POR UN PROGRAMA DEMOCRÁTICO Y ANTIIMPERIALISTA PARA LA JUVENTUD COLOMBIANA
Junio de 2001
La catástrofe nacional y educativa
Colombia sufre hoy su peor crisis en cien años. Desde que comenzó la política de apertura económica a comienzos de los noventa, los males seculares de la nación se han agravado enormemente. La industria y la agricultura quiebran masivamente. Cerca de la mitad de la población se encuentra desempleada o subempleada y en condiciones de pobreza extrema. De ser un país con un modesto grado de desarrollo industrial, Colombia pasó a desindustrializarse, perder la capacidad de alimentar a su propia población y renunciar al desarrollo científico y tecnológico. Campean el hacinamiento en las ciudades, la miseria en el campo, la quiebra generalizada de los hospitales y el gigantesco endeudamiento de las regiones, las cuales no tienen como satisfacer sus necesidades. La deuda externa se ha disparado y las exportaciones disminuyen.
A esta situación hemos sido llevados por una política neoliberal, que en la administración de Pastrana se ha radicalizado y que ha beneficiado a un puñado de monopolios nacionales e internacionales, perdiendo los últimos vestigios de soberanía nacional de forma tal que Estados Unidos no solamente moldea la política económica, sino que interviene en todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo la creciente injerencia militar. El actual gobierno se empeña en privatizar las empresas más rentables del Estado, disminuir los ingresos de los trabajadores, debilitar al movimiento sindical y popular y aplicar todas las recetas recesivas exigidas por el Fondo Monetario Internacional.
La educación no se escapa de las catastróficas consecuencias de la política neoliberal. Miles de niños y jóvenes no tienen acceso a la educación y muchos de los que logran ingresar abandonan los planteles porque no pueden sufragar los costos educativos. Las universidades se encuentran quebradas. La calidad de la educación se deteriora por el recorte presupuestal, la imposición de esquemas privatizadores, la falta de equipos y textos, el abandono de la construcción de nuevas instalaciones, la carencia de actividades investigativas y la mengua en los ingresos de los maestros. La educación ha sido convertida en una mercancía sujeta a las reglas del mercado, buscando la máxima rentabilidad y considerándola un mero negocio. Esto significa que se ha impuesto un esquema privatizador, dentro del cual los establecimientos educativos oficiales son sometidos al nocivo criterio de autofinanciación que los obliga al alza permanente de matrículas.
La deserción estudiantil aumenta porque los jóvenes tienen que ayudar al sostenimiento de su familia o simplemente porque esta no puede costear sus gastos. Cerca de la mitad de los colombianos no termina el bachillerato, más del 70 por ciento de los niños no recibe ninguna educación preescolar y aproximadamente un 30% no culmina la educación primaria. El empobrecimiento de la población ha determinado un aumento de la deserción escolar y universitaria. Los estudiantes que egresan de los niveles medios no se encuentran calificados para desempeñar un trabajo y los que lo están no lo consiguen. A pesar de que la proporción de estudiantes universitarios en relación con la población total es muy baja, en un país necesitado de personal calificado, cunde el desempleo profesional.
El gasto en educación no alcanza a compensar el crecimiento de la población. La política educativa del actual gobierno, consignada en el Plan de Desarrollo, generaliza los llamados subsidios a la demanda, que en lugar de financiar adecuadamente las entidades educativas reparten algunas becas de miseria a una minoría de estudiantes, congela los recursos para la educación, busca entregar los establecimientos a la empresa privada y cede su responsabilidad a unos municipios totalmente quebrados. Además de los recortes presupuestales directos, la disminución de los gastos educativos se implementa a través de los denominados convenios de desempeño, los cuales exigen una reestructuración administrativa que reduzca los costos pero que en la práctica se limita a recortar la cantidad de maestros. a disminuir los costos reduciendo la cantidad de maestros. Aunque entre 1954 y 1996 el número promedio de años estudiado por los colombianos pasó de 3 a 6.8, este promedio aún está muy por debajo de los 9 años estipulados en la Constitución de 1991. Mientras que en 1982 se matriculaba en la universidad el 20% de los estudiantes graduados en bachillerato, en 1996 disminuyó al 16%. Según las estadísticas oficiales, 500,000 jóvenes abandonan anualmente la educación básica antes del grado noveno. Los matriculados en las universidades privadas aumentan con respecto a los de las oficiales, de tal forma que en 1996 había más del doble en carreras universitarias y postgrados privados que en las oficiales.
La proimperialista política educativa del gobierno de Pastrana
Las reformas que el gobierno quiere introducir a la ya regresiva legislación universitaria, pretenden disminuir los aportes gubernamentales a la educación superior y entregar el financiamiento de las universidades departamentales a las regiones empobrecidas, que no tienen recursos y deben al sector financiero más de 3 billones de pesos. El resultado, como lo demuestra el caso de la Universidad del Valle, es la pérdida de su patrimonio, la elevación de matrículas y la implantación de convenios de desempeño que imponen en las universidades los criterios de rentabilidad propios de las entidades privadas. El programa de las llamadas «Úrsulas», junto con el de «madres comunitarias», entrega a la informalidad la preparación de los niños en un periodo decisivo, dejándolos a cargo de personas sin ninguna preparación. El «año cero» sustituye por una sola anualidad todo el necesario periodo preescolar de varios años. La propuesta de instaurar un «nuevo colegio» instituye unidades escolares que funcionen como una empresa privada autogestionada y autofinanciada. Los grados décimo y undécimo se quieren privatizar completamente entregándolos a entidades privadas, con la excusa de que la Constitución exige la cobertura hasta noveno grado. Todas las anteriores no constituyen más que políticas del imperialismo agenciadas por los organismos internacionales para imponer una educación pobre para pobres, es decir, baja calidad para los pobres y mejor calidad para los ricos.
La juventud carece de espacios para la actividad deportiva y cultural y las concepciones neoliberales fomentan entre ella una mentalidad individualista y competitiva que ante la carencia de oportunidades de todo tipo, alimenta el escepticismo y la desmoralización. La falta de solidaridad, de cooperación y de espíritu investigativo están haciendo perder la capacidad productiva a toda una generación. El país lleva quince años de promoción automática en la educación primaria y cinco en bachillerato, generando una mentalidad facilista, un derecho espúreo a la promoción, un repudio anarquista a la existencia de normas y una falta de responsabilidad, perjudicial para la formación de la juventud.
Los jóvenes y estudiantes, que en el pasado libraron importantes luchas en defensa de la soberanía nacional, la educación pública y la democracia en las universidades -como el movimiento estudiantil de 1971- y que han constituido un destacamento avanzado en las luchas populares, sólo recientemente y en forma parcial y circunstancial se han comenzado a reincorporar a la protesta. El movimiento estudiantil, en su mayoría, carece de organizaciones representativas y existe una apatía ante los graves problemas de la educación y la nación. En muchas universidades los dirigentes estudiantiles han abandonado la defensa de la educación, de la universidad y de los estudiantes y se han dejado cooptar por las administraciones a cambio de pequeñas dádivas.
El imperialismo y la oligarquía colombiana promueven una educación sin base científica, desarraigada de la cultura nacional, imbuida de teorías antinacionales, con un énfasis en la promoción de supuestos «valores» que no son más que lugares comunes de ideologías decadentes y desligada del desarrollo económico, cultural y social del país. En Colombia la política neoliberal se ha apoyado en la pedagogía constructivista que renuncia a la transmisión de conocimientos científicos y técnicos, rechaza la objetividad del conocimiento, se apuntala en un individualismo fundamentalista y despoja el aprendizaje de rigurosidad. En ciertos sectores del estudiantado ha hecho mella el planteamiento demagógico neoliberal de que la desigualdad social se resuelve dando prioridad en los cupos educativos a los sectores más pobres, objetivo que, además de no materializarse, simplemente infunde vanas esperanzas en los desheredados y no tiene en cuenta el rendimiento y capacidades de los candidatos.
Una obra de titanes: defender la educación pública
La juventud debe propugnar por una educación científica y al servicio de la nación y las masas. La lucha de estudiantes y profesores es indispensable para defender la educación pública. Así lo demuestran las conquistas en la historia del movimiento estudiantil colombiano, que logró el cogobierno en 1971, y las de muchos países latinoamericanos en donde la universidad mantiene su autonomía académica y administrativa, admite una proporción mucho mayor de estudiantes que en Colombia y desempeña un importante papel en la sociedad. Lo mismo puede afirmarse de la Ley General de Educación, impulsada y defendida por el magisterio colombiano, que en 1994 conquistó la autonomía de los colegios y escuelas, el gobierno escolar, la dirección colegiada en las entidades territoriales, la defensa de la educación técnica que pretendía suprimirse y la libertad de cátedra, quitándole al Estado el control sobre los contenidos y devolviéndole al maestro su entidad activa de docente, superando la vieja costumbre de que el Ministerio de educación le dictara todo lo que debía enseñar. A pesar de ello, todavía hay quienes defienden que mientras no cambie el sistema no cambiará la educación. Tales posiciones renuncian a la movilización del estudiantado y el profesorado por sus reivindicaciones y rechazan los aportes que pueden hacer al desarrollo nacional, condenando nuestra Colombia subdesarrollada a tener una educación para el subdesarrollo.
El Banco Mundial y el imperialismo sostienen que los cambios en el sistema educativo son el factor determinante del desarrollo económico. Pero en el mejor de los casos sus propuestas se limitan a la generalización de los primeros años de educación, dejando los niveles superiores en manos del sector privado y condenando a los estudiantes sobresalientes y más capaces de los estratos populares a permanecer por fuera de ellos. El Banco Mundial patrocina demagógicamente la idea de que la universidad pública es para la población más vulnerable. Pero la universidad no puede resolver la discriminación y opresión de que son víctimas la mayoría de sectores de la sociedad, labor que corresponde a la lucha de todos los perjudicados por las políticas gubernamentales e imperialistas.
Los cambios en el sistema educativo son necesarios y posibles, pero por sí solos no provocan el cambio social, el cual únicamente se puede lograr con la más amplia unidad de todos los patriotas, obreros, campesinos y capas medias en contra de los grupos financieros, la dominación imperialista y sus representantes en Colombia, luchas a las cuales los jóvenes deben vincularse activamente.
El clima de violencia política dificulta la organización gremial, amedrentando al estudiantado y a los profesores. Para los jóvenes, como para el conjunto de la sociedad, es vital que las contradicciones sociales y políticas no se aborden mediante el terrorismo. El movimiento popular tiene sus propios métodos de lucha masivos y democráticos y el año pasado los paros cívicos, las protestas nacionales del movimiento obrero, los paros nacionales agrarios y otras acciones populares que confrontaron al gobierno pastranista, mostraron que existe una alternativa civil y de masas a la política oficial.
Un programa democrático y antiimperialista
La educación debe ser gratuita en todos los niveles, garantizando -con una financiación estatal adecuada- la educación para todos hasta el grado undécimo. Como primer paso hacia la gratuidad, deben congelarse las matrículas.
La educación debe ser científica en sus contenidos y métodos, basándose en lo más avanzado de la ciencia y la técnica, erradicando todo confesionalismo, espíritu dogmático y superficialidad. Hay que equipar satisfactoriamente a todas las instituciones educativas con bibliotecas, laboratorios y demás requerimientos pedagógicos.
Los profesores deben remunerarse adecuadamente. En la educación básica y media no debe haber catedráticos a contrato y en las universidades la mayoría de los profesores deben ser de tiempo completo. Se debe garantizar para toda la población una educación preescolar a cargo de profesionales de la educación. Todo esto es indispensable para garantizar la calidad académica. Asimismo, el restablecimiento de la jornada única diurna garantizará mayor dedicación de los profesores y mayor intensidad en la formación de los estudiantes.
Hay que ampliar la cobertura de las universidades y de la educación secundaria, la cual es muy baja en relación con el nivel de desarrollo del país y comparada con países de desarrollo y población similares. Esta cobertura debe aumentarse anualmente, de manera que garantice un crecimiento en términos reales, o sea que la cantidad de estudiantes universitarios sea cada vez mayor en relación con los que terminen bachillerato.
Los egresados del bachillerato deben tener una formación que les permita ingresar productivamente al mercado laboral o aspirar a continuar su formación en los diferentes programas de educación superior que el país debe ofrecer, uno de los cuales es la educación propiamente universitaria. Los cupos en estos programas deben llenarse con los mejor preparados y más capaces, para lo cual debe contarse con sistemas de evaluación objetivos que no discriminen a las mujeres, los habitantes de regiones apartadas o de bajo estrato social. Los métodos deficientes de evaluación agravan la discriminación de estos sectores, causada por su opresión económica.
Las universidades y programas de educación superior deben contar con un sistema de bienestar social que garantice la permanencia de los estudiantes.
La democracia en la universidad debe materializarse en la participación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores en la dirección de las instituciones, sobre la base de las organizaciones democráticas de estos. Las formas de participación existentes en la actualidad constituyen una apariencia de democracia, pues se basan en una representación minoritaria. A su vez, la elección de rectores en las universidades públicas es un mero mecanismo consultivo que soslaya la participación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores en la dirección de las universidades. Los rectores elegidos son reos de la política oficial y en muchas ocasiones su elección es producto de componendas, reemplazando una verdadera participación de estudiantes y profesores. Los gobiernos han convertido la autonomía universitaria en una forma de eludir su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones. Así se cumple el famoso principio planteado por Mr. Atcon, el profesor estadounidense que recorrió el país en la década del sesenta, de que autonomía es privatización. La universidad está privatizada casi por completo.
El anterior programa puede ser resumido en los siguientes puntos:
Educación gratuita, con adecuada financiación estatal a todos los niveles.
Fortalecimiento de la universidad pública, con suficiente dotación e inversión y profesorado de tiempo completo.
Ampliación de la cobertura.
Sistema de bienestar estudiantil, con residencias, restaurantes, fomento del deporte y actividades culturales.
Congelamiento de matrículas en la universidad pública y rebaja progresiva de las mismas hasta la completa gratuidad.
Dirección colegiada democrática, con participación mayoritaria de profesores y estudiantes, elegidos popularmente. Creación y fortalecimiento de consejos estudiantiles.
Investigación científica independiente de condicionamientos y al servicio de la nación.
La juventud colombiana debe organizarse, participar en la luchas populares, defender la soberanía nacional y jugar el papel que le corresponde en la lucha contra el atraso, la dependencia económica y el oscurantismo, propugnando activamente por cambios en la educación que contribuyan al avance de la lucha por una Colombia independiente y con una economía firmemente asentada en la ampliación del mercado interno, la elevación del bienestar del pueblo y la defensa de la producción nacional.
Colombia sufre hoy su peor crisis en cien años. Desde que comenzó la política de apertura económica a comienzos de los noventa, los males seculares de la nación se han agravado enormemente. La industria y la agricultura quiebran masivamente. Cerca de la mitad de la población se encuentra desempleada o subempleada y en condiciones de pobreza extrema. De ser un país con un modesto grado de desarrollo industrial, Colombia pasó a desindustrializarse, perder la capacidad de alimentar a su propia población y renunciar al desarrollo científico y tecnológico. Campean el hacinamiento en las ciudades, la miseria en el campo, la quiebra generalizada de los hospitales y el gigantesco endeudamiento de las regiones, las cuales no tienen como satisfacer sus necesidades. La deuda externa se ha disparado y las exportaciones disminuyen.
A esta situación hemos sido llevados por una política neoliberal, que en la administración de Pastrana se ha radicalizado y que ha beneficiado a un puñado de monopolios nacionales e internacionales, perdiendo los últimos vestigios de soberanía nacional de forma tal que Estados Unidos no solamente moldea la política económica, sino que interviene en todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo la creciente injerencia militar. El actual gobierno se empeña en privatizar las empresas más rentables del Estado, disminuir los ingresos de los trabajadores, debilitar al movimiento sindical y popular y aplicar todas las recetas recesivas exigidas por el Fondo Monetario Internacional.
La educación no se escapa de las catastróficas consecuencias de la política neoliberal. Miles de niños y jóvenes no tienen acceso a la educación y muchos de los que logran ingresar abandonan los planteles porque no pueden sufragar los costos educativos. Las universidades se encuentran quebradas. La calidad de la educación se deteriora por el recorte presupuestal, la imposición de esquemas privatizadores, la falta de equipos y textos, el abandono de la construcción de nuevas instalaciones, la carencia de actividades investigativas y la mengua en los ingresos de los maestros. La educación ha sido convertida en una mercancía sujeta a las reglas del mercado, buscando la máxima rentabilidad y considerándola un mero negocio. Esto significa que se ha impuesto un esquema privatizador, dentro del cual los establecimientos educativos oficiales son sometidos al nocivo criterio de autofinanciación que los obliga al alza permanente de matrículas.
La deserción estudiantil aumenta porque los jóvenes tienen que ayudar al sostenimiento de su familia o simplemente porque esta no puede costear sus gastos. Cerca de la mitad de los colombianos no termina el bachillerato, más del 70 por ciento de los niños no recibe ninguna educación preescolar y aproximadamente un 30% no culmina la educación primaria. El empobrecimiento de la población ha determinado un aumento de la deserción escolar y universitaria. Los estudiantes que egresan de los niveles medios no se encuentran calificados para desempeñar un trabajo y los que lo están no lo consiguen. A pesar de que la proporción de estudiantes universitarios en relación con la población total es muy baja, en un país necesitado de personal calificado, cunde el desempleo profesional.
El gasto en educación no alcanza a compensar el crecimiento de la población. La política educativa del actual gobierno, consignada en el Plan de Desarrollo, generaliza los llamados subsidios a la demanda, que en lugar de financiar adecuadamente las entidades educativas reparten algunas becas de miseria a una minoría de estudiantes, congela los recursos para la educación, busca entregar los establecimientos a la empresa privada y cede su responsabilidad a unos municipios totalmente quebrados. Además de los recortes presupuestales directos, la disminución de los gastos educativos se implementa a través de los denominados convenios de desempeño, los cuales exigen una reestructuración administrativa que reduzca los costos pero que en la práctica se limita a recortar la cantidad de maestros. a disminuir los costos reduciendo la cantidad de maestros. Aunque entre 1954 y 1996 el número promedio de años estudiado por los colombianos pasó de 3 a 6.8, este promedio aún está muy por debajo de los 9 años estipulados en la Constitución de 1991. Mientras que en 1982 se matriculaba en la universidad el 20% de los estudiantes graduados en bachillerato, en 1996 disminuyó al 16%. Según las estadísticas oficiales, 500,000 jóvenes abandonan anualmente la educación básica antes del grado noveno. Los matriculados en las universidades privadas aumentan con respecto a los de las oficiales, de tal forma que en 1996 había más del doble en carreras universitarias y postgrados privados que en las oficiales.
La proimperialista política educativa del gobierno de Pastrana
Las reformas que el gobierno quiere introducir a la ya regresiva legislación universitaria, pretenden disminuir los aportes gubernamentales a la educación superior y entregar el financiamiento de las universidades departamentales a las regiones empobrecidas, que no tienen recursos y deben al sector financiero más de 3 billones de pesos. El resultado, como lo demuestra el caso de la Universidad del Valle, es la pérdida de su patrimonio, la elevación de matrículas y la implantación de convenios de desempeño que imponen en las universidades los criterios de rentabilidad propios de las entidades privadas. El programa de las llamadas «Úrsulas», junto con el de «madres comunitarias», entrega a la informalidad la preparación de los niños en un periodo decisivo, dejándolos a cargo de personas sin ninguna preparación. El «año cero» sustituye por una sola anualidad todo el necesario periodo preescolar de varios años. La propuesta de instaurar un «nuevo colegio» instituye unidades escolares que funcionen como una empresa privada autogestionada y autofinanciada. Los grados décimo y undécimo se quieren privatizar completamente entregándolos a entidades privadas, con la excusa de que la Constitución exige la cobertura hasta noveno grado. Todas las anteriores no constituyen más que políticas del imperialismo agenciadas por los organismos internacionales para imponer una educación pobre para pobres, es decir, baja calidad para los pobres y mejor calidad para los ricos.
La juventud carece de espacios para la actividad deportiva y cultural y las concepciones neoliberales fomentan entre ella una mentalidad individualista y competitiva que ante la carencia de oportunidades de todo tipo, alimenta el escepticismo y la desmoralización. La falta de solidaridad, de cooperación y de espíritu investigativo están haciendo perder la capacidad productiva a toda una generación. El país lleva quince años de promoción automática en la educación primaria y cinco en bachillerato, generando una mentalidad facilista, un derecho espúreo a la promoción, un repudio anarquista a la existencia de normas y una falta de responsabilidad, perjudicial para la formación de la juventud.
Los jóvenes y estudiantes, que en el pasado libraron importantes luchas en defensa de la soberanía nacional, la educación pública y la democracia en las universidades -como el movimiento estudiantil de 1971- y que han constituido un destacamento avanzado en las luchas populares, sólo recientemente y en forma parcial y circunstancial se han comenzado a reincorporar a la protesta. El movimiento estudiantil, en su mayoría, carece de organizaciones representativas y existe una apatía ante los graves problemas de la educación y la nación. En muchas universidades los dirigentes estudiantiles han abandonado la defensa de la educación, de la universidad y de los estudiantes y se han dejado cooptar por las administraciones a cambio de pequeñas dádivas.
El imperialismo y la oligarquía colombiana promueven una educación sin base científica, desarraigada de la cultura nacional, imbuida de teorías antinacionales, con un énfasis en la promoción de supuestos «valores» que no son más que lugares comunes de ideologías decadentes y desligada del desarrollo económico, cultural y social del país. En Colombia la política neoliberal se ha apoyado en la pedagogía constructivista que renuncia a la transmisión de conocimientos científicos y técnicos, rechaza la objetividad del conocimiento, se apuntala en un individualismo fundamentalista y despoja el aprendizaje de rigurosidad. En ciertos sectores del estudiantado ha hecho mella el planteamiento demagógico neoliberal de que la desigualdad social se resuelve dando prioridad en los cupos educativos a los sectores más pobres, objetivo que, además de no materializarse, simplemente infunde vanas esperanzas en los desheredados y no tiene en cuenta el rendimiento y capacidades de los candidatos.
Una obra de titanes: defender la educación pública
La juventud debe propugnar por una educación científica y al servicio de la nación y las masas. La lucha de estudiantes y profesores es indispensable para defender la educación pública. Así lo demuestran las conquistas en la historia del movimiento estudiantil colombiano, que logró el cogobierno en 1971, y las de muchos países latinoamericanos en donde la universidad mantiene su autonomía académica y administrativa, admite una proporción mucho mayor de estudiantes que en Colombia y desempeña un importante papel en la sociedad. Lo mismo puede afirmarse de la Ley General de Educación, impulsada y defendida por el magisterio colombiano, que en 1994 conquistó la autonomía de los colegios y escuelas, el gobierno escolar, la dirección colegiada en las entidades territoriales, la defensa de la educación técnica que pretendía suprimirse y la libertad de cátedra, quitándole al Estado el control sobre los contenidos y devolviéndole al maestro su entidad activa de docente, superando la vieja costumbre de que el Ministerio de educación le dictara todo lo que debía enseñar. A pesar de ello, todavía hay quienes defienden que mientras no cambie el sistema no cambiará la educación. Tales posiciones renuncian a la movilización del estudiantado y el profesorado por sus reivindicaciones y rechazan los aportes que pueden hacer al desarrollo nacional, condenando nuestra Colombia subdesarrollada a tener una educación para el subdesarrollo.
El Banco Mundial y el imperialismo sostienen que los cambios en el sistema educativo son el factor determinante del desarrollo económico. Pero en el mejor de los casos sus propuestas se limitan a la generalización de los primeros años de educación, dejando los niveles superiores en manos del sector privado y condenando a los estudiantes sobresalientes y más capaces de los estratos populares a permanecer por fuera de ellos. El Banco Mundial patrocina demagógicamente la idea de que la universidad pública es para la población más vulnerable. Pero la universidad no puede resolver la discriminación y opresión de que son víctimas la mayoría de sectores de la sociedad, labor que corresponde a la lucha de todos los perjudicados por las políticas gubernamentales e imperialistas.
Los cambios en el sistema educativo son necesarios y posibles, pero por sí solos no provocan el cambio social, el cual únicamente se puede lograr con la más amplia unidad de todos los patriotas, obreros, campesinos y capas medias en contra de los grupos financieros, la dominación imperialista y sus representantes en Colombia, luchas a las cuales los jóvenes deben vincularse activamente.
El clima de violencia política dificulta la organización gremial, amedrentando al estudiantado y a los profesores. Para los jóvenes, como para el conjunto de la sociedad, es vital que las contradicciones sociales y políticas no se aborden mediante el terrorismo. El movimiento popular tiene sus propios métodos de lucha masivos y democráticos y el año pasado los paros cívicos, las protestas nacionales del movimiento obrero, los paros nacionales agrarios y otras acciones populares que confrontaron al gobierno pastranista, mostraron que existe una alternativa civil y de masas a la política oficial.
Un programa democrático y antiimperialista
La educación debe ser gratuita en todos los niveles, garantizando -con una financiación estatal adecuada- la educación para todos hasta el grado undécimo. Como primer paso hacia la gratuidad, deben congelarse las matrículas.
La educación debe ser científica en sus contenidos y métodos, basándose en lo más avanzado de la ciencia y la técnica, erradicando todo confesionalismo, espíritu dogmático y superficialidad. Hay que equipar satisfactoriamente a todas las instituciones educativas con bibliotecas, laboratorios y demás requerimientos pedagógicos.
Los profesores deben remunerarse adecuadamente. En la educación básica y media no debe haber catedráticos a contrato y en las universidades la mayoría de los profesores deben ser de tiempo completo. Se debe garantizar para toda la población una educación preescolar a cargo de profesionales de la educación. Todo esto es indispensable para garantizar la calidad académica. Asimismo, el restablecimiento de la jornada única diurna garantizará mayor dedicación de los profesores y mayor intensidad en la formación de los estudiantes.
Hay que ampliar la cobertura de las universidades y de la educación secundaria, la cual es muy baja en relación con el nivel de desarrollo del país y comparada con países de desarrollo y población similares. Esta cobertura debe aumentarse anualmente, de manera que garantice un crecimiento en términos reales, o sea que la cantidad de estudiantes universitarios sea cada vez mayor en relación con los que terminen bachillerato.
Los egresados del bachillerato deben tener una formación que les permita ingresar productivamente al mercado laboral o aspirar a continuar su formación en los diferentes programas de educación superior que el país debe ofrecer, uno de los cuales es la educación propiamente universitaria. Los cupos en estos programas deben llenarse con los mejor preparados y más capaces, para lo cual debe contarse con sistemas de evaluación objetivos que no discriminen a las mujeres, los habitantes de regiones apartadas o de bajo estrato social. Los métodos deficientes de evaluación agravan la discriminación de estos sectores, causada por su opresión económica.
Las universidades y programas de educación superior deben contar con un sistema de bienestar social que garantice la permanencia de los estudiantes.
La democracia en la universidad debe materializarse en la participación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores en la dirección de las instituciones, sobre la base de las organizaciones democráticas de estos. Las formas de participación existentes en la actualidad constituyen una apariencia de democracia, pues se basan en una representación minoritaria. A su vez, la elección de rectores en las universidades públicas es un mero mecanismo consultivo que soslaya la participación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores en la dirección de las universidades. Los rectores elegidos son reos de la política oficial y en muchas ocasiones su elección es producto de componendas, reemplazando una verdadera participación de estudiantes y profesores. Los gobiernos han convertido la autonomía universitaria en una forma de eludir su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones. Así se cumple el famoso principio planteado por Mr. Atcon, el profesor estadounidense que recorrió el país en la década del sesenta, de que autonomía es privatización. La universidad está privatizada casi por completo.
El anterior programa puede ser resumido en los siguientes puntos:
Educación gratuita, con adecuada financiación estatal a todos los niveles. Fortalecimiento de la universidad pública, con suficiente dotación e inversión y profesorado de tiempo completo. Ampliación de la cobertura. Sistema de bienestar estudiantil, con residencias, restaurantes, fomento del deporte y actividades culturales. Congelamiento de matrículas en la universidad pública y rebaja progresiva de las mismas hasta la completa gratuidad. Dirección colegiada democrática, con participación mayoritaria de profesores y estudiantes, elegidos popularmente. Creación y fortalecimiento de consejos estudiantiles. Investigación científica independiente de condicionamientos y al servicio de la nación.La juventud colombiana debe organizarse, participar en la luchas populares, defender la soberanía nacional y jugar el papel que le corresponde en la lucha contra el atraso, la dependencia económica y el oscurantismo, propugnando activamente por cambios en la educación que contribuyan al avance de la lucha por una Colombia independiente y con una economía firmemente asentada en la ampliación del mercado interno, la elevación del bienestar del pueblo y la defensa de la producción nacional.
La educación debe ser un tema importante ante el gobierno ya que nos quieren brindar una educación mediocre.
El llamado es a que le inviertan más a la educación pública.