El proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, aprobado en tercer debate en la Cámara de Representantes, amerita varias preocupaciones por su contenido. Los distintos actores del sector educativo, la academia y el Congreso de la República deben profundizar su discusión. No son asuntos menores los que están en juego para las próximas décadas.
Conviene recordar que la crisis de las universidades públicas es estructural y obedece, en gran medida, a las políticas de libre comercio aplicadas desde 1990. El déficit histórico supera los 19 billones de pesos; la autofinanciación alcanza casi el 50% y, según la Contraloría, en tres de las universidades públicas más grandes se acumula un pasivo pensional de 8,3 billones de pesos. Las soluciones, por tanto, deben ser de fondo.
En esta discusión también es necesario considerar que el IPC, como fórmula de indexación, en la práctica congeló los recursos de la base presupuestal y resulta insuficiente para atender los costos reales y las necesidades apremiantes, como la cobertura con calidad, el Decreto 1279, los incrementos salariales, los rezagos de infraestructura, la ampliación de plantas y la formalización laboral, entre otros. Urge modificar dicho modelo financiero.
Ahora bien, resulta incorrecto afirmar que el simple reemplazo del IPC por el ICES, indicador calculado por el DANE, representa un ajuste estructural al problema de desfinanciación. Aunque algunas estimaciones proyectan que el ICES crecería en promedio entre 1,1 puntos porcentuales (OCPE-UPN) y 3,0 puntos porcentuales (MEN) por encima del IPC, estos incrementos siguen estando por debajo de las necesidades diagnosticadas por el SUE.
Según pronunciamientos del SUE, variables como el Decreto 1279 cuestan 3 puntos porcentuales por encima del IPC; los incrementos salariales, 1,6 puntos porcentuales por encima del IPC; la formalización laboral requiere 3 billones de pesos adicionales a la base presupuestal, y varios otros componentes carecen de recursos adicionales. La reforma enuncia varios de estos objetivos, pero los condiciona a la “disponibilidad presupuestal”.
Entre tanto, no puede pasar desapercibido que la reciente reforma al SGP abrió la posibilidad de que los entes territoriales financien los dos primeros años de educación superior, un aspecto que depende de una ley de competencias que aún no se ha radicado. ¿Estamos avanzando a ciegas hacia una posible municipalización de la educación?
Por otra parte, es deseable que las ITTU cuenten con una base presupuestal diferente de la asignada al SUE. No obstante, la propuesta queda por debajo de algunas estimaciones realizadas por la RED ITTU en 2023, y el tránsito previsto del 0,05% al 0,07% del PIB no es claro en su tiempo de materialización. A su vez, inquietan las mayores facultades otorgadas al Ministerio de Educación Nacional sobre algunos objetivos misionales de las IES públicas.
Todo lo anterior no debe perder de vista que la educación sigue la suerte de la economía, al ser un sector de costos marginales crecientes. Colombia creció apenas 1,15% entre 2023 y 2024; su PIB per cápita es de escasos 7.000 USD; el déficit fiscal y de cuenta corriente supera el 10% del PIB; y el servicio de la deuda consumirá el 21% del PGN en 2025. Resulta crucial impulsar la creación de riqueza y de fuentes de empleo, base de cualquier progreso.
Así las cosas, el movimiento estudiantil debe preservar su independencia y autonomía para defender una educación pública, universal, gratuita, de calidad y científica, que contribuya al desarrollo nacional y reduzca las brechas en las fronteras del conocimiento frente a las grandes potencias. Ese debe ser el objetivo fundamental de cualquier reforma democrática.
