La educación superior debe garantizarse como derecho, ser de calidad y científica para contribuir a la resolución de los agudos problemas de la nación colombiana y estar a la altura del desarrollo mundial de las fuerzas productivas. Debe además ser autónoma, libre de injerencias del gobierno, para garantizar la discusión abierta que jalona el desarrollo del conocimiento. La tendencia, de treinta años, de los gobiernos neoliberales ha obrado en contravía de ello, mientras que el gobierno Petro nada –en lo fundamental— hizo para revertir el curso. Hoy, oscuras perspectivas se asoman con el gobierno de Abelardo de la Espriella. El continuismo del falso “gobierno del cambio” y las acechanzas del “Tigre” se hacen evidentes, también, en la Universidad del Atlántico.
La educación ha de ser un derecho, no una mercancía. Y esto no sólo se mide en la gratuidad de las matrículas, sino en la vinculación o no de la universidad a relaciones comerciales, de todo tipo, para financiarse. En el marco del incumplimiento del gobierno Petro a una auténtica “matrícula cero”, que es lo que comulga con la definición de un derecho: para 2026 la Universidad del Atlántico había recibido 17.240 millones de pesos en matrículas de pregrado y complementarios, al igual que 8.682 millones de pesos en matrículas de posgrado del año anterior; y entre 2023 y 2026 al claustro ingresaron más de ochenta y cinco mil millones de pesos por ambos conceptos, lo que representa un incremento acumulado cercano al 52% en lo facturado por estos rubros. Además, lo aportado por la universidad en “rentas propias” para su autosostenimiento (que incluye ingresos por matrículas, educación continuada, cursos libres, convenios, alquileres, ventas de productos, entre otros) prácticamente se duplicó entre 2022 y 2026, representando un incremento acumulado de 154,84% en su contribución, cuando es sabido que quien debería asumir el mantenimiento de las universidades públicas es el Estado, no el “rebusque” de las instituciones.
La educación debe ser de calidad. Esto se cumple cuando se puede dar respuesta afirmativa, de entre otras, a estas dos interrogantes: ¿Hay suficientes recursos invertidos por estudiante, tal que se garantice cobertura, pero con calidad? ¿Hace el gobierno lo suficiente para dotar a la universidad de recursos necesarios, teniendo en cuenta los costos crecientes del sector educativo? El veredicto es negativo en ambos casos. Mientras la universidad triplicó entre 2023 y 2026 el agregado de incrementos porcentuales del gobierno nacional con recursos propios, los aumentos de las transferencias de este último en el mismo período fueron de un 6% en promedio descontando la variación del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), que el propio Sistema de Universidades Estatales plantea, sigue sin reflejar los costos reales (in crescendo) de la educación superior al no incluir sistema salarial docente, cobertura, nuevas plazas docentes, nuevas plazas administrativas y cierre de brechas institucionales; por lo que las nuevas destinaciones del gobierno se revelan insuficientes, al punto que ni poniendo en mayúscula tensión las propias rentas de la universidad, se pudo evitar que en estos últimos cuatro años la variación del presupuesto del alma máter fuera de menos del 7% agregado, si descontamos el caducado IPC, y cerca del -2% deduciendo el ICES; así como les fué imposible realzar el gasto por estudiante que en ese mismo lapso acumuló una variación por debajo del 0.3% de acuerdo a los cálculos más realistas.
La educación debe ser científica y al servicio de la nación colombiana, estar a la frontera del conocimiento científico y a la altura del desarrollo mundial de las fuerzas productivas (Como lo dijera José Fernando Ocampo). Si bien es cierto que no se puede responsabilizar a ningún gobierno nacional, directamente, de las asignaciones de gastos internos de la universidad (aún teniendo un representante en el CSU), la insuficiente financiación para los aspectos más elementales de su operación tienen implicaciones en otras funciones misionales de la misma, como lo es la investigación. Así, a pesar de que el rubro de investigación fundido con los gastos de extensión y proyección social no superaban el 1% en 2022 y alcanzó el 1,77% en 2026 (del 2 al 4% según otras fuentes), lo cual implica algún modesto incremento: lo cierto es que reviste un ritmo de crecimiento muy pobre que no nos acercará, en ningún plazo cercano –como es menester–, al porcentaje de inversión de las universidades de los países desarrollados que destinan, según datos de la OCDE, un 31% de sus recursos a I+D, en promedio.
Así, se esperaría que el expresidente Gustavo Petro, al visitar la Universidad del Atlántico el 29 de septiembre de 2026 para pontificar sobre financiación de las universidades, hablara en términos del servicio que hizo su política presupuestal a un viraje hacia la universalidad, calidad y cientificidad de la educación en dicho claustro. Si no lo hizo, entonces no se puede atribuir las banderas de las reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil; y si lo hizo, habrá tenido que proferir una extensa autocrítica, que debiera mencionar, además, su irrespeto de la autonomía universitaria al intervenir el mencionado centro de estudios en noviembre de 2025 tratando de inmiscuirse en la la pugna interna por la rectoría.
Pese a que la Universidad del Atlántico se quedó esperando el “cambio” de Petro, bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, empero, no hay perspectivas de un vuelco hacia una educación de calidad y científica como derecho. No solo porque gobierna con los mismos que llevan desfinanciando la educación superior pública en Colombia desde hace treinta años, sino también porque ya ha anunciado recortes de las transferencias del gobierno nacional para educación en el Departamento del Atlántico. A su vez, deja ver escaso respeto por la autonomía universitaria –como el gobierno anterior– al pretender relajar las restricciones para la entrada de la fuerza pública a estas instituciones.
Descolla, por consiguiente, que la discusión acerca de la financiación y sus destinos para garantizar la educación como un derecho, con calidad y de carácter científico, es vigente, así en “la Atlántico” como en Colombia; al tiempo que es plenamente actual la defensa de la autonomía universitaria. Estos debates implican rigor, independencia, argumentación y garantías que, en consecuencia, se distancian de las soluciones ora de fuerza, ora de clientela, que han dominado y degradado la discusión más reciente y solo lejos de las cuales es posible la unidad de los distintos estamentos universitarios en el marco de un espíritu democrático, al tiempo que la lucha por una Universidad del Atlántico cuyo rumbo haga auténtica justicia a su naturaleza pública, de la cual ha de nutrirse la lucha de la región por su progreso y la de la nación por su soberanía.
Coletilla: El gobierno anterior incumplió en devolver los recursos de la demanda ganada contra el «Convenio de concurrencia». ¿Cumplirá el gobierno actual? Esto será objeto de análisis en un próximo artículo.
Referencias:
El Heraldo. (2026, 9 de agosto). Suspensión de intervención en Uniatlántico genera debate sobre su futuro.
https://www.elheraldo.co/atlantico/2026/08/09/suspension-de-intervencion-en-uniatlantico-genera-debate-sobre-su-futuro/
El Tiempo. (2026). Tribunal suspende la intervención del Ministerio de Educación en la Universidad del Atlántico y ordena restituir a Leyton Barrios como rector.
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/tribunal-suspende-la-intervencion-del-ministerio-de-educacion-en-la-universidad-del-atlantico-y-ordena-restituir-a-leyton-barrios-como-rector-3575997
La Silla Vacía. (2026). El equipo de gobierno de Abelardo: lo que dicen 275 nombramientos.
https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-equipo-de-gobierno-de-abelardo-lo-que-dicen-275-nombramientos
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2025). The financial sustainability of higher education. OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/the-financial-sustainability-of-higher-education_f544ccfe-en/full-report.html
Semana. (2026). Leyton Barrios, rector de Uniatlántico, respalda ingreso de la fuerza pública a universidades: “Es necesario”.
https://semana-semana-prod.cdn.arcpublishing.com/nacion/barranquilla/articulo/leyton-barrios-rector-de-uniatlantico-respalda-ingreso-de-la-fuerza-publica-a-universidades-es-necesario
Sistema Universitario Estatal (SUE). (2024). Avances y retos en la financiación de las universidades públicas de Colombia 2024. Universidad Tecnológica de Pereira.
https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/ca97675f-879e-426f-b576-d75ab0e47d2f/content
Tribuna Magisterial. (s. f.). Por una educación nacional, científica y democrática.
https://tribunamagisterial.co/por-una-educacion-nacional-cientifica-y-democratica/
Universidad del Atlántico. (s. f.). Boletines estadísticos. Oficina de Planeación.
https://www.uniatlantico.edu.co/oficina-de-planeacion/planeacion-y-gestion/boletines-estadisticos/
Universidad del Atlántico. (s. f.). Con inversión, dignidad y visión de futuro, la Universidad del Atlántico dio la bienvenida a sus docentes.
https://www.uniatlantico.edu.co/con-inversion-dignidad-y-vision-de-futuro-la-universidad-del-atlantico-dio-la-bienvenida-a-sus-docentes/
Universidad del Atlántico. (s. f.). Presupuestos aprobados. Departamento de Gestión Financiera.
https://www.uniatlantico.edu.co/departamento-de-gestion-financiera/presupuestos-aprobados/
Zona Cero. (2026). El recorte en el Presupuesto nacional que preocupa al Atlántico: perdería más de $635.000 millones.
https://prod.zonacero.com/generales/el-recorte-en-el-presupuesto-nacional-que-preocupa-al-atlantico-perderia-mas-de-635000
