El reto principal en el 2024 para la mayoría de los estamentos de la Universidad de Cartagena fue asumir una actitud de unidad para encontrar salidas a la deuda con Ecopetrol, que nos obligaba a devolver cerca de 220 mil millones de pesos por concepto de pago de estampilla. En el pleito, que acabó resolviéndose tras un fallo de la Corte Constitucional, jugó un papel clave la movilización estudiantil. Se debe señalar en el balance, además, que el gobierno nunca radicó el proyecto de ley de condonación con el que se había comprometido.
Durante el episodio, al tiempo que nos sumamos a las voces interesadas en evitar poner en riesgo la educación de más de 23 mil estudiantes y, por supuesto, las garantías laborales de los trabajadores y del personal administrativo, explicamos que en la base del problema de la estampilla estaba la crisis financiera de las universidades públicas, que hoy llega a un déficit que supera los 19 billones de pesos y que obliga al autofinanciamiento. Lo que sucedió con la Universidad de Cartagena no debía entenderse por fuera de ese contexto.
Para el 2025, debemos hacer esfuerzos por atender los problemas principales de la educación superior, resumidos en cinco preguntas: ¿el proyecto de ley que reforma los artículos 86 y 87 sí apunta a resolver el déficit estructural de las universidades públicas? ¿Funcionará la gratuidad como en 2024, con giros tardíos e incompletos? ¿Los recortes en el ICETEX aumentan el drama de los deudores? ¿Es posible, tras la reducción del presupuesto de ciencia y tecnología, cerrar brechas con las naciones que están a la vanguardia del conocimiento? ¿Puede una economía cuyo crecimiento es de menos del 2% garantizar una educación universal y de calidad?
Es mucho lo que está en juego para la educación. El solo cambio del IPC por el ICES no es un ajuste estructural en la financiación de las universidades, al no atender variables como el Decreto 1279, que representa, en promedio, 2,95 puntos por encima del IPC cada año, y el incremento salarial para funcionarios públicos, que en los últimos años fue de 1,6 puntos por encima del IPC. Además, por separado, se debe reglamentar el acto legislativo del SGP, que, en la vía torcida de la municipalización, traslada a los entes territoriales la responsabilidad de los dos primeros años de educación superior y abre la posibilidad a impuestos regresivos.
La gratuidad durante el 2024 funcionó al debe. Los giros tardíos e incompletos implican costos que el gobierno no asume, y las universidades, que ponen 50 de cada 100 pesos para funcionamiento, hicieron maromas para tapar el hueco. A su vez, el sector de la ciencia y la tecnología tendrá uno de los presupuestos más bajos en 25 años. Como si fuera poco, las medidas en el ICETEX golpean a más de 327.000 familias, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3. La raíz principal de estos y otros problemas es que Colombia solo crea escasos 7,000 dólares de riqueza por habitante al año, y nada ha cambiado con el actual gobierno.
En el marco de su independencia y autonomía frente al gobierno nacional y la administración, el movimiento estudiantil debe recuperar su capacidad de análisis crítico, fortalecer la organización y movilizarse para defender sus reivindicaciones históricas. Los consejos estudiantiles tienen que hacer mayores esfuerzos por elevar el nivel de las discusiones y promover espacios de debate que sirvan a la defensa de la educación pública, científica y de calidad. Las ramas no pueden impedir ver el bosque frente a los verdaderos desafíos de la Universidad de Cartagena para 2025.
