Cualquier debate serio sobre la reforma pensional, implica señalar que en la base del problema está que el país no genera las fuentes de empleo y riqueza que se requieren para estimular su aparato productivo y, en consecuencia, garantizar mejores condiciones de vida para la población. El actual presidente Gustavo Petro, durante la campaña, consiguió buena parte de sus votos —especialmente en jóvenes— a partir de anuncios rimbombantes de “cambio” en lo económico y social, que en los hechos distan de la agenda que impulsa en el congreso y no representan transformaciones democráticas frente a más de tres décadas de las muy dañinas políticas de libre comercio. Sirve de ejemplo el caso de las pensiones.
Pensionarse en Colombia es una carrera de obstáculos, dado que la educación, el empleo y las pensiones son un reflejo del subdesarrollo del país. Según el LEE, 4 de cada 10 bachilleres graduados no pueden acceder a IES. A su vez, casi 3 millones de jóvenes entre 15 y 28 años ni estudian ni trabajan y el desempleo juvenil, según el DANE aumentó un 0,6%, ubicándose en un 19.3%. Y como «al caído caerle», la actual reforma apunta a disminuir las escasas garantías que hoy existen. No deja de ser lamentable que ante la falta de oportunidades, cerca de 5 millones de compatriotas —jóvenes incluidos— se hayan ido al exterior. Personas que aportan al desarrollo de otros países al no poder hacerlo acá.
Con la reforma pensional, se establece que quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos en adelante, deberán cotizar obligatoriamente una parte de su sueldo en un fondo privado. Esto es regresivo porque en Colpensiones las tasas de reemplazo son entre el 55 y el 80 % del ingreso base de liquidación (IBL) y para el caso de los fondos privados, en la práctica son cercanas al 35 %. Así las cosas, de la aplicación de las reglas del modelo de pilares propuesto por el gobierno nacional, quedarán muy duras reducciones a las mesadas de la juventud trabajadora. Se trata de una medida lesiva que golpea los bolsillos de amplios sectores de trabajadores y a la clase media. Además, dificulta la capacidad de compra de los hogares y pone talanqueras al desarrollo empresarial. Una especie de círculo vicioso.
Son varias las falsedades del gobierno para «justificar» su propuesta. I) «Es para garantizar bono pensional a la vejez»: otorgar auxilios económicos a nuestros adultos mayores no requiere reforma. Basta la simple voluntad política vía PGN. Se juega con las necesidades de la gente. II) «Que no fortalece a los fondos»: es un claro favorecimiento a los fondos privados que se deban afiliar obligatoriamente en estos después de 2,3 salarios mínimos y actualmente administran más de 200 billones de pesos. III) «No es contra la clase media y juventud trabajadora«: quienes ganan más de 3 millones de pesos no son mega ricos. Por ejemplo, se trata de profesores universitarios, empleados públicos, de la rama judicial, personal del sector salud, etc. Sobre estas y otras labores que la juventud realiza con ciertas garantías —otros aspiran a desempeñarse en ellas— se avecina un durísimo golpe.
Estas ideas que hoy se debaten —cómo otras muy malas definidas en distintos renglones de la economía— provienen de las orientaciones de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuya preocupación para países como Colombia, no es el fortalecimiento de su producción, el empleo y el bienestar de la gente, sino la apertura de nichos de negocios en favor de sus intereses y de las grandes potencias que los impulsan. Incluso, estas directrices se intentaron aplicar —sin éxito por la presión ciudadana—, en los gobiernos de Santos y Duque. Resulta incoherente que hoy se planteé a nombre de lo “alternativo” lo que estos últimos no pudieron lograr y que a su vez, en esta idea retardataria, le acompañen algunas organizaciones sindicales y gremiales.
