Ante las recientes movilizaciones estudiantiles en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se hace necesario abrir una reflexión crítica sobre las problemáticas estructurales que hoy afectan a la comunidad universitaria. Situaciones como la ausencia de una sede propia, las limitaciones en el bienestar universitario o las condiciones laborales del profesorado —que incluso los obliga a desplazarse entre sedes, afectando la calidad académica— no son hechos aislados, sino expresiones de un problema más profundo.
Con el propósito de aportar a esta discusión, y en coherencia con el carácter crítico y riguroso de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), realizamos una revisión del Acuerdo 078 de 2025, mediante el cual se aprueba el presupuesto de la Universidad para la vigencia 2026. A partir de este análisis, identificamos algunos elementos clave que permiten comprender mejor las causas de estas problemáticas y que consideramos deben ser discutidos por toda la comunidad educativa.
De cada 10 pesos que tiene la Universidad, 9 se van en funcionamiento y solo 1 en inversión, es decir, que mejorar es casi una misión imposible. Es por ello que adquirir una sede propia y sostenerla, como muchas sedes queremos y necesitamos, es tan difícil para la Colmayor, ya que de los $140.085 millones, $127.477 millones ya están comprometidos en funcionamiento, con un panorama así, ¿12 mil millones de pesos son suficientes para construir una sede que tenga la capacidad de atender a los 10 mil estudiantes que conforman la Universidad?.
Es importante precisar que la inversión no se limita únicamente a la infraestructura física; también abarca aspectos fundamentales como la investigación, el fortalecimiento académico, la dotación tecnológica y el bienestar universitario.Adicionalmente, el presupuesto destinado a bienestar asciende a $6.884.555.152, estos recursos no responden a un plan integral de bienestar, sino que se asignan a programas específicos, lo que limita su alcance y efectividad. El bienestar universitario no puede entenderse como apoyos aislados, sino como una política estructural que garantice condiciones dignas para el desarrollo académico y personal de los estudiantes.
Por ello, consideramos que la financiación a la oferta es la alternativa más adecuada, en la medida en que permite ampliar la cobertura y consolidar programas de bienestar en todas las sedes, beneficiando de manera más equitativa a la comunidad estudiantil, en este sentido, el bienestar debería contemplar, entre otros aspectos: apoyos de alimentación permanentes (comedores universitarios o bonos alimentarios suficientes), subsidios de transporte (permantes para toda la comunidad), acompañamiento psicológico continuo, programas de permanencia y prevención de la deserción, acceso a actividades deportivas y culturales, espacios adecuados para el estudio, guarderías para estudiantes con hijos, conectividad y acceso a herramientas tecnológicas, así como apoyos económicos de emergencia.Así mismo, la situación docente refleja una alta dependencia de profesores ocasionales y de cátedra, quienes tienen contratos temporales, cargas académicas elevadas y poca estabilidad laboral, siendo aproximadamente el 77% de la composición de la nómina. Esta forma de vinculación hace que muchos docentes deban desplazarse entre distintas sedes o incluso trabajar en varias instituciones para completar sus ingresos, ya que se les paga por horas o por períodos limitados. Como consecuencia, se reduce el tiempo disponible para preparar clases, acompañar procesos estudiantiles o desarrollar investigación, afectando directamente la calidad educativa. No se trata solo de dar clase, sino de construir procesos académicos sólidos, algo que se dificulta cuando las condiciones laborales obligan a los docentes a estar en constante movimiento.
Por eso estamos en estado de alerta con el Decreto 0391 del 2025 que habla de la formalización laboral docente, en donde el Gobierno Nacional exige formalizar la planta docente a las universidades con los mismos recursos, los cuales son insuficientes para asumir los costos que implica vincular docentes de manera estable y formal sin afectar otras áreas esenciales de la universidad. Sin una inyección adicional de recursos por parte del Estado, la formalización corre el riesgo de quedarse en una medida formal sin capacidad real de transformación, o incluso de generar tensiones internas, como la reducción de cobertura, el aumento de cargas laborales o el debilitamiento de programas académicos.
Las razones expuestas anteriormente permiten afirmar que la situación actual no es un problema aislado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sino el resultado de una responsabilidad estructural que recae, en gran medida, en el Gobierno Nacional, quien tiene el deber de garantizar mayor financiamiento para la educación de modo que se aseguren condiciones reales de calidad, cobertura y permanencia. No es coherente exigir mayores niveles de calidad, formalización docente, ampliación de cobertura o fortalecimiento del bienestar universitario sin asignar el presupuesto necesario para materializar estos objetivos.
En consecuencia, exigimos al Gobierno Nacional un compromiso real, efectivo y verificable con la educación superior pública, que se materialice en la asignación suficiente y progresiva de recursos y en el mismo sentido, cumpla, junto a la Universidad, los puntos pendientes del pliego de peticiones del 2024. Solo así será posible avanzar hacia una universidad verdaderamente pública, de calidad, incluyente y con condiciones dignas para toda su comunidad académica.De igual manera, es fundamental que las universidades y los estudiantes asuman una posición activa y decidida en la exigencia de mayor financiamiento, visibilizando de manera constante las problemáticas estructurales que enfrentan y gestionando ante el Estado los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento, fortalecimiento y proyección.
Todas estas motivaciones ameritan estudio, discusión, organización unidad y movilización frente a la situación que vive hoy la universidad, pero esta debe ser de forma rigurosa, pacífica y acompañada de las y los estudiantes de las diferentes sedes y programas, que ellas y ellos entiendan los motivos y razones que llevan a la movilización y no se sientan aisladas de ellas. Por eso invitamos al cuerpo estudiantil que articulemos iniciativas que nos permitan exigir la educación que soñamos para todas y todas y nos permitan avanzar hacia procesos organizativos donde las decisiones sean colectivas y con ello, representativas, evitando imposiciones sobre asuntos que no han sido suficientemente socializados, así como la construcción de pliegos estudiantiles que no reflejan el sentir de toda la comunidad.
Si estás de acuerdo con los argumentos aquí expuestos y quieres defender la educación pública, gratuita, científica y verdaderamente de calidad de forma creativa, pacífica y rigurosa, puedes inscribirte aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_51I2kshF-QXQ0tHZwf6JR1jyXFKrMFNORCo4BJ-nTYp5IA/viewform
