Camilo Andrés Hincapié
Consejero Distrital de Juventud Bogotá
Integrante de la Organización Colombiana
Es de celebrar ver reunidos a los estudiantes de secundaria en torno a un solo llamado, el de organizar una gran batalla en defensa de la calidad de la educación colombiana.
La política educativa en Colombia no es propiamente una genialidad de los gobiernos de turno, sino que corresponde a intereses más allá de lo académico. Prueba de ello es que el modelo educativo que se está implementando no es distinto al propuesto por organismos internacionales como el Banco Mundial a través del PREAL o Programa Educativo para América Latina y el Caribe. Es el PREAL el que ha venido impulsando el cacareado “modelo educativo de estándares por competencias básicas”, que precariza los contenidos académicos, viola la libertad de cátedra e impone limitantes a la enseñanza estandarizando los programas educativos. El PREAL implica cambios profundos en los proyectos educativos institucionales de los colegios que, para lograr una acreditación de “alta calidad” tienen que someterse a las pruebas Icfes y a las pruebas Saber, también de competencias básicas.
Éste condicionamiento de los organismos internacionales nos muestra que al limitar el desarrollo del conocimiento y promover únicamente la educación más precaria, los organismos internacionales logran impedir el más mínimo avance de la ciencia y la tecnología como puntos clave para el desarrollo del país. Se pretende convertir a Colombia en un país netamente exportador de materias primas y vender al mercado laboral todo un ejército de técnicos y tecnólogos al servicio de las trasnacionales, en el marco de los Tratados de Libre comercio que Estados Unidos le ha querido imponer al país.
No se puede hablar del desastre de la educación básica y media sin mencionar los dos grandes recortes presupuestales que hicieron en 2001 el gobierno Pastrana y en 2007 el de Uribe. Ambos, por medio de sendas reformas constitucionales, lograron disminuir progresivamente los recursos que la nación les gira a las regiones para financiar la salud, el agua potable y la educación. Según estudio de la Contraloría General de la Nación y la Federación de Departamentos, los ingresos que la nación les gira a los departamentos pasaron del 43% efectivo en 2001 al 33.5% en 2008, recursos enfocados a entregar en concesión los colegios a entidades privadas o a subsidiar instituciones de carácter privado. Al cambiar el concepto de financiar la oferta académica por simplemente subsidiar la demanda se ha abierto un enorme boquete que precariza las instituciones educativas.
Se trata de una política sistemática en aras de impedir que Colombia tenga la facultad de innovar y desarrollar conocimiento científico y de alta calidad. Quieren es convertir la educación en un vulgar negocio y que cumpla con las exigencias del modelo económico fijado por los Tratados de Libre Comercio.
Juan Manuel Santos, más de lo mismo
Juan Manuel Santos no es ajeno a esta política educativa y, por el contrario, pretende profundizar el modelo de la llamada “revolución educativa” de Uribe. El proyecto de ley 054, por medio del cual se pretende fomentar en los colegios la famosa articulación entre la educación media y la educación técnica y tecnológica, es otro paso para que los jóvenes de Colombia solamente sirvamos de maquilas semicalificadas a las órdenes de las trasnacionales saqueadoras de la riqueza nacional.
Esta articulación de los colegios con la educación técnica ya se ha venido aplicando en el país. La constante es articular los colegios públicos con pequeñas instituciones conocidas como universidades de garaje, cuyo único fin es el de comerciar con la educción ofreciendo carreras de baja calidad con precarias infraestructuras pero a costos no accesibles para los sectores populares. También algunos colegios se están articulando con el SENA, una institución cuyo desprestigio ha venido en aumento debido a la precariedad de su oferta académica. El SENA ha llegado al punto de certificar un partido de fútbol o entregar un cartón por saber chatear en msn. No se ve una oferta académica técnica o tecnológica de alta calidad, sino una enfocada en vincular a los jóvenes a un mercado laboral inestable y con ingresos que incluso van por debajo del salario mínimo, como se ve en la contratación hecha por las cooperativas de trabajo asociado o en la propuesta de “ley de primer empleo”. Se les hace creer a los estudiantes que se les está haciendo un favor al contratarlos y pagarles cualquier limosna con la que difícilmente se puede sobrevivir en un país tan costoso como Colombia.
Los invitamos a asumir una postura crítica frente a la realidad del país, a no tolerarle al gobierno estas conductas tan nocivas para la población, a organizar los consejos estudiantiles en los colegios como entes capaces de velar por los derechos de los estudiantes y, por sobre todo, a defender el derecho a una educación nacional, científica y para todos los colombianos con la que sin distinción alguna podamos desarrollar este país y construir una patria soberana y democrática.
