Por instrucción de la Alcaldía Mayor de Bogotá, todos los Planes de Desarrollo Local que ejecutarán las Alcaldías Locales deben destinar el 10% del presupuesto a apoyo a la educación superior y a la primera infancia. El Plan Distrital de Desarrollo estableció que en educación superior se va a priorizar a las instituciones de educación superior (IES) públicas. Lo anterior es un logro y un avance con respecto a los gobiernos distritales anteriores. Para asegurar este logro, los recursos que apropien las alcaldías a educación superior deben utilizarse para apoyar a estudiantes de instituciones de educación superior públicas, sin acudir a créditos, ni al ICETEX.
Basados en la importancia de la educación y los desarrollos normativos y académicos del enfoque de derechos, los estudiantes defendemos la educación superior como un derecho. Es decir, derivada del principio dignidad humana y como condición necesaria para el desarrollo social en todas sus dimensiones, el fortalecimiento de ambientes democráticos y el acceso a otros derechos. Que sea concebida como derecho, implica que el Estado tiene un papel irremplazable en la oferta de educación superior pública, porque esta es la única vía que asegura avanzar progresivamente en acceso universal, permanencia y calidad.
El enfoque de la educación como derecho es el espíritu que ha quedado recogido en el Plan Distrital de Desarrollo, que al crear la nueva Agencia de Educación Superior estableció que su prioridad serán las IES públicas y no los créditos estudiantiles. Ahora, para que este acierto se materialice y se avance en la garantía del derecho a la educación superior, es necesario que los Planes de Desarrollo Local destinen sus recursos a estudiantes de instituciones públicas sin créditos estudiantiles y que ello quede expreso en los Planes Locales de Desarrollo.
Como lo ha demostrado el ICETEX y Ser Pilo Paga, endeudar estudiantes no es una política educativa acorde con entender la educación como un derecho. Primero, porque los recursos que deberían fortalecer la educación pública terminan en entidades privadas, mientras las IES públicas afrontan una grave crisis por su desfinanciación histórica. Segundo, porque no tienen la pretensión de avance universal del derecho, sino que están sujetos al ciclo político y económico. Tercero, porque terminan siendo una condena crediticia para las familias. Cuarto, porque los intereses satisfacen el apetito parasitario de intermediarios financieros a costa de un derecho.
Proponemos que se suscriban convenios con la Universidad Distrital, Nacional, Pedagógica, Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Militar, la ESAP, el Instituto Técnico Central, el SENA y el Instituto Caro y Cuervo para apoyar en dotación para la virtualidad en la pandemia, vivienda, alimentación o transporte. Llamamos la atención de la necesidad urgente de asegurar que ningún estudiante deserte debido a la virtualidad, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Proponemos, por ejemplo, que se realicen alianzas con la ETB para que se entreguen dotaciones tecnológicas a estudiantes de IES públicas.
Estamos ante una oportunidad histórica. Las Alcaldías Locales de Bogotá pueden contribuir al derecho a la educación superior. Cualquier referencia a créditos estudiantiles debe suprimirse de los Planes de Desarrollo Locales y los convenios con todas las IES públicas deben hacerse prontamente.
