Paula Alejandra Rodríguez
Estudiante de Derecho, Universidad Externado.
Polo Joven Externado.
Uno de los proyectos más polémicos del gobierno de Juan Manuel Santos es sin duda el que propone reformar constitucionalmente la justicia. Pese al boom mediático sobre las deficiencias de la justicia, con el ánimo coyuntural de justificar la iniciativa, tirios y troyanos han catalogado esta reforma como una amenaza a la independencia de la rama judicial y el acceso de los colombianos a la administración de justicia.
La reforma da el primer paso hacia la que mucho consideran la privatización de la justicia, pues otorga a los abogados, centros de arbitraje, notarios y centros de conciliación, la facultad de fallar en derecho en casos contenciosos, percibiendo, obviamente, los honorarios correspondientes. Por consiguiente, no solo desjudicializa sino que viola el derecho constitucional de la gratuidad de la justicia.
Esta reforma tiene más tinte político que de otra naturaleza. La impunidad promovida hacia los congresistas ha despertado cualquier tipo de rechazos. En primer lugar, crea la figura de la suspensión de la investidura previa a la pérdida de la misma. Dispone que las denuncias contra los congresistas deban ser personales, exponiendo a los ciudadanos que difícilmente se enfrentarán al poder de un parlamentario, y adicionalmente impone condena en costas al denunciante temerario o infundado. La captura de los congresistas investigados solo puede darse con la resolución de acusación, mientras que instaura para el resto de ciudadanos la llamada captura administrativa, la cual contempla que la Policía, según su criterio, puede detener preventivamente a cualquier persona y retenerla hasta por 72 horas sin ningún requisito, solo considerando que puede ser un riesgo para sí mismo o para un tercero. De otra parte los congresistas podrán votar actos legislativos incluso estando investigados.
Si hubiese que escoger un solo tema para oponerse radicalmente a ese proyecto de ley, entrarían todos aquellos artículos que violentan la independencia y división de las tres ramas del poder, elemento F U N D A M E N T A L en un país que se precia de mantener un Estado social de derecho. Marcó la pauta en este sentido la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, órgano que sería remplazado por un nuevo consejo que presiden los ministros de Hacienda y de Justicia, muestra fehaciente de la injerencia del ejecutivo en la Rama Judicial, siendo el último un organismo técnico y no judicial.
Si se ha dicho que con los tratados de “libre” comercio, el país pierde autonomía como nación frente a las potencias extranjeras. Con esta reforma a la Justicia y su concentración de poderes, el ejecutivo, en cabeza de Juan Manuel Santos, más que un monarca se vuelve un virrey al servicio de intereses diferentes a los colombianos.
Para hacerle frente a esta regresiva reforma se creó desde noviembre del año pasado el Observatorio Nacional Permanente sobre la Administración de Justicia, conformado por organizaciones de jueces, magistrados, fiscales, abogados, investigadores, empleados judiciales, representantes de usuarios y estudiantes de todo el país. El Polo Joven saluda esta iniciativa llena de legítimos reclamos y desde los espacios universitarios que nos son propios propiciamos el debate alrededor de este tema, tan ligado a la vida de cada uno de los colombianos.
