Octubre 24, 2017

La muerte del espacio público en Cartagena.

17 de febrero de 2016.

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Juan Carlos Guzmán.
Estudiante de Ingeniería Civil, Universidad de Cartagena. Miembro del Consejo Estudiantil de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena.

El pasado 30 de diciembre, en la Plaza de los Estudiantes, en Cartagena de Indias, se dieron cita estudiantes universitarios, egresados, líderes sociales y demás cartageneros de a pie para atender la evidente problemática de privatización de plazas y calles históricas en la ciudad amurallada y sentar un precedente en ese mismo sentido.

El enfoque de esta reciente manifestación en contra de la apropiación de nuestro espacio público se centró en la historia, la cultura y demás aspectos sociales que reúnen las plazas y calles coloniales de Cartagena, por lo que es necesario enfocar este problema desde el urbanismo y la movilidad, partiendo de que este problema puede interpretarse como una parte de la expresión material en la urbe del modelo neoliberal.

Es así que la administración de Dionisio Vélez, con el fin de capitalizar un fondo para reparación y mantenimiento del espacio público, opta por la comercialización de plazas y parques con valor histórico. Ante esto, teniendo en cuenta el carácter finito de los recursos materiales y económicos, y también el limitado sector de la sociedad cartagenera que puede acceder a los negocios que se aprovechan de esta situación, vale la pena preguntarse si en un futuro se optaría por esta excluyente medida. Y de ser así, ¿a quién se estaría brindando el goce y disfrute de estos espacios?

Ahora, si nos ocupamos en darle un enfoque urbanista al problema, en la carta de Atenas,  publicada en 1942 por Le Corbusier y José Luis Sert, ya se vislumbraba el problema de la privatización del espacio público afirmando que: “Las superficies libres son, en general, insuficientes” y que el curso de los años “ha devorado con ferocidad estas reservas…cubriéndolas de inmuebles…”, y resulta que en Cartagena, y otras muchas ciudades del mundo, el problema se ha expandido: no sólo plazas, calles y parques están atiborrados de inmuebles comerciales, sino que el poco espacio que queda ha sido licenciado para el usufructo de estos comercios.

Luego, debido a la evolución de la íntima relación entre arquitectura y urbanismo, los arquitectos Mínguez, Martí y Vera, basados en los principios de Ernst Neufert, plantean que uno de los indicadores clave para medir el confort en el espacio público es la ocupación de éste y plantean que “es fundamental conseguir un equilibrio en la ocupación de los espacios que garantice el grado de seguridad y diversidad necesarios para el confort sin caer en la sobreexplotación”, y que “las actuaciones urbanas deberán reservar una dotación mínima de 10 m2 por habitante”.

Si se atienden estos 2 planteamientos se evidencia, al menos, la oportunidad de abrir la puerta a la privatización del espacio público, por mínima que sea; y se abriría la posibilidad de que la situación se salga de control, hasta llegar a tal extremo como en la ciudad de Madrid, España, donde durante los últimos años ha tenido lugar un festival de privatización del espacio público, debido a que los ayuntamientos españoles poseen una deuda pública exuberante y, ante tal deuda, este negocio ha resultado ser un bálsamo por lo lucrativo que es.

El caso práctico que nos compete ahora es que el centro histórico de Cartagena se ubica en la localidad 1, compuesta por 90 barrios y 356000 habitantes; su área de plazas y parques es de 19628 m2; y la estrechez de sus calles hace que el espacio público correspondiente a la vía peatonal sea muy limitado. Entonces se tendría, en un caso supuesto, que la población del barrio el centro oscilaría entre 3 mil y 4 mil habitantes, luego a cada habitante le corresponderían aproximadamente 5 m2. Visto desde otra óptica hipotética, el centro no es una zona residencial por excelencia, pero debido a la alta centralización de las actividades en la ciudad, a esta zona llega un porcentaje bastante considerable de viajes diarios. En total los viajes diarios en Cartagena se estiman en 475000, y suponiendo que a la zona que nos compete analizar llegue el 50% del total de viajes, se obtiene que a las personas que estudian, trabajan o realizan cualquier otra actividad que demande una estancia diaria considerable les corresponde a cada una 0.08 m2 de espacio público y, por lo tanto, visto el problema desde cualquier perspectiva, resultaría arquitectónicamente inviable en esta zona el conceder licencias para ocupación y usufructo del espacio público.

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