La política santista es a favor del capital privado y contra los colombianos.
“En Colombia más que desastres naturales lo que hay son desastres sociales, porque su causa principal –antes que la acción de la naturaleza, que naturalmente se comporta con más o menos fuerza- son las determinaciones económicas y políticas que afectan a la sociedad. Esto se comprueba fácilmente. Salvo casos raros, estos desastres solo afectan a los más pobres.”
Hacer parte del selecto grupo de jóvenes que accede a la educación superior, sobre todo a la universidad pública debe llenarnos de entusiasmo y fuerza para avanzar en la lucha contra la privatización del sistema público, cada vez más evidente, más que un derecho es un privilegio ingresar a estudios de nivel superior, millones de jóvenes están fuera de él.
La fachada del gobierno Santos.
Mucha expectativa generó Juan Manuel Santos, pero lo cierto es que su actuación deja claro que los métodos y la política son los mismos utilizados por su antecesor. En estos meses de gobierno terminó por arrebatar los más elementales derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Lo que hace cada vez más difícil el acceso a la educación, a un sistema de salud eficiente, se aumenta el desempleo, el más alto de América Latina, se fortalece un régimen laboral de tercerización e inestabilidad, mas de 23 millones de pobres, es el país que padecemos y que por supuesto es al que le apuesta la “unidad nacional”.
La agenda legislativa que presenta Santos es regresiva para el país, con el objetivo de conseguir la firma de varios TLC entre ellos los de La Unión Europea y Estados unidos, Santos se prepara para dar un duro golpe a los derechos sociales bajo la llamada “sostenibilidad fiscal”, que condiciona el derecho a la tutela, y recorta recursos al gasto social. La centralización de las regalías que deja sin recursos a municipios y departamentos, la gran minería transnacional que saquea nuestros recursos, con graves implicaciones ambientales, entre otras, hace parte de la malgama de reformas puestas en marcha en el congreso, que lejos de desarrollar el país lo entregará y pondrá al servicio del gran capital financiero con el sometimiento y explotación del pueblo colombiano.
En el caso de la política educativa la ministra María Fernanda Campo sigue los designios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, política que denominó “educación de calidad el camino a la prosperidad”, con la cual se pretende hacer reformas profundas al sistema educativo colombiano que continúe en la vía de la neoliberal Revolución Educativa, es por esto que se presenta ante congreso de la Republica proyectos como el 054/cámara, de articulación entre educación media y superior, que tiene como fin transformar la educación media en una fábrica de mano de obra barata para los empresarios que bajo la figura del subsidio tendrán a jóvenes empleados sin ningún tipo de sueldo ni prestaciones. La reforma integral a la ley 30/92 de educación superior la cual apunta a atacar el esquema de financiación, la autonomía universitaria y fortalecer los créditos financieros (ICETEX y banca) como forma para que sean los estudiantes quienes se costeen sus estudios ante la inminente privatización de universidades públicas, y la ampliación de cobertura en educación técnica y tecnológica en instituciones “garaje” sin ningún tipo de prestigio académico para lo que el Banco mundial ha llamado formación del “capital humano” son las metas del actual gobierno.
¿En qué va la UPN ?
El engaño al cual está sometido el pueblo colombiano con Santos, se replica en la Pedagógica con Juan Carlos Orozco, rector
designado en Julio del año pasado que recogió el sentimiento de desesperanza de bastos sectores de la Universidad que vieron en él un viraje democrático en la dirección del Alma Mater, pero esto tampoco sucedió. Orozco continúa apegado a la política oficial de privatización, La reciente concesión del restaurante y la cafetería a la Fundación Francisca Radke, da cuenta del despropósito de la administración y del gobierno nacional de entregar la universidad al capital privado.
Mientras avanza el deterioro en infraestructura y calidad, un reciente informe presentado sobre el Centro Regional Valle de Tenza demuestra la improvisación en la administración que bajo el esquema de “nacionalización” de la UPN no ha tenido en cuenta factores sociales y económicos en una universidad que se está desmoronando que no está lista para nacionalizarse ya que no tiene como sostenerse, solo a partir de matriculas costosas, es decir la nacionalización a partir del bolsillo de los colombianos y no del estado.
Es por esto que hacemos un llamado a defender la existencia de la Universidad Pública , a los trabajadores que como consecuencia de la crisis han sido despedidos y organizar un gran frente en defensa de la educación pública, con métodos enmarcados en la lucha civil, democrática y de masas.
10 años de resistencia civil.
Por una educación nacional científica y al servicio del pueblo.
