Octubre 24, 2017

GRATUIDAD EN EL 2012 ¿A QUIÉN BENEFICIA?

Andrea Nathaly Cruz Ramírez

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE

Cali, Septiembre del 2011

Las últimas declaraciones que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos sobre educación han generado confusión en la opinión pública. Por un lado, el anuncio del desmonte del ánimo de lucro en la propuesta de Nueva Ley de Educación Superior (reforma a la ley 30) ha generado que diferentes sectores que estuvieron firmes en el rechazo a esta propuesta, vacilen hoy en su posición. Es preciso subrayar que el hecho que se eliminen las tres palabras “ánimo de lucro” del proyecto de ley, no implica que éste deje de cumplir su función principal: abrir la puerta para que la educación pueda ser prestada por privados nacionales y transnacionales, bajo la motivación del lucro. También es de precisar que el próximo TLC a firmar con Estados Unidos requiere de la implementación de este cambio para asegurar la ganancia y el acceso del mercado en lugares que son impensables aún para los colombianos, como lo es la Educación Superior.

Por otra parte, el anuncio de la gratuidad en la educación media ha confundido a más de un despistado. Analizar este punto es conveniente hacerlo en términos del contexto:

1.    Desde los recortes a las transferencias que se hicieron en 2001 y en 2007, la educación pública del país en los niveles de básica primaria, secundaria y media, se ha hundido en una crisis de tal magnitud que hasta el gobierno nacional ha tenido que reconocerla: hacinamiento en las aulas, baja calidad académica, condiciones deplorables de la infraestructura en las instituciones, etc. Hasta el 2009, las pérdidas en la educación ascendían a más de $17 billones y se estima que para el 2016, las pérdidas serán superiores a $40 billones.

2.    La creación durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez del Nuevo Estatuto Docente (1278 de 2002), que ha golpeado fuertemente la dignidad de esta profesión y por el cual los profesores nuevos no tienen ningún tipo de seguridad laboral, ni de autonomía académica, ni de condiciones para estudiar, investigar o publicar artículos, y por el cual las licenciaturas del país, así como las escuelas normalistas, se vienen debilitando.

3.    La promulgación en el 2009 del decreto 1290 que archivó definitivamente el carácter social de la ley 115 de 1994, cambiando la evaluación de contenidos y conocimientos por la evaluación de competencias, que es la aplicación de la formación para el trabajo en las escuelas y colegios, y que deja de un lado la responsabilidad de formar en ciencia, arte y humanidades a los jóvenes para formarlos para ser competentes en el mercado laboral (por cierto bastante deplorable en el país). Además, este decreto obligó a los colegios públicos a cumplir condiciones para ser acreditados que, en el marco de la desfinanciación del sector, se convierten en un desafío dificultoso, y si estos logran acreditarse, corren el riesgo de ser entregados a operadores privados o de dejar de existir.

4.    El decreto 2355, también del 2009, que marcó la ruta para la desaparición de la educación pública y sepultó definitivamente la autonomía de los colegios, privilegiando la entrega en concesión de las instituciones educativas a privados para que estos administren la educación de los colombianos. Este decreto es la base para que en Colombia hoy se construyan mega-colegios con dineros públicos, para ser entregados a la administración de privados quienes, sin invertir ni un centavo, entran a definir los currículos y a lucrarse del derecho de la población a educarse.

5.    El giro directo de los dineros de transferencias a los planteles educativos, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos, golpea fuertemente la descentralización territorial además de exacerbar el clientelismo y la corrupción en los planteles educativos, especialmente en aquellos que manejan programas de ampliación de cobertura o que están concesionados.

6.    La ley 1064 del 2006, que convirtió la educación no formal en formación para el trabajo, y el proyecto de ley 054 del 2011, que establece la articulación como base para el funcionamiento tanto de los colegios públicos como de los centros de “formación para el trabajo”, insertando a los jóvenes en un mundo en que sus capacidades múltiples y sus enormes potencialidades serán reducidas al adiestramiento en labores técnicas, mecánicas y repetitivas (con pocas posibilidades de ascenso social), además convirtiéndolos en “clientes amarrados” de las instituciones de educación superior con ánimo de lucro, que permitirá crear la nueva ley de educación superior si llegase a ser aprobada.

He aquí el marco en el que se plantea la gratuidad en la educación.

¿A quién le sirve esta medida?

Puede pensarse que le sirve a las familias pobres de los colombianos, quienes adeudan al sistema educativo por concepto de matriculas, o a los jóvenes que se retiran de la educación por carencias económicas. Sin embargo, la medida más que buscar el beneficio para los pobres de Colombia, lo que busca es asegurar a los particulares las ganancias por administrar los colegios “públicos”. Esto en la medida en que esta gratuidad y el aumento anunciado en el presupuesto a la educación (aún sin precisar, pero que, para trascender la demagogia gubernamental, deberá ser muy superior a la inversión de $239 mil millones que se hizo en 2011 para la gratuidad de la población vulnerable) irá a parar directamente a las manos de particulares administradores de la educación, sin intermediación de los municipios ni departamentos, sin normas efectivas de control de los recursos, y quienes podrán disponer de la destinación de estos recursos como les plazca.

La educación debe ser gratis para toda la población, en todos los niveles del proceso formativo. Si embargo, para que esta medida sirva efectivamente para el crecimiento personal de los jóvenes (independientemente de su capacidad económica) y para que el país deje atrás este modelo desigual y plutocrático, se debe partir de una educación pública, financiada plenamente por el Estado. Hoy, más que nunca, debemos reivindicar su carácter público, para que la iniciativa de gratuidad esté por fuera del frívolo cálculo de las ganancias de los particulares y sea realmente la alternativa para que toda la población se eduque con calidad y en miras del desarrollo nacional.

En esta titánica labor es indispensable la organización de los estudiantes y el respeto por sus formas de expresión, la consolidación de los consejos estudiantiles como las formas legítimas de organización del estudiantado y los procesos de unidad, construidos por las diversas expresiones que se gestan en su seno. Es indispensable levantar las banderas que han animado la lucha estudiantil y profesoral de los últimos años: la brega por una educación pública, de alta calidad, al servicio de los intereses de la nación, para la construcción de una Colombia soberana y democrática.

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