El movimiento estudiantil y la juventud han sido decisivos en los avances democráticos y en los principales acontecimientos de la historia nacional. Basta recordar la independencia frente a España, el paro de 1971, las luchas contra el ALCA y los TLC, la victoria de la MANE en 2011 frente al intento de Santos de profundizar el ánimo de lucro en la educación, el acuerdo de 2018 que conquistó 5,8 billones de pesos para las universidades públicas, el paro contra el “paquetazo” de Duque en 2019 y el paro nacional de 2021, entre otros hitos.
Los liderazgos estudiantiles deben tener presente que la educación, además de ser un sector de costos crecientes, está estrechamente vinculada con los debates sobre soberanía nacional, generación de riqueza, empleo y desarrollo productivo. Resulta alarmante que la economía solo creció en promedio un 1,15 % entre 2023 y 2024; que el déficit fiscal cerró en el 6,8 % del PIB en 2024; que el servicio de la deuda representa el 21 % del PGN; y que se planteó una reforma tributaria por 16 billones de pesos, con impactos lesivos en los sectores populares y en la clase media. Todo modelo educativo sigue la suerte del modelo de país.
Los retos son enormes y surgen varias preguntas: ¿El proyecto de Ley 212 resuelve los problemas estructurales de financiación de las IES públicas? ¿Sirve ampliar la cobertura sin garantizar calidad? ¿De dónde saldrán los 2,9 billones de pesos que requiere el decreto de formalización laboral? ¿Es viable una “gratuidad” al debe, con recursos tardíos y fraccionados? ¿Tiene futuro la ciencia tras un recorte del 78 % en los últimos tres años? ¿Qué pasará con los 230.000 deudores del ICETEX sin los subsidios a la tasa de interés?
Si el movimiento estudiantil no recupera su capacidad crítica frente a semejante panorama, fortaleciendo la organización, el debate de alto nivel y la movilización masiva, creativa y pacífica, será imposible enfrentar los cada vez más complejos desafíos que tenemos por delante. La situación de la educación y el estado de la economía nacional, lejos de mostrar avances, evidencian indicadores preocupantes. El silencio no puede ser nuestra respuesta.
Hoy es necesario abrir un debate respetuoso, fundamentado en principios y en cifras, sobre el balance de la política educativa y económica del actual gobierno. Así lo hicimos en el pasado, desde la independencia y la autonomía frente al continuismo. No hay razón para no hacerlo ahora, frente a lo que, a todas luces, constituye un falso cambio. La coherencia nos exige sostener, en la discusión y en la práctica, nuestras banderas históricas. Les invito a crear los espacios para que este debate sea posible.
