Sergio Fernández
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE
El movimiento estudiantil colombiano en cabeza de la MANE ha exigido al Gobierno Nacional que inyecte un billón de pesos más a las bases presupuestales de las 32 universidades públicas del país para el año 2013, exigencia que tiene sustento en la evidente crisis financiera que las agobia por cuenta de la desidia que frente a la financiación de la oferta educativa pública ha caracterizado a los últimos gobiernos. La MANE ha señalado que la educación tiene una estructura de costos crecientes con una dinámica exponencial[1], es decir, a cada estudiante nuevo así como a cada nivel de complejidad mayor en la educación le corresponden costos cada vez más altos, pues la producción de conocimiento y la educación de alta calidad exigen progresivamente más preparación por parte de los docentes, mejor infraestructura, laboratorios, herramientas tecnológicas… etc., componentes que elevan el monto de los recursos requeridos por las universidades. Esta tesis planteada por la MANE y ampliamente apoyada se opone a la política neoliberal agenciada desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el que ha hecho carrera la tesis de hacer cada vez más con menos recursos, razón por la cual las asignaciones presupuestales que año a año realiza el Gobierno Nacional distan bastante de las que en realidad requieren las universidades públicas.
La posición de la MANE es ampliamente compartida en la academia[2]y respaldada por múltiples sectores de la vida democrática nacional, y constituye un axioma para el análisis y la formulación de alternativas respecto a la financiación de la educación superior en el mundo. Recientemente un estudio sobre la financiación de la educación superior realizado por el Sistema Universitario Estatal SUE estimó en más de 11 billones de pesos los recursos requeridos por las universidades públicas para cubrir los costos en los que deberían incurrir a fin de garantizar educación de calidad y los desagregó así: $665.724.250.879 costaría garantizar el 70% de profesores de planta (19.215) y el 100% de administrativos (15.199); más de 2 billones se requieren para aumentar a un 30% los profesores con formación doctoral llegando a 7.913; 7.2 billones de pesos se requiere en inversiones de infraestructura para garantizar, entre otros, el sostenimiento de los edificios patrimoniales, la adecuación en normas de sismo resistencia y el adecuamiento de los espacios para garantizar el acceso a personas en situación de discapacidad; más de 300 mil millones de pesos para tecnologías de la información y la comunicación; 218 mil millones de pesos para el aseguramiento del bienestar universitario; 153 mil millones de pesos para nuevos equipos, bases de datos y aulas audiovisuales y finalmente 406 mil millones de pesos para gastos administrativos incluidos los costos de acreditación y calidad, vigilancia, servicios públicos, entre otros.
Evidentemente la exigencia hecha por parte de la MANE al Gobierno de inyectar un billón de pesos más a la base presupuestal de las universidades públicas para el año 2013 es insuficiente si se tiene en cuenta que un billón de pesos constituye menos del 10% de lo estimado por el SUE en su estudio, no obstante, representaría un salvavidas que permitiría mantener a flote a las universidades mientras se establece un mecanismo que garantice su plena financiación. La exigencia de la MANE se basa en las necesidades reales de las universidades colombianas, que no solo han sido desconocidas por completo en la propuesta de presupuesto general de la nación para el año 2013, sino que además han sido tratadas por los funcionarios del Gobierno con tal desidia que ronda los límites de la mezquindad. Al respecto, solo basta reseñar las desafortunadas declaraciones del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas tras conocerse la noticia de que para el año 2013 el Gobierno asignará tan solo $100.000 millones de pesos para las 32 Universidades Públicas, Cárdenas sin sonrojo alguno señaló: “Con estos recursos nosotros podríamos, alternativamente, si no se lo damos a las universidades (…) darle 100.000 ancianos indigentes del país, de nivel 1 y 2 del Sisben, una mesada de $62.500 (…) Esperamos que los estudiantes y los rectores lo valoren«[3].
Queda claro que el Ministro Cárdenas no es precisamente un demócrata, ni un defensor de los derechos sociales, como no lo es tampoco el talante de este Gobierno que afirma que es imposible cumplir con la exigencia hecha por la MANE y respaldada por las amplias mayorías democráticas del país de asignar un billón más para la universidad pública. Pues bien, sea esta la ocasión para dejar claro que si se trata de un asunto de escases de recursos, la actitud cicatera del Gobierno Santos hacia la universidad pública contrasta radicalmente con la generosidad que se tiene –por ejemplo- respecto a las multinacionales del sector minero energético en el país, que gozan de exenciones tributarias por alrededor de 10 billones de pesos al año, solamente en 2010 este sector que debió pagar 15,3 billones en impuestos pagó tan solo 5,6 billones, y los otros 9,7 billones fueron exenciones tributarias, en resumen como lo denunció el profesor Guillermo Rudas “Les estamos pagando para que se lleven la riqueza colombiana”[4]mientras las universidades públicas se hunden en la peor crisis de su historia. Ministro Cárdenas, permítame preguntarle ¿Por qué el Gobierno no esgrime estos argumentos cicateros ante la BHP Billington en el contrato de Cerromatoso? ¿Por qué no se esgrime el argumento de las necesidades del pueblo colombiano ante el capital financiero al que en el 2013 se le asignarán 47 billones de pesos de los impuestos de las familias colombianas por cuenta del pago de la deuda pública?
Los recursos adicionales por los cuales saca pecho el Ministro Mauricio Cárdenas y la Ministra María Fernanda Campo, en realidad constituyen menos del 1% de los recursos requeridos por el Sistema Universitario Estatal en su estudio y dicho sea de paso, son incluso inferiores a los entregados por el acumulado del Baloto. La postura del Gobierno comprueba la necesidad de hacer de la movilización de masas y de la resistencia civil y democrática nuestra garantía para defender esa universidad pública que en Colombia existe gracias a sus estudiantes, profesores y trabajadores y muy a pesar de Gobiernos como el de Juan Manuel Santos, de manera que de nuevo las calles colombianas serán testigo del compromiso ineludible que han aceptado los jóvenes colombianos con la defensa del derecho que tienen a educarse los hijos e hijas de Colombia y quienes están por venir.
@sergiofmane.
[1] “Exposición de Motivos de una nueva Ley de Educación Superior para un país con soberanía, democracia y paz” p. 12. http://manecolombia.blogspot.com/2012/09/version-final-de-la-exposicion-de.html
