Diciembre 18, 2017

Los obreros del petróleo marcan el rumbo

Germán Osman, vicepresidente de la USO, agosto 3 de 2011

El pasado 20 de junio, la Unión Sindical Obrera, USO, acudió al llamado que le hicieran 1.100 trabajadores que prestan sus servicios en la empresa Montajes J.M. contratista de CEPCOLSA, filial de CEPSA de España, que extraen crudo en el Bloque Caracara, municipio de Puerto Gaitán, a razón de 20.000 barriles por día y cuyo reparto a favor de la multinacional es 70% y 30% para Ecopetrol. Las reclamaciones que motivaron la protesta son reivindicaciones como la jornada de trabajo, condiciones de higiene y seguridad industrial, mejoras salariales y la posibilidad de ejercer el libre derecho de asociación. En estos campos se laboran jornadas de hasta 18 horas diarias.

Reclamaciones similares a las que vienen haciendo los trabajadores que se encuentran al servicio de contratistas en todo el sector petrolero del país. Sin importar las mediaciones del señor Gobernador del Meta y de funcionarios del Ministerio de la Protección Social, para lograr un escenario de diálogo, la respuesta de rechazo y represión a estas protestas no se hizo esperar, por una parte la multinacional CEPCOLSA y su contratista Montajes J.M. negaron toda posibilidad de diálogo, la primera aduciendo no tener obligación legal de sentarse a negociar con la USO por cuanto ninguno de los trabajadores eran empleados directos suyos, la segunda lo hizo indicando que CEPCOLSA le había prohibido hacer cualquier concesión a dichas reclamaciones. Por su lado el Gobierno de Juan M. Santos, desplegó todo un destacamento del ESMAD a Puerto Gaitán para reprimir a los trabajadores y hostigar a la dirección sindical. Acto seguido y violando los derechos de asociación y negociación, como es costumbre de las multinacionales y los gobiernos, al ver que los trabajadores se habían afiliado a la USO y que la ley los obligaría a discutir la problemática con esa organización, procedieron a suspender el contrato y posteriormente bajo el argumento de falta de garantías, procedieron a cancelarlo. Es decir, la política antisindical y de negación de los derechos laborales es tal, que la salida que encuentran es, además, despedir a los trabajadores arropándose de argucias legales.

La actitud de empresarios y gobierno provocó el rechazo de los trabajadores y la población de Puerto Gaitán, y de inmediato el ESMAD arremetió utilizando armas no convencionales (granadas con perdigones, tuercas, balines y trozos de plomo), causando heridas de gravedad a los manifestantes y privando de la libertad a varios de ellos.

En medio de la valerosa resistencia intervino el vicepresidente de la República y se propició una reunión para el día 18 de julio con los trabajadores, la USO, la CUT, representantes de las comunidades y autoridades regionales que reclamaron la intervención del gobierno central y los entes de control, para que se atienda toda la problemática social que trajo consigo el mal llamado boom petrolero. En dicha reunión de la Vicepresidencia, se llegó a varios acuerdos: el compromiso de la Multinacional a conminar a Montajes J.M. a realizar el pago de todas las acreencias adeudadas a los trabajadores y al comercio del municipio; pagar las indemnizaciones a la totalidad de los trabajadores por la cancelación de sus contratos; la garantía de que estos trabajadores serán empleados nuevamente por la nueva contratista que llegue a adelantar los trabajos suspendidos; la instalación de una mesa de diálogo social en Puerto Gaitán el próximo 3 de agosto, con presencia del gobierno central, departamental y local, los órganos de control del Estado, la comunidad y los trabajadores, con el fin de discutir y resolver toda la problemática social del municipio; entre otros. Estos acuerdos no se han cumplido aún, y en lo que tiene que ver con los trabajadores ya hay varios incumplimientos.

Durante la reunión en la Vicepresidencia, fuimos notificados que cerca de 5.000 trabajadores al servicio de contratistas de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy, que explota los Campo Rubiales y Quifa, se habían declarado en asamblea permanente reclamando idénticas reivindicaciones y denunciando las mismas violaciones a sus derechos laborales y humanos, solicitaban la presencia inmediata del Ministerio de la Protección Social y de la USO. Estos campos producen 180.000 barriles diarios de crudo que se reparten 60% para Ecopetrol y 40% para los asociados, el operador del contrato es la Pacific Rubiales.

Desde ese momento la reunión se centro en esta nueva situación, sin que se le pudiera dar salida. Insistimos hasta pasada la media noche, en que de inmediato una comisión del Ministerio de la Protección Social, la multinacional Pacific, la USO y la Defensoría del Pueblo, se desplazara al sitio del conflicto laboral. No fue posible lograr que la dirección de Pacific Rubiales aceptara tal propuesta. Cuatro de nuestros dirigentes que se encontraban en Puerto Gaitán, bajo su propio riesgo, se dieron a la aventura de llegar hasta Campo Rubiales a acompañar a los trabajadores manifestantes. Luego de sortear los bloqueos en la vía impuestos por las directivas de la multinacional, el hostigamiento de la Policía, el Ejército, y organismos de seguridad de la propia Pacific, lograron llegar al sitio donde se encontraban los trabajadores protestando, así pudieron evidenciar las condiciones infrahumanas y las múltiples violaciones a los derechos laborales. Al día siguiente, y con la negativa de Pacific a escuchar a los trabajadores, se dio la orden de agresión a la protesta por parte del ESMAD, y nuevamente la emprendieron de manera violenta contra los manifestantes, hiriendo de gravedad a cuatro de ellos. Solo después de que se evidenció ante el país y el mundo que allí se estaba dando una gran movilización de obreros y población, se abrió un espacio para llegar a un preacuerdo que recogió lo siguiente:

1. La empresa Pacific Rubiales se comprometió a no ejercer retaliación contra ningún trabajador, ni dirigentes de la protesta ni de la organización sindical, esto incluye que no habrá ninguna acción disciplinaria, penal o civil.

2. La empresa se compromete a darle continuidad a los contratos de trabajo que están por finalizar y no liquidarlos hasta que no se haya realizado un acuerdo definitivo con el sindicato.

3. La empresa Pacific Rubiales Energy, PRE, se compromete a cancelar los salarios a todos los trabajadores de los días que duró la protesta.

4. El sindicato solicitó su permanencia en campo Rubiales con el fin de poder recopilar la información suficiente y necesaria que refleje y sustente las reclamaciones de los trabajadores, lo cual es imprescindible para garantizar el derecho de asociación y libertad sindical. La multinacional manifestó que ese punto esta a referendo de otras instancias administrativas y que luego dará respuesta.

5. Las partes se comprometen a instalar en el Municipio de Puerto Gaitán para el tres (3) de agosto de 2011 una mesa en la cual se negociaran los temas sociales y laborales, previo a lo cual, se hará una primera reunión el próximo 28 de julio en este municipio con el fin de que el sindicato presente el pliego de peticiones correspondiente.

6. El sindicato se compromete a hacer suspensión temporal de la protestas, con el objeto de tratar la problemática laboral en las mesas que para el efecto se instalen.

Posterior a este acuerdo la Administración de Pacific Rubiales informó que la permanencia de los Dirigentes de la Unión Sindical Obrera dentro del Campo no era aceptada, hasta tanto no se dieran unos diálogos entre la USO, el presidente de Pacific Rubiales y el vicepresidente de la República. Efectivamente en reunión celebrada el 21 de julio con presencia del presidente Juan Manuel Santos, quien expresó el compromiso del gobierno de dar garantías a la inversión extranjera y también de hacer respetar los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales, puntualizó su rotundo rechazo a las vías de hecho y a la violencia. Olvida Santos que multinacionales y gobierno acuden todos los días a las vías de hecho, al imponer una política que empobrece a nuestro pueblo y le llena los bolsillos al capital financiero y los monopolios nacionales y extranjeros.

Luego de varias horas de discusión, el Ministro de Protección Social se comprometió a enviar un considerable número de inspectores a la zona para verificar las denuncias hechas por los trabajadores y entregar un informe a la mayor brevedad posible para proceder a resolver la problemática planteada y sancionar a las empresas que incurrieron en dichas violaciones. Nada se aclaró en esa reunión sobre si Pacific respetará el preacuerdo suscrito el 19 julio en el campo, solo ofrecieron revisarlo. Al término de esta reunión se informó que trabajadores en Tame, Barranca de Upia, Cristalinas y otros municipios, también al servicio de petroleras habían iniciado protestas por idénticos problemas.

Muchas son las conclusiones a sacar de esta ejemplar resistencia contra el saqueo imperialista de nuestras riquezas y de nuestro trabajo, veamos solo algunas:

• Lejos esta el cumplimiento del acuerdo firmado con Barack Obama en materia laboral, máxime cuando en Colombia, la intermediación laboral es una política medular de todas las empresas nacionales y extranjeras, y la misma se utiliza con dos objetivos precisos, el abaratamiento de la mano de obra e impedir el derecho de asociación de los trabajadores

• Las multinacionales petroleras además de enriquecerse con nuestros recursos, usurpan la soberanía nacional, pues en los campos en donde operan son soberanos, allí se impone su ley, las instituciones del Estado se ponen a su servicio y son ellos quienes ordenan y dirigen su accionar.

• La llegada de las multinacionales a nuestros territorios trae implícita pobreza, miseria, contaminación y violencia. Buena razón tenía quien dijo, que la explotación petrolera en su municipio solo les había dejado el hueco, la vida cara, los muertos, la prostitución y la contaminación.

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