Por Nicolás Roa Vargas
En los últimos meses se ha abierto un debate sobre el destino de las licenciaturas gracias a la iniciativa del Ministerio de Educación de modificar, vía decreto, los criterios para otorgar el Registro Calificado a las Licenciaturas. Tal necesidad está justificada en el desorden y la falta de calidad de los programas de formación inicial docente, para lo cual, en opinión del gobierno, se deben volver más rígidos los requisitos para abrir este tipo de programas. Sin embargo, como lo ha dejado claro, la intención del gobierno es profundizar un modelo privatizador sustentado en las orientaciones del Banco Mundial y la OCDE (https://goo.gl/IcBJAq), más no garantizar la calidad en la formación inicial docente.
En Colombia existen 457 licenciaturas, de las cuales solo 56 son acreditadas de Alta Calidad por el CNA (http://goo.gl/EwyNT8), lo que implica que de realizarse la política proyectada en el PND de Santos de cerrar todos los programas que no cuenten con Acreditación, solo sobreviviría el 12% de las licenciaturas. De estas, 38 programas pertenecen a instituciones públicas y 18 a universidades privadas, concentrándose en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle y los Santanderes, lo que devela una gran desigualdad regional. De igual manera, de las 39 universidades acreditadas con Alta Calidad, solo 14 ofrecen programas de formación inicial para docentes.
Frente a este panorama, las propuestas del MEN se dirigen a tratar de organizar la denominación de las licenciaturas y afianzar un criterio instrumentalista de la formación docente. Gracias a la denuncia de la comunidad educativa, se han detenido propuestas tan nocivas como las de unificar licenciaturas, desconociendo la trayectoria de las comunidades académicas. Sin embargo, el debate sobre esta Resolución enmaraña aun mayores implicaciones que las de la titulación.
En primer lugar, el decreto busca afianzar el mecanismo de “garantía de la calidad” establecido por la Ley 30 de 1992, contenido en los procesos de Acreditación y Registro Calificado. Estos son procesos unilaterales que, más allá de la necesaria retroalimentación de la auto-evaluación –que se puede realizar sin necesidad de que el Consejo Nacional de Acreditación la oriente-, buscan imponer la perspectiva del MEN por encima de la de las instituciones, violentando así de forma directa la autonomía de la que debe gozar la universidad. En Argentina, por ejemplo, la comunidad educativa logró dar al traste con este mecanismo para garantizar políticas que involucren al grueso de la comunidad universitaria en la planificación de objetivos comunes, iniciativas que cuentan con el apoyo financiero del Estado (http://goo.gl/9AOjBB). La situación empeora cuando con programas como “Ser Pilo Paga” o las “Becas Docentes” se busca orientar la financiación del Estado, a través de créditos educativos, a las instituciones acreditadas de Alta Calidad –entre las que no se cuenta la UPN-. En resumen, se orienta el devenir académico de las universidades sin generar nuevos recursos para la oferta pública y se viola la autonomía universitaria imponiendo criterios sin tener en cuenta las comunidades académicas.
En segundo lugar, la resolución establece un énfasis falso en la “práctica pedagógica”, exigiendo una cantidad mínima de créditos para este ejercicio. La práctica es, ante todo, un ejercicio donde a través de la transformación de la naturaleza o de la sociedad el conocimiento salta de lo unilateral a lo multilateral, lo que implica un conocimiento a profundidad de la ciencia y de su desarrollo. Por tanto, es un error equiparar la “practica” con simplemente estar en el aula. Peor aún es el panorama cuando esta resolución apunta a afianzar el énfasis en la “Educación por competencias”, lo que implica dejar de lado la posibilidad del desarrollo de la investigación científica y pedagógica necesaria en una formación docente de vanguardia.
En tercer lugar, Santos y Gina Parody, a través de este decreto, buscan resolver el problema de la calidad de las licenciaturas apelando a sus consecuencias en vez de a sus causas, entre las cuales oficia como principal la explosión de programas de licenciaturas de bajo costo y con ánimo de lucro defendidos por el gobierno Santos y el descuido, por parte de la Nación, de su deber de financiar la universidad publica. En países que buscan acoplar su educación al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las fuerzas productivas –es decir, que buscan una autentica educación de calidad- se desarrollan políticas centralizadas de formación de educadores que reconocen la autonomía universitaria, tienen grandes cantidades de inversión publica y fomentan instituciones de vanguardia para llevar la tarea a cabo. Estos son los casos de países como Singapur, Finlandia, Argentina, entre otros (http://goo.gl/ueLV7V). Mientras tanto, en Colombia las instituciones universitarias públicas formadoras de educadores se caen a pedazos ante el abandono estatal, se busca dejar libre el mercado para la llegada de instituciones con ánimo de lucro, que de seguro ven en las licenciaturas de bajo costo una fuente fija de ingresos.
Frente a tales atentados, orquestados por instituciones como el Banco Mundial y la OCDE, la comunidad universitaria, las Facultades de Educación y el estudiantado colombiano debe fomentar el debate, la organización y la movilización para lograr un nuevo esquema de financiación que reconozca los costos crecientes de la educación superior en general y de las licenciaturas en particular y exigir la dignificación de la profesión docente, partiendo por aumentar el presupuesto dispuesto para la educación Solo así podremos lograr cualificar la formación docente y hacer que esta repercuta en el mejoramiento educativo de la nación.
