John Páez, Organización Colombiana de Estudiantes, OCE – Universidad Distrital
El debate sobre la educación es fundamental para el desarrollo del país. Siendo el gobierno el único que debe garantizar una educación, publica, científica y democrática al servicio de la sociedad, el gobierno de Juan Manuel Santos ha venido entregando colegios en concesión desde ya hace algunos años, y ahora busca hacerlo con el preescolar.
El gobierno nacional pretende privatizar la educación a la primera infancia, pues desea dejar en manos de operadores privados lo que hasta el momento y desde hace 40 años ejercen madres comunitarias y otros programas del ICBF y que funcionan, tales como madres sustitutas y madres FAMI. Con el plan de acción integral denominado “De cero a siempre”, el gobierno aplica la estrategia de educación del preescolar del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), aterrizado a Colombia por la Fundación Julio Mario Santo Domingo, Fundación América Latina Acción Solidaria, Fundación Pies Descalzos y Fundación Carulla, junto con otras 30 instituciones público-privadas, avaladas por el Gobierno nacional, que buscan destinar a este proyecto 5.3 billones de pesos en este cuatrienio.
En este momento, el programa de madres comunitarias abarca alrededor de 50.000 o más de ellas, en 1.800 hogares; el programa de madres sustitutas unas 6.371 y el programa FAMI unas 20.000 madres. Estos proyectos tienden a desaparecer por la acción integral del gobierno nacional, sin tener en cuenta el destino y futuro de estas personas que durante toda su vida han trabajado ofreciendo una atención básica, con un sentido humanizante y con compromiso social a los niños de este país. La directora del regional del Pacifico del ICBF dice: “El destino de estas madres es de migración, en la cual estas madres pasaran a ser vinculadas por el operador privado”, pero se le escapa un punto importante a la directora y es que para poder hacer este traslado, se les exige a las madres una cantidad de requisitos que no podrán cumplir.
En el campo salarial estas madres de los programas no reciben ni siquiera un salario mínimo por su actividad laboral. Lo máximo que reciben es $407.400, esto en el caso de una madre comunitaria tradicional que trabaje tiempo completo y atienda a 14 niños diarios. Santos les prometió en su campaña que se les iba a pagar el salario mínimo, acto que hasta el momento no ha cumplido y ahora busca dejarlas sin trabajo. Y de ahí en adelante las cifras son desalentadoras. En el último nivel de salario tenemos a las madres sustitutas que al mes reciben un sueldo de $50.000. Estas madres sustitutas que le entregan su vida a la primera infancia reciben este sueldo desde marzo de 2012 por una iniciativa del gobierno de implementar 800 millones de pesos para efectuarles un mísero pago. Esto no afecta únicamente a las madres comunitarias, sino también a trabajadores sociales, licenciadas en preescolar, pedagogas y normalistas, afectando drásticamente el empleo de estas personas. A lo que el gobierno responde que los operadores privados ofrecerán mejores condiciones laborales. Solo basta hacer un recuento histórico de cómo los privados ofrecen trabajo a los colombianos. En las multinacionales de extracción de recursos, más del 70% de sus trabajadores están tercerizados sufriendo permanente violación a sus derechos. En el campo educativo lo vemos con los colegios en concesión, los cuales ofrecen trabajo a los profesores de la nación por tan solo ocho meses al año gracias a los diferentes tipos de contratación. Entonces podemos ver que los salarios de las madres comunitarias no mejorarán sustancialmente y es probable que puedan empeorar.
Alarmante es el escuchar las declaraciones del presidente del grupo Éxito que entró a ser parte de este proyecto nacional. En palabras del señor González, el 21 de febrero de 2012 dice: “El retorno de cada peso invertido en la primera infancia es del 10% anual por todos los años de vida”, “esta inversión que hoy se hace en la primera infancia es la más solida y segura inversión que se puede ofrecer, pues ningún otro modelo económico ofrece tanta seguridad”, “un empresario exitoso no hace inversiones inseguras que generen baja rentabilidad”, “colombianos productivos y felices”. Al analizar detalladamente estas intervenciones, podemos sacar varias conclusiones, como por ejemplo que los operadores privados no van a ofrecer un servicio que lleve a un desarrollo social humanizante, sino por el contrario, buscan potencializar los intereses del mercado en la primera infancia, por medio del control de contenidos, disminuyendo en algunos factores para obtener más ganancia, que es el objetivo final de estos personajes.
María Victoria Forero, dirigente sindical del ICFB, nos dice: “El panorama es claro, el ICBF trasladará la atención, en una primera etapa a 300 mil niños que estaban bajo el cuidado de madres comunitarias serán llevadas a centros administrativos por operadores privados”. Privatizará la atención a la primera infancia y lesionará los derechos de millones de niños, convirtiendo un derecho en un negocio para los monopolios nacionales y extranjeros.
Otro aspecto grave es que el gobierno sigue perdiendo en la inversión que hace, pues tiene predestinado iniciar con 13 nuevos centros de atención integral, en diferentes regiones, llegando a 5.920 niños, invirtiendo 36 millones de dólares y aportando directamente la totalidad de los lotes y dotación, mientras que el sector privado lo que hace es la contratación docente y administrativa y la definición de contenidos.
Ahora como nunca es necesario organizarnos y movilizarnos en contra de esta política del gobierno nacional, que ataca y privatiza directamente la educación a la población infantil colombiana y por ende a todos los colombianos, pues ellos son el futuro de nuestra nación.
Debemos generar un modelo de educación a la primera infancia que logre desarrollar las capacidades de los niños, buscando siempre una formación integral, y que se encuentre en manos del Estado. De igual manera, los trabajadores y las madres comunitarias y demás deben recibir una remuneración acorde con el desempeño de su trabajo.
Por una educación pública, científica y democrática con responsabilidad social. NO AL PROGRAMA “DE CERO A SIEMPRE”.
