mando burocrático.
Por otro lado, y entrando al análisis concreto de la decisión, es una aberración jurídica avalar los escrutinios de unos votos que no fueron incluidos en las actas de votación por los respectivos jurados. El único argumento de tan “honorable” Consejo Superior Universitario fue que no se interpusieron los recursos ante la instancia correspondiente, hecho que falta de manera grave a la verdad. Hay suficientes pruebas que demuestran que los candidatos de la Mesa Amplia Estudiantil Del Cesar, MAEC, previnieron a la Comisión Escrutadora sobre las implicaciones de contabilizar dichos votos. Además, era un deber legal de las Comisiones Escrutadoras acogerse plenamente a los Acuerdos expedidos por la UPC, como el Acuerdo No. 013 de fecha 30 de mayo de 2012, que en su artículo 1° establece que “las mesas de votación que no contengan las respectivas actas, o las mismas estén firmadas con menos de dos jurados, se dejará constancia de ello y se excluirán del respectivo escrutinio y no se contabilizarán”. No obstante, contrariando los principios democráticos de transparencia e imparcialidad, se decide favorecer a la candidata de sus afectos, la cual saboteó el proceso electoral tratando de alterar urnas, atentado contra el material electoral, los funcionarios designados y el proceso democrático mismo, situación por la cual se suspendieron las elecciones por más de dos horas.
 No se debe olvidar, que a las urnas que no tienen actas, las cuales son objeto de reclamación, es muy probable que se les haya incluido votos de manera fraudulenta. ¿Habrá pensado en esto el CSU y sus asesores? ¿Acaso no saben ellos la importancia que tiene para un proceso electoral que los jurados de votación cumplan su función? ¡Y todo esto contando con una Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales!
Es necesario que la comunidad en general conozca que los recursos que se interpusieron ante las instancias correspondientes no tenían un fin distinto sino el que las decisiones de los distintos órganos de la UPC fueran ajustadas a Derecho. Esto debido a que por regla general ni el Tribunal de Garantías Electorales, ni el Consejo Superior Universitario, tienen una amplia formación en materia de Derecho Electoral. Peor aún, es posible ser miembro de estos órganos sin saber absolutamente nada de Derecho. Esto hace absolutamente  intolerable, que se asuma un proceso de esta magnitud a la luz de la improvisación, afectando derechos y garantías fundamentales de los participantes. Esta situación deja como consecuencia que las decisiones se tomen por conveniencias. Pareciera que los “honorables consejeros” miraron en la baraja cual podría ser su comodín que pepertúe el inicuo statu quo. Esto es lo que se debe considerar como antidemocracia, promovida desde el máximo órgano de gobierno de nuestra Alma Mater.
Quiero indicar que desde el punto de vista jurídico, concretamente a mi juicio, nos encontramos frente a un prevaricato por omisión. Así llama la ley penal al hecho  que un funcionario no quiera aplicar una norma jurídica vigente.
Por último, como la gota que rebosa la copa, el mismo CSU de la UPC expidió el Acuerdo No. 014 del 31 de octubre de 2012 que, violando el derecho fundamental al debido proceso y otros derechos y garantías, cambia las reglas de juego exclusivamente a los participantes de las ya realizadas elecciones estudiantiles con el fin de golpear únicamente a los candidatos de la Mesa Amplia Estudiantil del Cesar, exigiendo un determinado número de créditos so pena de perder la representación a los cuerpos colegiados. Irónicamente justifican tan vulgar decisión considerando que “se hace necesario ajustar los aspectos excluyentes del Acuerdo No. 006 de 2010 porque es un instrumento que atenta contra la oportunidad de participación equitativa y alternativa para el consenso político de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar y medio para que se perpetúen intereses personales frente a los intereses colectivos”. Palabrería huera para perpetuar sus intereses personales.
Por estos hechos, y otros que en esta ocasión no se detallarán, someteremos a control de legalidad todas y cada una de las actuaciones de los órganos de la Universidad y dejaremos en manos de los jueces de la República de Colombia las decisiones a que haya lugar.

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