Desde la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), manifestamos nuestra preocupación ante las declaraciones de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en las que se cuestiona la importancia de nombrar explícitamente a las niñas en el lenguaje institucional. Para nosotros, nombrar a las niñas significa reconocer su existencia, sus derechos y las violencias específicas que enfrentan, va más allá de un debate de palabras.
Lo que hoy se presenta como “una simple discusión sobre el lenguaje“, forma parte de una disputa política y cultural mucho más profunda, impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta busca disputar los valores, las ideas y las representaciones que atraviesan nuestra sociedad, reproduciendo y profundizando relaciones sociales propias del modelo económico, que mantienen y legitiman formas históricas de desigualdad, incluso desconociendo violencias de las que las niñas son víctimas por ser niñas, hecho que rechazamos desde la defensa de los principios que promueven un país desarrollado.
Por eso, cuando históricamente las mujeres y las niñas han sido invisibilizadas, insistir en nombrarlas, reconoce las luchas que han permitido ampliar sus derechos.
Pedir que se omitan del lenguaje institucional, desconoce hasta derechos fundamentales establecidos en la normatividad colombiana, como el artículo 12 del Código de Infancia y Adolescencia, que establece la perspectiva de género como un elemento necesario para alcanzar la equidad y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. A su vez, el artículo 43 de la Constitución reconoce a las mujeres como titulares plenas de derechos y establece una protección reforzada. La jurisprudencia constitucional también ha reconocido que el lenguaje puede convertirse en un instrumento de inclusión o exclusión.
Pero nuestra preocupación va mucho más allá de cómo se nombra a las niñas.
Mientras el Gobierno concentra parte de su discurso en una batalla cultural, millones de niños, niñas y jóvenes enfrentan problemas materiales que determinan sus posibilidades de vivir y estudiar dignamente. Según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, de cada 100 niños y niñas que ingresan a primaria, apenas 44 se gradúan oportunamente del bachillerato y solo 39 de cada 100 bachilleres acceden a la educación superior. (2022)
Las cifras muestran que este problema no se resuelve con discursos, se requieren condiciones económicas y sociales que permitan ejercer realmente los derechos: educación pública de calidad, alimentación, transporte, permanencia escolar, acceso a la educación superior y condiciones dignas para las familias. No queremos un gobierno que discuta cómo nombrar a los niños y niñas, mientras ignora las condiciones que les impiden ejercer sus derechos.
Por eso, desde la OCE hacemos un llamado a estudiantes, docentes, comunidades educativas, familias y organizaciones sociales a organizarnos y movilizarnos en defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
Nombrar a las niñas sí importa. Pero garantizar las condiciones para que puedan ejercer sus derechos importa todavía más.
