Junio 28, 2017

Informe de la Organización Colombiana de Estudiantes sobre la crisis de la Universidad del Atlántico (Resumen)

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Organización Colombiana de Estudiantes, Atlántico

La Universidad del Atlántico lleva más de una década en cuidados intensivos. Agoniza. La corrupción le causa graves hemorragias internas, pero sin duda, el más letal de los males que la aquejan es el infarto inducido por la desfinanciación sistemática que el gobierno nacional ha emprendido en su contra.

Ley de Quiebras

En 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la Universidad del Atlántico se convirtió en la primera universidad pública en la historia de Colombia en someterse a la ley de quiebras. ¿La razón? Los dineros que el departamento y la nación habían dejado de aportar a la universidad llevaron a que la carga pensional asfixiara el presupuesto de la institución, al punto de que por cada 100 pesos que ingresaban a sus arcas, la UA gastaba 135[1].

Distintos agentes firmaron un Acuerdo de Reestructuración de pasivos con el objetivo de sanear el déficit que superaba los 120 mil millones de pesos. Dicho acuerdo entró en vigencia desde 2005 y debía terminar este año, pero con las modificaciones sufridas, y la negativa constante del ministerio de Hacienda y del departamento para reconocer sus respectivas deudas, se espera que la universidad cierre este episodio en el año 2020. A 31 de Julio de este año se adeudaban $23.857.292.745.[2]

 ¿Quiénes pagaron el acuerdo de reestructuración de pasivos?

Cuando el gobierno Uribe propuso liquidar la Universidad del Atlántico no obtuvo respaldo alguno y se vio obligado a asumir las deudas que le correspondían. Pero al mismo tiempo, designó a una gerente-rector, para que administrara la crisis. El apretón fue evidente, se desmejoraron las condiciones laborales de docentes y administrativos, la cobertura aumentó en un 38%[3], y todos los programas que anteriormente funcionaban en la sede de la carrera 43 fueron trasladados a la ciudadela universitaria, aumentando el hacinamiento en las aulas. Se enajenaron distintos activos de la universidad. En 2008 la planta de la universidad se había recortado en un 63%.[4] Se realizaron reformas curriculares con el objetivo de unificar programas y aumentar la asignación académica a los profesores de planta. Uribe entregó su gobierno habiendo recortado en 13 puntos porcentuales el número de docentes de tiempo completo de la institución entre 2007 y 2010[5]. En resumen, quienes pagaron el acuerdo de reestructuración de pasivos al que fue sometida la universidad, fueron los trabajadores, los estudiantes, los docentes y la calidad educativa.

La era Santos: Peor sí es posible

El gobierno Santos pasará a la historia como aquel en el que los techos y los edificios de las universidades públicas se caen a pedazos. La deuda del estado con las IES supera los 16 billones de pesos[6]. La universidad del Atlántico, también paga la crisis.

Un balance de los 6 años del gobierno actual en relación al alma máter de los atlanticenses merece la atención especial de la ciudadanía. Entre 2010 y 2016, de cada 100 pesos que han ingresado a la universidad para funcionamiento e inversión la nación ha puesto 61 y el departamento 7. Es decir, la Universidad del Atlántico funciona, en un 32% como una universidad privada, gestionando sus propios recursos[7]. Los aportes del gobierno durante ese mismo periodo no crecieron (contrario a lo que dice la ley 30), en realidad, Santos le ha dejado de dar a la UA, $71.749.076.874,88 para funcionamiento e inversión. Además, la comisión de vicerrectores financieros del Sistema Universitario Estatal-SUE, reportó que para el año 2015, el gobierno también había negado  a la Universidad del Atlántico $17.812.525.009[8], esto por concepto del ajuste salarial de los docentes universitarios según lo ordena el decreto 1279 de 2002. Es decir, el gobierno le ha quitado $89.561 millones de pesos a la única universidad del país declarada en ley de quiebras. La misma vía ha seguido el departamento, quien le ha dejado de dar, a su universidad, $55.767 millones en el mismo periodo 2010 – 2016[9].

Como es de esperarse, los impactos de esta desfinanciación sistemática se ven reflejados en todos los aspectos de la vida universitaria. En contraste con el recorte presupuestal de la institución, la población matriculada ha aumentado un 62%. La queja constante de docentes y estudiantes sobre el hacinamiento que se vive responde a un crecimiento acelerado de la cobertura sin garantizar la calidad.

En  materia de investigación, el presupuesto de inversión en  este rubro ha decrecido en estos años (2010 -2016) a una tasa promedio del -3.2% anual. Mientras en 2010, la universidad destinaba el 39,5% del presupuesto de investigación a la conformación y fortalecimiento de semilleros, grupos y redes de investigación, este año sólo destinó el 7,7%. Y desde el año 2014 la universidad no invierte un peso en la divulgación de su actividad y  producción científica[10]. La universidad no cuenta con líneas propias de investigación, sino que destina los escasos recursos en la cofinanciación de proyectos y convocatorias definidas por la gobernación y Colciencias. También ha perdido los ingresos que obtenía por convenios o contratos suscritos por investigación para el sector productivo. En resumen, la asfixia presupuestal de la Universidad del Atlántico ha hecho que esta renuncie a la investigación.

Que las ramas no nos impidan ver el bosque

Es cierto que casi a diario se escuchen denuncias sobre la corrupción que carcome a la UA. Que a nuestra institución la rodea un mar de corrupción, y la ahogan en él  diversas orillas politiqueras que hacen presencia en los cargos de dirección y representación de la Universidad. Y cualquier acto de corrupción es detestable, más si se hace con los dineros públicos con los que se educan los más pobres del departamento. Mucho más si aparecen como sanguijuelas para chuparle la sangre a un paciente con hemorragias múltiples. Pero, los graves actos de corrupción son un síntoma y no la enfermedad. Tienen su origen en la crisis financiera de la universidad, y sirven a su vez para ocultarla, por eso cuentan con el beneplácito del gobierno nacional, quien impone 6 miembros ante el Consejo Superior Universitario, un órgano de 9 personas en el que solo 3 se eligen democráticamente.

Esta universidad sobrevive más por el esfuerzo de estudiantes, profesores y trabajadores, que por voluntad del gobierno nacional y la gobernación del atlántico. Se ha desprendido de sus activos y renunciado a la investigación para poder funcionar. A la crisis financiera se agregan la antidemocracia ramplona en sus órganos de dirección, y la violación a la autonomía universitaria. Urge la conformación de un gran pacto departamental para la salvación de la Universidad del Atlántico, conformado por la inmensa mayoría de estudiantes y profesores que no cohonestan con la corrupción y no se prestan para las disputas de la clase política tradicional, y que además están dispuestos a denunciar la desfinanciación del gobierno nacional. Pero este pacto debe ir más allá. Debe cobijar también a estudiantes y docentes de universidades privadas, a las asociaciones científicas y demás sectores académicos. Debe suscitar una reflexión del sector productivo sobre la manera en que este puede contribuir al rescate de la UA, y debe generar la más amplia organización y movilización pacífica y democrática de los atlanticenses para hacer de la UA, la gran universidad que puede llegar a ser.

[1] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1915498

[2] Informe de Gestión UA 2015 -2016

[3] Cálculos del autor. Datos Informe de Gestión UA 2006 – 2008, Informe de Gestión UA 2015 -2016.

[4] Informe de gestión 2006 – 2008. http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/pdf/arc_7421.pdf

[5] Cálculos del autor. Datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. MEN.

[6] http://www.elespectador.com/opinion/no-termine-ruinas-el-derecho-educacion-de-los-colombian

[7] Cálculos del autor. Datos Ejecuciones presupuestales UA 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2106. Ingresos para funcionamiento e inversión. No incluyen los ingresos relacionados con el Acuerdo de Reestructuración de pasivos de la institución.

[8] Informe Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE. Febrero de 2015.

[9] Cálculos propios. Análisis realizado teniendo en cuento sólo el artículo 86 de la ley 30 de 1992. Esto quiere decir, que si se cumpliera también el Art. 87, la deuda del gobierno nacional sería mayor.

[10] Cálculos del autor.

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