José Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, abril 4 de 2011
A diferencia del jolgorio y la confusión que existía cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hizo su inventario de sus primeros 100 días de Mandato, hoy cumplidos casi nueve meses, por lo menos más sectores se muestran esclarecidos y a otros a paso lento pero firme les van llegando los estragos de lo que será el fuerte guayabo.
Al estudiar la política nacional no hubo duda en que el Gobierno de Santos sería la continuación de Álvaro Uribe, en la profundización de un sistema económico que se inició en los estertores del Mandato de Virgilio Barco, encontró marcos constitucionales y jurídicos con Cesar Gaviria y se prolongó con Ernesto Samper y Andrés Pastrana; es el modelo del “libre cambio”, en el cual a los países subdesarrollados los obligan a abrir sus fronteras para la toma de sus mercados internos, mientras las grandes potencias protegen los propios, mediante abundantes subsidios.
En su campaña electoral Santos fue enfático en que su gobierno estaría basado en los ejes centrales de la política de Uribe; compitió con Mockus, en quién le cuidaría mejor sus “tres huevitos”, lo que indicaba que con Santos o Mockus estaba asegurada la permanencia del modelo impuesto por Estados Unidos. Esos tres huevos son: la confianza inversionista, que le garantiza a empresarios y multinacionales todo tipo de ventajas”, mientras los impuestos y bajos salarios recaen en el pueblo; la seguridad democrática, viejo anhelo del pueblo víctima de toda violencia, que dejó más de tres mil asesinatos de inocentes que hicieron pasar como guerrilleros, 173 mil muertos por los paramilitares, según datos de la fiscalía, y todo tipo de vejámenes contra la población; y la cohesión social, serie de ayudas asistencialistas que son la comprobación de la negación de los derechos fundamentales, subsidios con los cuales hacen el clientelismo, como los denunciados en Bucaramanga y otras regiones en la campaña del hoy presidente Santos.
Ese trípode se ha venido implementando con especial énfasis en la confianza inversionista: expide la Ley de formalización del empleo que permite pagar a los trabajadores menos del salario mínimo, con el desmonte paulatino de los aportes parafiscales del Sena, Icbf y Cajas de Compensación; justificado en la Emergencia económica, social y ecológica, decreta la venta de Ecopetrol, trasladado paso a paso al sector privado, con las grandes consecuencias sociales ya que es la empresa que más aporta al presupuesto nacional y regional; la reforma a la salud, en vez de tocar los intereses económicos de las intermediarias financieras, es decir, de las EPS, lo que hizo fue consolidarles el negocio, mientras la población sigue padeciendo la inclemencia de los pésimos servicios; y está a punto de aprobar una reforma a las regalías territoriales, recortándolas a municipios y departamentos, trasladándolas al gobierno central y a varios fondos, congelando la inversión social para que el sector financiero especule con estos recursos.
Como si fuera poco, presentó el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, de la Educación Superior, dejando gran parte de su financiación en el sector privado para lo cual creará Instituciones Educativas Superiores con ánimo de lucro y permitirá la llegada de las multinacionales de la Educación; el presidente Santos pretende hacernos creer que el sector privado, cual monjas de caridad, desarrollará la educación superior. Es un debate de cabal importancia en el que debe participar la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia pero también la sociedad en general. Sólo el Estado está en capacidad de proporcionar una educación de cobertura universal, gratuita, científica y de alta calidad para el desarrollo de la nación y no concebida para un país de maquilas, ensambladoras y pequeñas o medianas empresas y al servicio de unas cuantas personas y de las multinacionales. Ese es el debate.
Por todo lo anterior, y muchos otros aspectos, la Gran Coalición Democrática conformada por centrales de obreros, pensionados, movimientos sociales y políticos, está convocando al pueblo a ejercer la resistencia civil y democrática con una jornada de protesta el próximo 07 de abril y la conmemoración de un Primero de Mayo masivo y unitario.
