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| «Los medios» |
Por Julio César Peluffo
Representante Estudiantil al Concejo Directivo de la U. Externado de Colombia
Miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes
Conocer la historia, nuestro pasado, además de ayudar a evitar los errores cometidos, también ayuda a recordar los aciertos y hazañas de antaño para poder repetirlas cuando sea necesario. Los externadistas recordamos con orgullo, por ejemplo, que un grupo de jóvenes profesores y estudiantes de esta casa de estudio fueron la punta de lanza en la defensa de la educación para la libertad contra el régimen oscurantista de la regeneración. Lo acertado de su postura lo brindaba su enfoque humanista, pensamiento crítico y universal que les permitía entender que lo que estaba en juego era el desarrollo económico, social y cultural de la nación y un importante motor de movilidad social de sus habitantes.
La educación para la libertad que soñaron forjar los Radicales hace 125 años, velaba por una educación puesta al servicio de los intereses nacionales, democrática, pluralista, científica y en busca constante de perfeccionar el Estado Social de Derecho.[1] Defender dichos principios de la educación para la libertad no es cosa del pasado, mucho menos hoy, cuando la crisis de la educación en Colombia los hace tan vigentes. En “respuesta”, desde el MEN surge un proyecto de ley presentado como una reforma a la Ley 30, y aunque muchos ya coinciden que de lo que se trata de una Nueva Ley de Educación Superior, son más las dudas que respuestas las que deja. En medio de este debate es más que apropiado responder para la intriga de un externadista: ¿es la propuesta del Ministerio la educación para la libertad que necesita el país?
Educación… ¿al servicio de la nación?
El origen implícito de este proyecto de ley es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y aunque eso no lo descalifica de tajo, seguramente si explica porque el ministerio no consultó ni recogió del grueso de la comunidad universitaria las propuestas estructurales sobre cuál era el rumbo que debía tomar la educación superior. Todo ya estaba pactado, el viceministro Javier Botero, quien hoy asume el cargo para “terminar la tarea”, fue uno de los responsables de negociar el capítulo de comercio transfronterizo de servicios y hoy uno de los responsables de la construcción del proyecto, que lejos de adoptar medidas para proteger la educación, la adecua al Tratado para que sea contemplada como un servicio, así demagógicamente se enuncie como un derecho.
Contemplar la educación como un servicio implica por supuesto incluir el ánimo de lucro. Y es que a pesar de que la figura de universidades con esa naturaleza quedó momentáneamente fuera del articulado, cuando el Presidente Santos señala que “no es el momento oportuno”, sus palabras dan a entender que no es la convicción del ministerio sino la movilización social lo que los contuvo de seguir impulsando dicha propuesta. Pero como todo ya está pactado, el “momento oportuno” llegará tarde o temprano, así lo demanda la clausula de acceso a los mercados del TLC, que señala que “ninguna de las partes podrá adoptar o mantener medidas que limiten el número de proveedores de servicios, el valor de los activos, o restricciones sobre tipos concretos de personería jurídica para prestar servicios”.
El ánimo de lucro entra por la puerta de atrás del TLC y el proyecto lo ratifica explícitamente en el articulado. MIENTEN los funcionarios del gobierno cuando afirman lo contrario, pues en el artículo 152, capítulo III sobre “otras fuentes de financiación para la educación superior” se transforma el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior –FODESEP, de economía solidaria- sin ánimo de lucro- a sociedad anónima- con ánimo de lucro. Como si fuera poco, se abre la puerta a la Universidad mixta (art. 20), otra forma de acelerar el proceso de privatización de la Universidad Pública tan negado por la Ministra Campo.
También, contra las Universidades colombianas, públicas y privadas, el Tratado señala que los proveedores internacionales del “servicio” educativo tendrán que recibir Trato Nacional[2] pudiendo ser objeto incluso de financiación según lo plantea el artículo 101 del proyecto. Pero además, y pese a lo estipulado en la legislación colombiana, el TLC exime a las trasnacionales del sector de cumplir con requisitos de desempeño según “Ninguna Parte podrá, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país que no sea Parte en su territorio, imponer ni hacer cumplir cualquier requisito o hacer cumplir cualquier obligación”[3]. Cualquier intento del Estado por regular o hacer cumplir algún requisito podría terminar obligándolo a indemnizar al proveedor extranjero por medio de la escandalosa figura de “expropiación indirecta” en caso que las decisiones oficiales afecten negativamente no la ganancias, posibles utilidades y hasta el prestablecimiento de dichos proveedores foráneos del “servicio” educativo.
¿Podrá una propuesta distanciada de la academia nacional resolver los intereses propios de la nación colombiana? ¿Podrá una propuesta tan claramente desbalanceada hacia los intereses foráneos servir simultáneamente al desarrollo nacional?
Educación… ¿democrática?; ¿de calidad? ¿Con bienestar?
Un modelo dual de educación superior, que se piense democrático y presto a resolver los problemas de desigualdad y desarrollo del país, debe tener como requisito, principalmente, que el Estado asuma decisiva y progresivamente la decisión de financiar la educación pública, garantizando calidad; y que la educación de carácter privado sea SIN ánimo de lucro y regulada por el Estado, como por ejemplo en el alza de matriculas y los estándares de calidad.
El Tratado y el proyecto de reforma agravan el problema de la antidemocracia supremamente latente en la educación colombiana. Al hecho ya grave de la mediocre cobertura (37%) y las altas tasas de deserción (47%), lo empeora la decisión oficial de no responder efectivamente ante la deuda de más de 700.000 millones de pesos con las universidades estatales. Profundizando la desfinaciación, que redujo del 85% al 51% las transferencias del Estado al presupuesto de las universidades públicas entre los años 1990 y 2008.
Financiación y Calidad
En el proyecto, el gobierno renunció a solucionar el problema de fondo ya que según declaraciones de la ministra “este proyecto no busca resolver el problema de financiamiento estructural de algunas universidades públicas”[4]. A cambio, el gobierno ofrece en los artículos 143 y 145 del último articulado aportes y recursos adicionales que en el mejor de los casos otorgará según la meta de cobertura para los próximos 4 años, 600 mil pesos por estudiante. Muy inferior a los mediocres 3,5 millones que otorga hoy y peor comparada con los 5 millones que invertía a comienzos de los 90.
La Ministra ha señalado como un acto de mezquindad el oponerse a la supuesta ampliación de cupos. Por su puesto, todos estamos de acuerdo en aumentar el acceso a la educación superior, pero sí que resulta mezquino aumentarlo a costa de reducir el presupuesto por estudiante a míseros 600 mil pesos. La ministra olvida que como lo señalara José Fernando Isaza, Presidente de ASCUN, uno de los más firmes opositores al proyecto, “la calidad cuesta”, y eso es cuestión de voluntad política: Los aportes que hoy proponen para las universidades son tan solo 1/80 del gasto destinada a la deuda externa, 1/40 del gasto destinado a la guerra y 1/20 de las exenciones tributarias que el país deja de recibir. Ante la ausencia de financiación estatal, se fortalece el subsidio a la demanda por medio del ICETEX, que aún cuando plantea tasa de interés cero para la población focalizada (estrato 1 y 2) durante el curso del respectivo programa, lo hace de manera demagógica atándolo en el parágrafo siguiente a la disponibilidad presupuestaria mejor entendida como sostenibilidad fiscal. (Art. 158)
La desfinanciación, la reducción de la inversión por estudiante, la venta de servicios, las concesiones de la planta física y el subsidio a la demanda son otras formas de privatización y un atentado contra la calidad y la democracia. Aún cuando el letrero en la entrada diga “Universidad Pública, recontra pública, híper-pública”, la tozuda realidad nos demostrará lo contrario.
En el caso de las instituciones privadas, sobresale el descontrol al alza de matriculas y la reproducción de universidades de garaje que sin control en estándares de calidad constituyen una verdadera estafa para quienes acceden a estas, porque además, en el proyecto de reforma “Se pone toda la normatividad similar para toda la tipología de la educación superior”[5], esto es que hace mínimas diferenciaciones y coloca en un mismo saco Universidades, Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Centros de Investigación, limitando por lo bajo su autonomía.
Por su puesto, si el ánimo de lucro es la ley y el Tratado de Libre Comercio la Constitución, serán las trasnacionales del sector educativo, reconocidas mundialmente por su bajísima calidad, las llamadas hacer su “agosto” en detrimento incluso, de las Universidades Sin Ánimo de lucro que tradicionalmente han sobresalido por su calidad, verbigracia: Externado, Andes, Javeriana, Rosario, etc. que además han jugado un papel importante en la academia nacional y el desarrollo del país. Según denuncia Francisco Piedrahíta rector del Icesi en Cali, la entrada de las trasnacionales educativas es una realidad ante la endeble Ley 30 y se profundiza con la reforma, como demuestra el caso de la Whitney International University System (empresa privada de educación virtual, con sede en Miami) que se hizo al Politécnico Grancolombiano y pronto comprará la Fundación Universitaria Los Libertadores.[6]
Bienestar y Democracia Universitaria
Todas las soluciones planteadas por el Ministerio al grave problema de Financiación se reducen al subsidio a la demanda vía créditos. Hoy si la Universidad no tiene plata, la respuesta es créditos con el FINDETER, si el estudiante no le alcanza o no tiene el dinero, créditos con el ICETEX y ahora, como otra de las “innovaciones” del proyecto, se plantea el Fondo Para la Permanencia Estudiantil como respuesta a la grave situación de deserción. Esto, no es más que incluir el Bienestar Universitario en la lógica del subsidio a la demanda, porque en vez de propender por la baja de las matriculas, la reducción de los costos de alimentación al interior de las instituciones, los gastos de transporte y fotocopias (por ejemplo, vía auxilios económicos) se prioriza el crédito que podrán usufructuar “particulares, organizaciones no gubernamentales, entidades de derecho público internacional y gobiernos extranjeros” (Art. 156).
Con esta lógica lucrativa, la democracia universitaria da un paso al costado, así lo ratifica el hecho de que en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, máxima autoridad en la materia tan solo haya un representante de los estudiantes y otro de los profesores de un organismo de 17 miembros, introduciendo igual cantidad de miembros del “sector productivo” (art. 138).
¿Será que la paulatina privatización de la universidad pública y la inclusión del ánimo de lucro contribuirán a que Colombia deje de ser el país más desigual de A.L. y el sexto del mundo? ¿Es esto educación para el desarrollo, para la libertad, para la igualdad?
Pertinencia y Autonomía
Son muchos los debates, más que los presentados aquí, los que surgen del proyecto que presenta el ministerio, debates que la comunidad universitaria de públicas y privadas tienen que dar. Uno de esos es la profundización del concepto de pertinencia, es decir la adecuación de la educación para que responda a las necesidades y expectativas, (…) a los requerimientos y exigencias de los entornos productivos del país[7]. Concepto por supuesto controvertible en cuanto el entorno productivo del país, no es otro que el de una economía primaria, especializada en la gran plantación y la extracción petrolera y minera. También el debate de las evaluaciones de competencias: “conjunto de saberes técnicos, capacidad de intervención sobre procesos y capacidad de la persona para actuar en el contexto organizativo/laboral “[8], evaluadas por las pruebas SABER PRO, que tácitamente renuncian a evaluar conocimientos.
La comunidad universitaria tendrá que debatir si son las pruebas SABER PRO el parámetro de calidad requerido, si la adecuación de sus programas a las orientaciones de estas pruebas no representa una violación de su autonomía universitaria y la libertad de cátedra en cuanto evalúan competencias pertinentes al entorno productivo del país e imponen un pensamiento único.
Lo que viene
La discusión de la educación se da en el contexto de un país con una crisis social y económica estructural: Más de 22 millones de pobres y 8 millones de indigentes; con 65% de personas entre el desempleo y el subempleo; quinto en desigualdad mundial y número uno en el desempleo juvenil de América Latina. A lo anterior le han respondido movilizaciones y protestas por todo el territorio: Huelga petrolera en Puerto Gaitán, paro camionero y de transportadores, movilizaciones campesinas, protestas ciudadanas contra la gran minería trasnacional (Santander; Caldas; Tolima, etc.); victimas insatisfechas e impunidad latente; manifestaciones ciudadanas contra las privatizaciones (ej.Transmilenio y servicios públicos en Gral.)y un tragedia invernal sin precedentes fruto del subdesarrollo.
Por eso la discusión en la que estamos no es de poca monta, y aunque pareciera una verdad de Perogrullo, hay que insistir en que para alivianar el desastre social, la educación debe estar puesta al servicio de los intereses nacionales, y para que así sea, debe ser de la más alta calidad, con lo más elevado de los contenidos científicos, tecnológicos y humanistas y atendida democráticamente, como un derecho.
Por esto, este debate tendrá que darse con mucha tranquilidad en los espacios académicos y universitarios con muchos más que 28 foros de socialización. Lejos de los afanes y unanimismos legislativos del congreso y lejos de las presiones foráneas plasmadas en el TLC. La comunidad universitaria colombiana, la más indicada para saber que debe o no pasar con la educación superior, necesita las garantías de la construcción colectiva de un modelo alternativo de educación, garantías que empiecen por retirar el proyecto del congreso, garantía que justamente reclaman en sus recientes y futuras movilizaciones lideradas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.
Dice un adagio popular “No hay mal que por bien no venga”, seguramente a este proyecto de reforma le objetará la más grande unidad y movilización de la sociedad civil por construir un modelo de educación distinto al vigente y distinto al que hoy se propone desde el ejecutivo. Un modelo educativo para la libertad, puesto al servicio nacional, democrático y de alta calidad, uno que garantice, por lo menos en este sentido, un Estado Social de Derecho. Buen momento entonces para que un externadista recuerde la hazaña de los Radicales, inspiración para afrontar el reto histórico que hoy se nos presenta.
[2] Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, Capitulo 11 “Comercio transfronterizo de servicios”, Articulo 11.2.1.
[3] Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, Capitulo 11 “Inversión” Articulo 10.9.
[4] Reforma a la ley 30 no resolverá crisis de la educación superior :
[5] Isaza, en documental para Contravía, ¿Por qué marchan los estudiantes?: http://www.contravia.tv/NUEVO-CAPITULO-Por-que-marchan-los?var_mode=calcul
[7] Foro de la Pertinencia 2008: http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-203801_archivo_pdf_folleto_foro.pdf?binary_rand=6745 Pág. 3
[8] D’Alfonso, R. (2000): Per un glossario minimo: competenze e termini conessi, en Progettare la scuola, nº 4
(40-43).
