Octubre 24, 2017

La visión de educación de la OCDE acatada por Santos

fonti

1 de julio de 2016

Por: Carmen Gelis

Coordinadora de OCE-Secundaria, Bolívar.

En la década del 50, la conversión de los Estados Unidos de la postguerra en una potencia económica y militar, determinó el interés por consolidar su hegemonía mundial a través de la expansión sobre las economías de Latinoamérica, con varios objetivos: el control de los recursos naturales, así como de sus mercados, el aseguramiento de mano de obra barata y el control ideológico en el marco de su competencia con la Unión Soviética.

De esta violenta intromisión no escapó la educación en ninguno de sus niveles. Por ello, el gobierno estadounidense invirtió ingentes recursos con el fin de recomendar políticas educativas que más tarde se reflejarían en los Planes de Desarrollo, que bajo el argumento de promover los loables objetivos de aumentar la cobertura y la alfabetización, en realidad se orientaban a la necesidad de modernizar la educación colombiana para los intereses del capital financiero gringo, el objetivo de formar y asegurar la mayor cantidad de mano de obra barata para las multinacionales que producían a un menor costo en nuestro territorio y el control cultural e intelectual de los estudiantes y profesionales colombianos.

El panorama descrito se reproduce hoy, al son de la máxima de que la historia se repite unas veces como tragedia y otras como comedía. El papel que alguna vez cumplieron la Alianza para el Progreso, la AID, entre otros organismos y que determinaron el rumbo de la educación en la segunda mitad del siglo XX, hoy lo cumple a cabalidad la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- a través de sus documentos sobre educación en Colombia.

La OCDE, a través de su documento titulado Revisión de Políticas Nacionales de Educación: La Educación en Colombia, que fuera entregado a la Ministra Parody en abril de este año por Andreas Schleicher, asesor especial en política educativa de dicho organismo, realiza un “diagnóstico” del estado de la educación en Colombia en todos sus niveles y acto seguido, realiza una serie de “recomendaciones” –imposiciones- que el país debe poner en marcha para entrar al organismo.

Uno de los elementos que más resalta es que jamás se reconoce la grave crisis en la que se encuentra la educación causada por la cada vez más asfixiante política de desfinanciación producto de la gradual eliminación del Estado como garante de los recursos para una educación a la altura de las necesidades económicas y culturales de Colombia.

Por ejemplo, en la sección correspondiente a la financiación de la educación media, el planteamiento de la OCDE enfatiza en asegurar que los “recursos sean utilizados eficaz y eficientemente”, una jerga neoliberal bien conocida que en términos populares se puede traducir como “estirar el billete”, y “hacer más con menos”.

Además, se recomienda una mayor responsabilidad de los gobiernos locales en la asignación de recursos para el aumento de la cobertura, olvidando de manera conveniente que desde hace varios años la política es el congelamiento de los recursos destinados a las transferencias –en 2001, Pastrana y en 2006, Uribe-y que ésta ha dejado un déficit hasta la fecha de más de 50 billones de pesos, lo que ha generado un grave circulo vicioso.

Toda una retahíla para terminar diciendo que, si los recursos públicos son escasos, hay que estructurar “sinergias” con otros sectores; es decir con el sector privado, elemento que se materializa a través de la famosa educación concesionada, donde quienes ganan son quienes administran los colegios con los recursos públicos que se le giran por estudiante, y en donde, como en todo negocio, se sacrifica la calidad para asegurar el lucro. Por eso, para la OCDE y para el gobierno de santos, son una necesidad de las “alianzas público-privadas” en educación, en las cuales, lo que suele suceder, es que desde el Estado se le garantiza al inversionista el retorno de la tasa de ganancia y la rentabilidad a costa del dinero del contribuyente, y sacrificando la calidad reduciendo la educación a un vulgar negocio.

Otra de las tantas perlas de este documento es la recomendación acerca de la estructuración de currículos establecidos o “marco común de currículos” desde el MEN, elemento que redunda en un atropello a la autonomía escolar lograda por el magisterio en la ley 115. Pero resulta aún peor cuando a lo largo del documento se hace énfasis en que las mejoras en los contenidos deben apuntar a “reorientar la enseñanza y el aprendizaje hacia las competencias básicas y las aplicaciones en la vida real” como reza la recomendación 1.1 en cuanto a educación media (p. 258) y que en la práctica significa la total orientación del proceso enseñanza-aprendizaje hacia un modelo de educación adaptado a las necesidades del sector productivo, lo que en esencia no sería malo sino fuera porque en ningún lado del documento se explica –ni se critica- que este es un país especializado en la extracción de materias primas, que contrasta con un aparato productivo incipiente y en donde la ciencia, fuente por antonomasia de progreso, se ha relegado al extremo. Es decir, se forma para el trabajo, pero ¿para qué clase de trabajo? Educación de pobres con el objetivo de llevar al infinito dicha pobreza.

Como si no pudiera ser peor, en este escenario adusto de desfinanciación absoluta, hay que agregar la preparación de un nuevo recorte a las transferencias, que generaría una mayor descarga de obligaciones en los entes territoriales sobre el sostenimiento de la educación; el Gobierno sigue imponiendo una Jornada Única sin garantía alguna de la infraestructura de salones, bibliotecas, comedores estudiantiles, entre otras cosas, necesaria para su implementación, pero sí con garantías para los negociantes de la educación, puesto que su implementación será con las mencionadas alianzas público-privadas, lo que además significa en la práctica contratación de docentes a destajo, sin garantía laboral alguna.

Frente a este panorama, no nos queda sino concientizar a los colombianos sobre los peligros de la intromisión de la OCDE y la demagogia de Santos y Parody, con su discurso de hacer de Colombia el país más educado de Latinoamérica. Es necesario conformar un frente amplio que se organice bajo la consigna de una educación pública gratuita, de altísima calidad, en tanto transmita lo más avanzado del conocimiento y la cultura, y en ese sentido, que le sirva al desarrollo nacional.

 

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