Carmelo Chamorro, Sincelejo, mayo 27 de 2011
A propósito del artículo de María Antonieta Cano.
La evaluación de suyo es consubstancial a la educación, en todas sus formas y modalidades. No evaluar es dejar el proceso al garete, como barrilete sin cola, «sin Dios, ni ley ni Santa María», sin referente para cambiar de rumbo, enmendar la plana; correctivos para mejorar procesos y resultados. De otra parte es pertinente puntualizar que la evaluación debe tener consecuencias, de no ser así se constituye en algo inocuo, como las «Evaluaciones Institucionales» que se sucedian al finalizar el año lectivo, y en cada una de ellas se repetían el rosario de inconsistencias, falencias, debilidades, una repetición de la repetidera, casi que calcadas las unas de las otras, sin que se tradujeran tales ejercicios en efectivos planes de mejoramiento para enmendar la plana.
La evaluación debe conducir a mejorar en todos los aspectos, sin necesidad de ser SANCIONATORIA. La evaluación – sanción tiene un carácter aversivo que es contrario a lo pedagógico. Es el tipo de evaluación que propugna el neoliberalismo, de corte fascista, merced a la cual los resultados se dan, sí, pero por el temor. Todo es mueve a base de férula, de obscuencia perruna, obediencia servil a funcionarios y a sus jefe políticos que son en última quienes manejan nómina y definen la suerte de la planta de personal. La otra evaluación, con la que está Fecode es la FORMATIVA. Se basa en el COMPROMISO, no en el TEMOR, y supone el concurso de todos los actores que concurren en el proceso y parte de la concepción de que la educación es un bien social preciado, la mas efectiva inversión en el desarrollo, que compromete a todos, cada quien en su esfera de influencia y de su competencia: padres de familia, gremios de la producción y del trabajo, el estado a todos niveles. Esta visión condiciona el tipo de evaluación, que en una primera instancia ha de ser de toda la sociedad,si la educación está cumpliendo con sus funciones en los ámbitos económico, social y cultural; y de incumbencia de la comunidad educativa para mirar si el establecimiento educativo en cuestión responde o no a las expectativas de desarrollo regional. A un tercer nivel ocurre la de procesos, recursos y resultados al interior de cada plantel, que tiene que ver con rendimiento escolar, desempeño de docentes, directivos y administrativos; estrategias pedagógicas, ambientes escolares, tipos de gestión en los diferentes ámbitos.
Y esta evaluación formativa -valga la redundancia para mejorar-, solo es posible con la vigencia del modelo instaurado por ley 115/94, que los gobiernos neoliberales que se han sucedido desde entonces se han empeñado en desmontar, desde la Apertura Educativa de Cesar Gaviria hasta la Revolución Educativa de Uribe, que se continúa en el actual de Juan Manuel Santos, tomando como marco jurídico las enmiendas constitucionales que han cambiado las reglas del juego en la financiación de la educación y con las mismas el concepto mismo de educación, degradada a una mercancia regulada por las leyes del mercado. El gobierno para imponer ese regresivo y antidemocrático modelo atentatorio de un derecho fundamental a una educación de calidad debidamente financiada por el estado, ha tenido que recurrir a la fuerza, para doblegar el espíritu de lucha de un magisterio crítico que no traga entero. Condena entonces al ostracismo el estatuto consagrado por el 2277/79 y expide otro que desprofesionaliza la docencia y recurre a medios coercitivos como la evaluación-sanción, para domesticar al gremio y clientelizarlo al tiempo con la entrega del manejo de la nómina a los políticos de turno obsecuentes a Bogotá.
Con esta ofensiva neoliberal no solo está en juego la educación como derecho de los colombianos, sino nuestra suerte como nación independiente, que hace imperativo el apoyo de los gremios de la producción y del trabajo, de los partidos patriotas, de la comunidad educativa nacional a cerrar filas en torno al PLIEGO DE PETICIONES DE FECCODE, en defensa de la calidad de la educación, de la educación pública, y de la dignificación de la carrera docente. Los maestros de ahora no quieren ser inferiores a quienes en el pasado libraron significativas batallas por la dignificación de la profesión: la «Marcha del Hambbre» desde Santa Marta; las movilizaciones, huelgas y plantones en la plaza de Bolivar para presionar la expedición del Dec 2277/79, o las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio, entre otros. Estamos seguros que se harán merecedores de ese caro legado.
