LA REFORMA SANTOS-PARODY A LA EDUCACIÓN: MENOS AUTONOMÍA, MÁS NEGOCIO
El pasado miércoles 3 de diciembre se aprobó en primer debate el proyecto de la Ministra Gina Parody de modificación a la Ley 30, que según el gobierno, tiene la finalidad «de implementar mecanismos de control a las Instituciones de Educación Superior». La comunidad académica no fue consultada, ni incluida en su construcción, hecho que denota su carácter antidemocrático.
Si no hay democracia, no hay control al ánimo de lucro. Los Consejos Superiores y Directivos de las universidades, así como la elección de los rectores, deben tener una participación determinante de la comunidad universitaria, pues allí se define el destino de cada institución. Con elecciones a dedo en este tipo de cargos y sin ningún tipo de control por parte de la comunidad universitaria es sencillo llegar a que se configure el lucro, con casos tan graves como el de la Universidad San Martín, el cual se gesta a partir de la desviación de recursos y la subcontratación de servicios a altos precios, a fin de beneficiar los intereses de quienes al mismo tiempo tienen la dirección de las instituciones de educación superior. Este es el aspecto fundamental del lucro, y es precisamente, el que desconoce la reforma del gobierno de Santos.
Para disminuir de forma efectiva la corrupción sin afectar la autonomía, es necesario avanzar en la participación democrática de la comunidad universitaria en las decisiones que los implica. Para el caso de los estudiantes debe reflejarse en la creación de consejos estudiantiles en las universidades, así como en la conformación democrática e independiente de los órganos de dirección de las instituciones de educación superior. La reforma Santos-Parody omite la democracia como condición necesaria de la autonomía universitaria y promueve un sistema de “autonomía” tutelada por parte del gobierno nacional.
La cuestión fundamental del debate es el carácter de la educación, si esta es entendida como derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado de manera pública, gratuita y de alta calidad o si por el contrario, se entiende como una mercancía, un simple servicio ofrecido por privados, regulado por el Estado y orientado bajo las leyes del mercado. Ante tal disyuntiva, las determinaciones políticas del gobierno de Juan Manuel Santos y el contenido de la propuesta demuestra que la educación es lo segundo, pues en su propuesta se menciona 26 veces el carácter de servicio de la educación y 0 veces su carácter de derecho fundamental.
El propósito de la reforma Santos-Parody no es, por tanto, garantizar la prohibición de hacer ánimo de lucro con la educación, sino regularlo, pues en el marco del libre comercio y del TLC entre Colombia y Estados Unidos la educación se entiende como una mercancía más. Evidencia de ello es la extranjerización de la educación con la entrada al país de la multinacional Whitney University System, entidad con ánimo de lucro, la cual amparada en las obligaciones contraídas por Colombia en el marco de éste TLC, ha comprado universidades nacionales como el Politécnico Gran Colombiano, la CECAR y la Fundación del Área Andina.
Lo que hoy se vive con la Universidad San Martín no es excepcional, es la norma de lo que sucede en el país resultado del modelo de educación de la Ley 30. Este es un problema estructural y por ende es necesario tomar parte en el debate sobre la necesidad de un nuevo modelo de educación superior que la garantice como un derecho fundamental, pública, gratuita y de alta calidad, tal como viene proponiéndolo la MANE desde hace 3 años.
Diego Mauricio Pérez Bejarano
Representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
