Mateo Hoyos, Universidad de los Andes, Grupos Estudiantiles Confederados
El actual proyecto de ley de regalías que cursa en el congreso y que muy probablemente será aprobado, parte de que el gobierno pretende eliminar los derechos que en la actual legislación tienen los departamentos y los municipios por la explotación de recursos naturales en su territorio. El pretexto, que hay corrupción, ineficiencia e inequidad en el manejo de los recursos. El proyecto, para explicarlo de manera muy resumida, busca reformar los artículos 360 y 361 de la Constitución para centralizar los recursos derivados de la explotación de recursos naturales. Se crean para ello el fondo de ahorro y estabilización y el fondo de competitividad regional y se dispone que el 10% vaya para ciencia y tecnología.
La primera excusa gruesa del gobierno para llevar a cabo esta reforma es la corrupción en los departamentos y los municipios. Si bien es cierto que la ha habido, es un descaro por parte del gobierno central afirmar que maneja los recursos de mejor manera, cuando el zar anticorrupción ha encontrado niveles altísimos de corrupción en el nivel nacional. Además, de los 8,9 billones de pesos que llegaron entre 1994-2009 al Fondo Nacional de Regalías, encargado del manejo de regalías indirectas para los entes territoriales no productores, 4 billones aún no se han gastado y probablemente se perderán con la nueva legislación. Fedesarrollo anota que las regalías indirectas, canalizadas a proyectos de desarrollo regional a través del FNR manejado por Planeación Nacional, es decir, por el gobierno nacional, han sido manejadas con bajos niveles de eficiencia, por lo que presentar este proyecto como contundente solución a la corrupción y a la ineficiencia de manejo de recursos resulta todo un despropósito.
El proyecto también ha sido sustentado en la inequidad regional de las regalías, ya que el gobierno central arguye que las regalías son de todos los colombianos pero solo las usufructúa el 17% de la población. Es así como el departamento del Casanare recibe la mayor parte de las regalía, mientras que el Meta, segundo gran receptor, recibe tan solo el 26% de lo que corresponde al Casanare. Aparentemente, el argumento puede ser impresionante. Sin embargo, olvida un análisis fundamental. Las actividades productivas de extracción tienen la particularidad de dejar muchas externalidades negativas, como por ejemplo, impactos ambientales de contaminación, devastadores en el caso de la gran minería. Gran parte de los costos negativos generados por la explotación del recurso han de ser cubiertas con las regalías. Es posible afirmar también, sin temor a equivocarse, que estos departamentos terminan siendo monoproductores y, como lo muestra la evidencia, es muy difícil hallar otras actividades productivas diferentes a aquellas que giran en torno a la explotación del recurso natural. El resto de departamentos o municipios viven en torno a otras actividades productivas y es por ello que resulta un absurdo argumentar el carácter inequitativo de las regalías.
Si el problema no es la corrupción, surge la pregunta de que lograría entonces la susodicha reforma. Para ello es preciso hablar de la manera en que se llevará a cabo la centralización de los recursos y la posterior redistribución a las entidades territoriales. En primer lugar, se crearán el fondo de ahorro y estabilización y el fondo de competitividad regional, además, claro está, de los dineros que se transferirán a ciencia y tecnología. El primer fondo, aduce el gobierno, busca estabilidad macroeconómica a través de un manejo contracíclico de la economía que permita ahorrar en tiempos de auge y gastar en los de crisis. El segundo fondo será la base de la redistribución de las regalías a las regiones. Es aquí donde entra la retórica de la equidad y la eficiencia centralistas. Lo primero que se puede ver es que en general serán redistribuidos menos recursos de los netos y que se verán afectados de manera grave a los departamentos en los que se ubica la actividad extractiva.
Es de gran importancia notar que el proyecto de ley es de reforma constitucional, por lo que es obvio que si el fin del gobierno fuese mejorar el manejo de los recursos, bastaría cambiar las leyes de regalías y darle un vuelco completo a la naturaleza del Fondo Nacional de Regalías. Salta a la vista entonces que el fin es quitarles a los departamentos y municipios todo el derecho sobre el manejo de estos recursos, una centralización al estilo de una dictadura centralista que echa por tierra uno de los fundamentos de cualquier Estado verdaderamente democrático, como lo es la descentralización.
Una vez centralizados los recursos y quedando clara la naturaleza voraz del gobierno central, que padece un abultado déficit fiscal, se evidencia de manera clara que habrá una sustitución de gasto público a través de estos recursos. Si, y es que no siendo suficiente con el recorte a las transferencias del 2007, ahora pretenden aminorar el déficit fiscal utilizando dineros primordiales para el desarrollo de los departamentos y los municipios. Todo esto se enmarca claramente en el descaro, presentando como derechos fundamentales la estabilidad macroeconómica y la regla fiscal, términos que obedecen a una ideología económica de corte neoliberal.
Pero el quid perverso de la reforma se encuentra en el Fondo de Ahorro y Estabilización. Todos los analistas, defensores y promotores de la reforma hablan de la estabilidad macroeconómica como algo de carácter urgente y necesario, pero surge de nuevo la pregunta: para qué o, más bien, para quienes. En gran medida, parte de esta pretendida estabilidad se basa en el concepto de un balance fiscal no deficitario, es decir, que el gobierno no gaste más de lo que recauda, lo que en el gobierno Uribe no ocurrió, ya que está administración, en nombre de la seguridad “democrática”, aumentó el gasto en seguridad y defensa y agrandó el hueco fiscal. Cabe recordar que la seguridad democrática estaba al servicio de la confianza inversionista, para beneficiar en últimas a las grandes trasnacionales. Y ahora, con el déficit todavía más acrecentado, surge la necesidad de garantizar estabilidad a los intereses foráneos, pues puede llegar el momento en que esta olla podrida del déficit fiscal estalle y se perjudique a las trasnacionales. Con la seguridad democrática se disminuyó el riesgo país para la inversión extranjera. Sin embargo, también creció el déficit fiscal, lo que se traduce en inseguridad e inestabilidad para los intereses del capital financiero.
En conclusión, el proyecto de ley es un nuevo capítulo de la confianza inversionista, capítulo que pretende solventar un problema fiscal producto de las gabelas a los inversionistas extranjeros. El interés nacional vuelve a quedar supeditado al foráneo. Con recursos de municipios donde por lo general reina la pobreza, el gobierno central pretende garantizar la ganancia de las trasnacionales, condenando a Colombia al atraso y en detrimento de la economía nacional en su conjunto.
