La crisis provocada por el Coronavirus ha puesto al descubierto el abandono en que los gobiernos neoliberales tienen al sistema educativo en desarrollo de imposiciones que potencias extranjeras y entidades internacionales han determinado para Colombia. A pesar de sus valiosos esfuerzos, los atrasos estructurales del modelo educativo en tiempos de aislamiento social imponen nuevas y costosas cargas sobre estudiantes, docentes, madres y padres de familia, tanto en términos académicos, económicos como de salud.
Iván Duque aprovecha la crisis para reforzar el neoliberalismo como política de Estado y de la que la educación no se escapa. Con la expedición de más de una docena de normas entre decretos y resoluciones más otro número importante de directivas y circulares ha impuesto mayores obligaciones a colegios y docentes, sin garantizar recursos nuevos, sin la participación de las comunidades educativas y sin tener en cuenta las particularidades de cada región. Aplica la ya habitual fórmula: hacer más con lo mismo, e incluso si es posible, con menos.
Con esa pretensión modificó abruptamente el calendario escolar adelantando las vacaciones e impulsó la virtualidad desconociendo que más del 60% de los estudiantes de secundaria del país no tenían ni computador ni internet en casa, presentó la estrategia de Aprende Digital como la herramienta para continuar el trabajo académico, pasando por encima de los gobiernos escolares y violando la autonomía escolar al imponer un currículo único para todas las instituciones, que se caracteriza por estar al servicio de la educación por competencias dejando de lado importantes áreas como las ciencias sociales, la educación física o componentes de las ciencias naturales. En suma, educación precaria para los niños, niñas y jóvenes pero útil para el mercado laboral de un país subdesarrollado.
Si bien fue correcto suspender la presencialidad escolar, Aprende Digital se erige en la práctica como una burla al pueblo colombiano, pues la lamentable realidad demuestra que Colombia no se puede conectar a internet. Evidenciada la brecha digital, las instituciones educativas adoptaron estrategias acordes a las propias posibilidades, los docentes pusieron al servicio sus propios recursos privados, celulares, computadores, internet, material pedagógico, desarrollaron guías y talleres que según las condiciones de las familia, las han hecho llegar llegar por whatsapp, correo electrónico y/o en físico y donde ha sido tecnológicamente posible se han mantenido encuentros sincrónicos o clases virtuales a través de distintas plataformas. Sin embargo, pasados 2 meses y medio del cierre de los colegios, millones de estudiantes no se han podido conectar a clases, y quienes lo han hecho han tenido que sufrir las variadas dificultades que ello significa.
Ante las condiciones que Duque le impone a la educación primaria, media y básica el malestar e incertidumbre de las comunidades escolares es cada día mayor. En días pasados anunció mediante la Directiva Ministerial 11 el regreso a las clases presenciales a partir del 1 de agosto. Retornar a la actividad académica presencial hoy no es una opción puesto que hay alta incertidumbre sobre lo que suceda desde ahora hasta esa fecha.
Las instituciones con recursos limitados y hacinamiento, producto de la histórica desfinanciación y ausente asignación de nuevos recursos durante la emergencia y la dinámica propia de la actividad escolar, no tendrían como garantizar, las dos únicas medidas que han demostrado ser efectivas para evitar la propagación del COVID-19: el distanciamiento social y una estricta higiene. Obligar al retorno a las aulas de más de 8 millones de estudiantes, 320.000 maestros y 12 millones de padres de familia sin condiciones de bioseguridad, es condenar a las comunidades educativas al contagio masivo. Desde el transporte escolar, los horarios, la infraestructura general y de baterías sanitarias, espacios comunes, salones de clase hasta el número de estudiantes por aula, por maestro y por jornada deben ser materia de revisión y ajuste previo a la toma de cualquier decisión sobre la presencialidad. Ejemplos internacionales en Francia, España y Corea del Sur, por mencionar algunos, demuestran cómo tal imprudencia generó nuevos brotes de contagio obligando de nuevo al cierre de las instituciones educativas.
En Colombia llegamos a más de 35 mil contagios. Entre el 11 de mayo y el 31 de mayo, sólo 20 días, el número de infectados creció en Colombia 165% en comparación con los dos meses anteriores, mientras que el crecimiento de muertes ha sido de 96% en comparación de los dos mismos periodos. Entre tanto el gobierno abandonó a su suerte a la inmensa mayoría de colombianos que sin auxilio gubernamental tienen que romper el confinamiento para subsistir.
La crisis provocada por el Coronavirus no puede ser descargada sobre el derecho a la educación de más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, tampoco sobre 300 mil maestros, o sobre padres y madres de familia. Exigimos al Gobierno de Duque adoptar medidas urgentes y contundentes para garantizar la educación como derecho fundamental, respetando la autonomía escolar y brindando los recursos que permitan a las instituciones educativas, los estudiantes y los maestros avanzar en los procesos académicos y pedagógicos sin detrimento de las condiciones laborales de los docentes ni poniendo en riesgo la salud de las comunidades educativas.
Hoy más que nunca la Organización Colombiana de Estudiantes llama a las comunidades escolares a unirse en torno a la defensa de la educación como derecho y contra la profundización de la política neoliberal de Duque.
