La educación rural en Antioquia: entre el abandono y la desfinanciación

Por Sebastián Bermúdez (Coordinador OCE Secundaria Antioquia).

En Colombia y en Antioquia docentes y estudiantes no tienen que afrontar una pandemia como la actual para evidenciar el abandono de la educación, puesto que año tras año las precariedades del sistema educativo se acentúan como resultado de la política de desfinanciación. Ahora, en medio de la virtualidad se observan enormes deficiencias, tales como que el “75 % de los alumnos de Antioquia (308.768) no cuentan con computador en su casa, y entre los que sí tienen computador, el 66 % (274.512) no tiene internet en sus hogares”₁. Pero estas cifras apenas representan la punta del iceberg de la situación de la educación antioqueña como resultado de la política educativa nacional y departamental, promovida por los mismos con las mismas, dogmáticos del neoliberalismo.

En Antioquia, casi la mitad de los municipios son tipo 4, es decir, tienen mayor nivel de ruralidad y deficientes condiciones de vida. Además, para el año 2017, el 46% de los estudiantes matriculados correspondían a sedes educativas rurales ₂. La ruralidad es un tema de gran importancia a la hora de trazar las políticas educativas, y es ésta misma la que más ha sido afectada por los malos gobiernos. Según el último censo del DANE, la tasa departamental de analfabetismo rural es del 11%, en contraste con un 3% para las zonas urbanas, cifra que muestra la dificultad que hay en la ruralidad para acceder a educación. Adicionalmente, de las 4.342 sedes educativas a cargo del departamento, el 25% no tiene acceso a un acueducto y el 70% de los colegios públicos no cuentan con alcantarillado en sus instalaciones ₃. Y aún más grave, en medio de la pandemia donde el acceso a internet es crucial para continuar con el proceso académico, es la ruralidad antioqueña la más afectada por su abandono; la cobertura rural a internet es del 13,8% mientras la cobertura urbana es del 61% ₄. Con este breve panorama se puede advertir las barreras que enfrentan los y las estudiantes de las zonas rurales de Antioquia y la necesidad de una política educativa departamental que sea acorde a las necesidades y dinámicas propias de cada subregión.

Acceso y permanencia en la educación

Entre el año 2013 a 2017, la cobertura neta cayó en un 7,3% y la deserción escolar pasó del 2,44 al 4,04 por ciento ₅. Es decir que en promedio durante estos cinco años 17.886 niños, niñas y jóvenes antioqueños abandonaron las aulas. Adicionalmente, son las subregiones más vulnerables las que tienen el peor indicador de acceso a la educación. Para el año 2017, la subregión Suroeste y Magdalena Medio tuvieron la cobertura neta más baja de los últimos 10 años, siendo del 59 y 63 por ciento ₆ respectivamente. Esta situación no se puede pasar por alto, puesto que es la juventud colombiana la que está siendo condenada a la pobreza, al crecer en condiciones de completa desigual y abandono por parte de un Estado que no le garantiza su derecho a educarse. El país podría estar perdiendo muchos talentos que podrían aportarle desarrollo científico, tecnológico y social.

Por otro lado, programas como el PAE y el transporte escolar son cruciales para garantizar el acceso y la permanencia de los y las estudiantes, especialmente, de aquellas zonas rurales donde hay difícil acceso y la población es vulnerable. A pesar de la importancia de estos programas, el presupuesto enviado por el Gobierno Nacional entre 2015 y 2020, apenas aumentó anualmente en promedio un 1,2% y los recursos destinados por la Gobernación de Antioquia en ese mismo periodo cayeron en un 25%. Como consecuencia, más de 55 mil estudiantes dejaron de ser beneficiados con la alimentación ₇.

En cuanto al transporte escolar, la ausencia de una política educativa departamental consolidada que garantice el transporte y la escasez de recursos girados por el Ministerio de Educación ponen en el limbo las aspiraciones de muchos jóvenes de la ruralidad que anhelan ir a clases, pero que por cuestiones de distancia no pueden. Según la Secretaría de Educación de Antioquia, “los recursos de la Secretaría de Educación son insuficientes para cofinanciar los proyectos de transporte escolar”, y es en este punto, donde se puede comprender cuán justos son los reclamos de los y las docentes colombianas al salir a movilizarse para exigir una debida financiación a la educación. El Gobierno Nacional viola el artículo 67 de la Constitución Política que dice: “Corresponde al Estado […] asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”, porque no gira los recursos suficientes para garantizar el derecho a la educación, y en el mismo sentido, le quita cada vez más recursos que afectan la cobertura, calidad y permanencia en las aulas. Con ello cumplen la visión educativa de organismos como la OCDE, el FMI y BM que ven a la educación como un negocio y no como un derecho.

La educación en Antioquia 2021-2023

Sin duda alguna, este panorama expuesto previamente es resultado de la política educativa nacional, hoy promovida por Duque, que desfinancia la educación y, además, de la complicidad de los gobiernos locales como el de Luis Pérez, exgobernador de Antioquia. Durante su gobierno la cobertura educativa cayó, la deserción aumentó, se desfinanció el PAE, y se incrementó aún más la brecha entre las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, el futuro de Antioquia en los siguientes cuatro años con el gobierno del ausente Aníbal Gaviria no pronostica grandes avances en la difícil situación de la ruralidad. En su Plan de Desarrollo no establece una meta para la cobertura neta total, un indicador que está disminuyendo hace años. La cobertura neta en educación media está en un punto alarmante de 42,8%. Sin embargo, el nuevo gobierno tan sólo plantea aumentarla en un 0,5% cada año₈. No establece un objetivo para disminuir la deserción escolar, que en las zonas rurales es una preocupación que va acompañada de desempleo juvenil, malas condiciones de vida, y en algunos casos, exposición al conflicto armado. A pesar de las condiciones de la infraestructura educativa, previamente explicada, pretende disminuir en un 17% las aulas nuevas construidas y en 8 puntos porcentuales la cantidad de sedes educativas mejoradas₉. Piensa aumentar los colegios en jornada única, pero no establece ninguna meta para aumentar los estudiantes beneficiados con el PAE, ni mucho menos compromete mayores recursos financieros para la alimentación escolar. Y para finalizar, en un departamento donde apenas 4 de cada 10 estudiantes que se gradúan logran acceder a educación superior ₁₀, no menciona por ningún lado un fortalecimiento a la Universidad de Antioquia o las Instituciones de Educación Superior públicas de la región. Más bien su apuesta es a la U Digital de Luis Pérez, la cual por denuncias del diputado Luis Peláez queda en evidencia que es más una ilusión que una realidad y que nunca sustituirá el desarrollo científico y social que aporta la alma mater de los antioqueños.

Con el Plan de Desarrollo de Aníbal Gaviria los mayores afectados son los y las docentes y estudiantes de la ruralidad antioqueña. Su plan no avanza en la reducción de las brechas entre las zonas rurales y urbanas. Más bien sigue con la política educativa nacional basada en el neoliberalismo de otorgar créditos en lugar de fortalecer las instituciones públicas y de fomentar la educación virtual, la cual está diseñada siguiendo la idea equivocada de la vicepresidenta: que sea para las familias antioqueñas que “nunca ahorraron” para pagarse una universidad de alta calidad. Así, la lucha de las y los docentes colombianos por una mejor financiación es más vigente que nunca. Si el Gobierno Nacional no destina mayores recursos para la educación, los gobiernos locales y regionales nunca podrán avanzar en la mejora del sistema educativo. Lastimosamente, como lo ha demostrado la historia colombiana, las grandes conquistas de la educación sólo se logran a través de la organización de las comunidades y de las amplias manifestaciones pacíficas y creativas para exigirle a gobiernos como el de Duque que no continúen implementando las políticas neoliberales de la OCDE, y más bien, financien la educación pública colombiana para que sea de alta calidad, al acceso de todos los y las colombianas y al servicio del desarrollo de la nación.

1. Jimenez G. “Alumnos desconectados, en riesgo de deserción”. El Colombiano. (2020).
2. Roldán A., Echavarría G.. “Estado de la Educación en Antioquia”. Fundación Proantioquia. (2018): 12 – 13.
3. Encuesta realizada por la Dirección de Infraestructura Educativa, Secretaría de Educación de Antioquia. (2020).
4. Cifra tomada del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
5. Cifra tomada del Sistema de Matrícula Estudiantil (SIMAT) por la Secretaría de Educación de Antioquia.
6. Cifra tomada del Sistema de Matrícula Estudiantil (SIMAT) por la Secretaría de Educación de Antioquia.
7. Cifra reportada por la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (MANÁ) a la Secretaría de Educación de Antioquia.
8. Cifra tomada del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la vida”. Línea estratégica 1 “Nuestra gente”, página 156.
9. Cifra tomada del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la vida”. Línea estratégica 1 “Nuestra gente”, página 163.
10. Cifra reportada por la subsecretaría de Innovación, Dirección de formación para el trabajo y el desarrollo humano.