Las malas noticias para la educación continúan en 2026. A punto de finalizar el mandato de Gustavo Petro, las alarmas permanecen encendidas: abundan los incumplimientos de las promesas de campaña y, en algunos casos, incluso se han presentado retrocesos.
Las cifras de la Contraloría sobre las finanzas de las universidades públicas son desalentadoras: en 33 de las 34 instituciones del SUE, los balances entre ingresos y gastos registran saldos en rojo; el pasivo pensional supera los 10,3 billones de pesos y, en la UNAL, el déficit por estudiante asciende a 16 millones de pesos.
Aunque no comparto la conclusión del informe —pues plantea la autosostenibilidad financiera como solución, una idea contraria a la garantía de una educación pública de calidad—, sus estadísticas permiten dimensionar una crisis estructural que no ha sido atendida con la seriedad necesaria ni antes ni durante este gobierno.
Además, poco se discutieron las implicaciones del aumento del salario mínimo para las IES públicas. El SUE advirtió sobre la dificultad de asumir la diferencia entre los recursos destinados a gratuidad —que solo crecen un 7 %— y el incremento del salario mínimo, que alcanza el 23 %, lo que genera costos adicionales que las instituciones deberán afrontar.
Los rectores plantearon alternativas como redireccionar recursos de cobertura hacia gratuidad o aumentar las transferencias hasta en un 14 % para equilibrar las finanzas; sin embargo, el MEN evitó asumir una postura clara frente a la situación.
Tampoco puede ignorarse la promesa de crear 500 mil nuevos cupos en las IES públicas durante el cuatrienio, una cifra que al SUE le tomó cerca de 30 años alcanzar. Sobre los 190 mil anunciados en 2025, expertos señalaron que, entre otras imprecisiones metodológicas, el MEN confundió estudiantes de primer curso con una ampliación real de la capacidad instalada y que ni en el mejor de los casos se había alcanzado un tercio de la meta.
Para 2026, el Ejecutivo anunció haber creado más de 400 mil nuevos cupos, sin datos actualizados del SNIES y sin clarificar lo ocurrido con los 190 mil iniciales. Además, evade la discusión sobre la calidad, pues desde la Casa de Nariño se sostiene que, allí donde nunca existió un cupo, la calidad equivale simplemente a crearlo. De ahí la apuesta por inflar las cifras de cobertura mediante cupos en contenedores y colegios-universidades.
Según el SNIES 2024, buena parte de los anuncios de “cupos nuevos” corresponden a formación virtual de la UNAD —no equiparable con la presencial— y al SENA, una institución de gran relevancia, pero con una misión distinta a la de una IES. A su vez, debería abrirse un debate sobre el papel de multinacionales como Whitney University o la Red Ilumno en IES ubicadas dentro del top 10 con más estudiantes, a propósito del TLC con Estados Unidos, que no fue renegociado y que concibe la educación como un servicio transfronterizo.
Mientras tanto, las cifras de infraestructura muestran la ausencia de resultados concretos. Primero se habló de entregar más de 100 nuevas universidades y luego se afirmó que se trataba de cerca de 108 proyectos de infraestructura, sobre los cuales hoy, a menos de dos meses de terminar el cuatrienio, no existe claridad sobre su avance contractual. Entonces, ¿es creíble hablar de más de 400 mil nuevos cupos con calidad, con universidades en déficit y sin avances sustanciales verificables en infraestructura durante estos cuatro años?
Por otra parte, se eliminaron los subsidios a la tasa de interés, afectando a miles de familias, especialmente de estratos 1, 2 y 3, según alertó ASCUN. Frente a esto, el ministro Daniel Rojas anunció, casualmente en época electoral, el giro de 100 mil millones de pesos, tardíos e insuficientes, para cubrir únicamente abril, mayo y junio de 2026. A esto se suma la ausencia de una condonación total de las deudas y de una reforma integral al ICETEX.
También se creó un impuesto a las IES privadas por cerca de 130 mil millones de pesos, medida que fue suspendida por la Corte Constitucional. La decisión carecía de justificación, pues en Colombia el ánimo de lucro está prohibido en las IES y, cuando existen prácticas contrarias a la ley, los correctivos deben ser distintos. Todo esto responde a la insistencia en un antagonismo perjudicial entre una educación pública bien financiada, las instituciones privadas de calidad y el ICETEX como entidad auxiliar de la política educativa.
Por desgracia, pese a la importancia de este sector para la generación de riqueza y el cierre de brechas frente a las grandes potencias, poco o nada se discutió sobre estos problemas durante la campaña presidencial que dio como ganador a Abelardo de la Espriella, quien viene promoviendo ideas regresivas como los bonos escolares y el regreso de programas de subsidio a la demanda, como Ser Pilo Paga, en lugar de fortalecer la oferta pública.
Frente al presidente electo, el movimiento estudiantil debe asumir tres retos: recuperar su independencia y autonomía, debilitadas en varias organizaciones durante este gobierno; elevar el nivel del debate sobre la educación y la economía nacional en los claustros para ejercer una crítica rigurosa; y promover sus luchas en defensa de una educación pública, científica y al servicio del desarrollo nacional, de forma democrática, pacífica y creativa.
