Luis Felipe Buelvas Rico. OCE Secundaria. Estudiante de Filosofía de la Universidad de Cartagena.
Mientras el Gobierno Nacional y la ministra de educación, María Fernanda Campo, anunciaban con tono enérgico la expedición del decreto 4807 del 2011, el cual declara la gratuidad en la educación básica, secundaria y media, las instituciones públicas en Cartagena y otros municipios de Bolívar sufren precarias condiciones que dificultan el óptimo recibimiento de las enseñanzas brindadas a los estudiantes.
Y es que el estado de los planteles públicos es deplorable: la infraestructura tiembla; los tableros, las sillas y demás instrumentos escolares carecen; los abanicos se encuentran dañados; los baños no tienen higiene; el hacinamiento es grave, ¡y hasta en algunos colegios toca recibir clases en el piso! Es claro que en estas condiciones, la gratuidad, que no es un favor, sino un deber constitucional, no es más que una burla.
Mencionemos algunos ejemplos: la infraestructura de instituciones educativas como el Soledad Román de Núñez, Fe y Alegría, Olga González Arraut, San Lucas, Madre Gabriela, Bertha Gedeón, Camilo Torres, República de Argentina, entre otras, es una estatua a la negligencia de las autoridades, las cuales dejaron que el pasar de los años produjera catastróficos atentados contra el estado físico de dichas instituciones, y por consiguiente, de la calidad educativa.
Además, cabe resaltar el caso del colegio Departamental, donde a principios del año sus estudiantes realizaron un plantón en las afueras del mismo, alzando la voz en contra de las pésimas condiciones de estudio que abundan en su plantel, gritando fuertemente: ¡promesas no, acciones sí!
Ahora bien, el polémico decreto refleja otras falacias: en primer lugar, el Gobierno hizo las cuentas con los colegiales del año anterior; en segundo lugar, el pago mensual por alumno de básica primaria en las instituciones ubicadas en el casco urbano bajó de $65.000 a $60.000; y en los jóvenes de básica secundaria se redujo de $95.000 a $60.000, cifras totalmente ínfimas e irrisorias si el Estado quiere hablar de prosperidad y calidad educativa, y en tercer lugar, los $525 mil millones de la gratuidad no salen de recursos del Presupuesto General de la Nación, sino del débil y golpeado Sistema General de Participaciones.
La gratuidad sin calidad es como un ave con las alas heridas: sin un pleno funcionamiento de sus cualidades no puede emprender un vuelo verdaderamente eficaz.
Por otra parte, la deserción escolar se manifiesta en un 40,7% en la zona urbana y en la rural en un 61,8%, lo cual quiere decir que de 100 estudiantes en la zona urbana sólo 60 terminan la secundaria, mientras que en la zona rural lo hacen aproximadamente unos 40 jóvenes.
Y para colmo de males, la secretaria de Educación Distrital, Rosario Ricardo Bray, afirmó que su despacho posee un déficit presupuestal de $19 mil millones.
En una palabra, de los 98 colegios públicos existentes en Cartagena la inmensa mayoría se caracteriza por la infraestructura deteriorada, cruel hacinamiento y el olvido por parte del Distrito.
Éstas son las paradojas inadmisibles en una de las ciudades con más pobreza y desempleo en Colombia, pero que, de igual manera, fortalecen el espíritu de lucha del estudiantado por una educación con una verdadera gratuidad, una intrínseca calidad y pensada y materializada totalmente para el desarrollo y bienestar de la nación.
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