Reforma a la Ley 30 en el gobierno del «cambio»: los puntos sobre las IES.

A la luz de las propias cifras oficiales, resulta irrefutable que pasadas más de tres décadas de la aplicación del libre comercio en Colombia, todos los renglones de la economía y la vida nacional, sufrieron graves impactos y en especial, retrocesos en materia de derechos -cómo en la educación superior- cuyos lineamientos se establecieron en la Ley 30 de 1992 -que hoy exigimos reformar-, promovida por el presidente César Gaviria, en el marco de su tristemente célebre «Plan de Apertura Educativa». Dicha norma se insertó en un paquete de reformas -por ejemplo las leyes 100/93 y 142/94- que dieron paso a inversiones de poderosísimas empresas transnacionales en el país y, como no podía ser distinto, imprimieron la lógica del negocio para atender los principales derechos y garantías sociales.

Desde entonces, las reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil colombiano, en sus distintas oleadas de organización y movilización -la MANE en 2011 y el Paro Nacional Estudiantil de 2018, por citar dos ejemplos destacados-, han acertado en poner sobre la mesa la urgencia de revertir los impactos negativos del actual modelo educativo. La explicación fundamental a los problemas generados por dicho enfoque -que hoy nos tiene inmersos en una profunda crisis-, reside en que la definición política del Estado frente al sector, fue congelar los recursos públicos que se requieren para garantizar alta calidad, cobertura, investigación, bienestar universitario y demás aspectos, en el marco del esquema de financiación adoptado en sus artículos 86 y 87 (1).

Es decir, se amarró de manera inconveniente para los intereses de la educación pública -como parte de las políticas de apertura- la destinación de recursos a las Universidades a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando está probado por la comunidad universitaria y los análisis económicos, la existencia de un esquema de costos marginales crecientes de la educación en todos sus niveles, dado que la canasta de necesidades de las Universidades Públicas aumenta progresivamente, para la atención de los objetivos misionales de cualquier claustro. En resumen, un modelo que obliga a dichas instituciones a tener que hacer más con la misma plata.

Esto se traduce en que en la actualidad el Sistema Universitario Estatal (SUE) calcule una deuda histórica acumulada de más de 18.2 billones de pesos y que las Universidades Públicas deban volcarse a conseguir -con medidas propias de las privatizaciones- cerca del 48% de los recursos que necesitan para su funcionamiento, revirtiendo la tendencia que existía antes de 1992, cuando el 77 % de dichos recursos provenían del Estado. No resulta extraño entonces, que en un país que genera menos de 6000 mil dólares de riqueza por habitante y donde cerca de 1.2 millones de jóvenes se encuentran desempleados, los niveles de deserción en educación superior con corte en 2021, fuesen del 46% para universidades y 50% para ITTUs (2). Prueba irrefutable de un modelo de educación superior que reproduce el subdesarrollo y la pobreza.

Paradójicamente, mientras la educación superior pública se desmorona, un grueso importante de los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) se liberan anualmente acatando los lineamientos del BM, el FMI y la OCDE, para el pago del servicio de la deuda -72 billones de pesos en 2023, equivalente al 16% del PIB- y asimismo al fortalecimiento del subsidio a la demanda a través del crédito educativo. Solo este año, el presupuesto del ICETEX fue de 5,67 billones de pesos, de los cuales 3.8 billones serán aportes de la nación y que si se compara, es casi igual al presupuesto de las 34 universidades públicas del país juntas. Así pues, el ICETEX no se concibe como un instrumento auxiliar -con recursos significativamente menores en relación a la oferta pública y sin capitalización de intereses-, sino como la columna vertebral de la política educativa. Aspectos que tampoco han variado ni dan señales de «cambio» estructural en el actual gobierno de Gustavo Petro.

Tras su posesión el 7 de agosto de 2022, lo que deja la agenda del Gobierno Nacional, más allá de los anuncios de «cambio» calculados para engañar y la tendencia al incumplimiento, son medidas que mantienen en lo fundamental los enfoques implementados desde 1990. El PND extiende la Financiación Contingente al Ingreso (FCI). Frente al reglamento operativo de la Política de Gratuidad, empeora la de Duque y el Proyecto de Ley «Matrícula Cero» aprobado por su bancada en el Congreso, no es realmente universal para estudiantes de las IES Públicas y está condicionada a si existe disponibilidad presupuestal -Marco Fiscal y de Gasto de Mediano Plazo- del Gobierno Nacional. Y para el caso de ICETEX, los hechos dan cuenta de la insuficiencia de los «auxilios» de Petro y Mauricio Toro y el mantenimiento de la capitalización de intereses sobre intereses.

En ese contexto, se enmarca el debate a la reforma a la Ley 30 del actual gobierno, al que se debe agregar la actitud antidemocrática del presidente de ordenar el 20 de Junio de 2023, que «todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio» (3). Comportamiento que refleja no solo un atropello a la independencia del movimiento social -que se le volvió costumbre minar-, sino que dificulta la creación de un método y escenario con reglas claras de debate y vinculatoriedad, para con el concurso de los distintos actores de la educación superior, definir criterios y plantear los puntos de vista existentes.

Así las cosas, representa un error garrafal en el debate sobre la política en materia de educación superior del gobierno de Petro, conciliar de manera directa o encubierta, con la equivocada tesis de hipotecar la independencia y autonomía de las organizaciones gremiales y demás actores del sector, sobre la base de respaldar un proyecto de reforma a la Ley 30 del que en términos oficiales no se conoce contenido preciso y que incluso pudiera descargar la crisis sobre las IES públicas y los bolsillos de las familias, cómo sucedió en materia tributaria, laboral y pensional. Además, en términos metodológicos, la regla general en los limitados y poco vinculantes «diálogos permanentes del MEN», ha sido la improvisación y premura tras la definición de Petro de darle «órdenes» al movimiento estudiantil, y que la Ministra Aurora Vergara ejecuta al pie de la letra.

En ese sentido, señalamos que cualquier iniciativa de reforma a la Ley 30, debe empezar por reconocer la educación superior bajo un enfoque de derecho fundamental y esto se encuentra inexorablemente ligado a su plena financiación por parte del Estado, que tiene el principal músculo presupuestal y responsabilidad para su funcionamiento, pues la garantía de Derechos tiene como condición su financiación adecuada, de lo contrario son simples consignas vacías. La reforma a la educación superior que demanda el país debe darse en el marco de la profundización de la democracia y autonomía universitaria, frente al gobierno nacional, territorial y demás actores que intervienen en el sector.

Otro elemento esencial de la Reforma a la Ley 30 que exige el momento actual, es reconocer la existencia del déficit histórico de las Universidades Públicas, aumentar los recursos de la base presupuestal en consonancia con los costos reales de la educación en los que el SUE ha identificado como variables principales: la productividad de los docentes, el aumento de docentes y administrativos, nueva infraestructura y el aumento de la cobertura. Por supuesto, este respaldo presupuestal del gobierno nacional debe generar las condiciones para implementar adecuadas políticas de salud mental y los protocolos de AVBG.

Cabe recordar que para el caso de las ITTUs, se debe asignar una partida presupuestal que garantice plena financiación desde el gobierno nacional. Así las cosas, los criterios que den sustento a la ampliación de cobertura, no pueden adelantarse sacrificando la calidad ni sobre la base del chantaje a las universidades violando la autonomía universitaria. Nos preocupa la poca seriedad con la que se asume la creación para el cuatrienio de 500.000 mil nuevos cupos sin clarificar los respectivos aumentos a las bases presupuestales. Es más, tras un año de gobierno no se ha creado ni un solo nuevo cupo y para 2023, se les adeuda a las Universidades «cerca de 160 mil millones de pesos correspondientes al artículo 86 de la actual Ley 30» (4). Conviene en este contexto, abrir el debate sobre la creación de un fondo nacional para cerrar las brechas de infraestructura que existen en las universidades y que evidencian su atraso.

Todos los necesarios esfuerzos por avanzar en materia de educación pública, bajo ninguna circunstancia deben implicar o insinuar poner en entredicho la existencia de la iniciativa privada en la educación superior ni su autonomía. Sin embargo, bajo los lineamientos de la economía de mercado y el diseño constitucional del Estado, tampoco puede tolerarse la aplicación de la lógica del ánimo de lucro en ninguna IES privada o pública, ni tampoco en entidades como ICETEX. Este énfasis, implica que se le otorgue un carácter auxiliar, se elimine la capitalización de intereses y sus recursos de ninguna manera sean mayores a los aumentos que se le realicen a las IES Públicas.

Adicionalmente, señalamos que la educación en todos sus niveles, pero especialmente el superior, debe servir para orientar a Colombia en la senda del progreso técnico-científico, ampliando con las fronteras del conocimiento de la humanidad y propiciando su avance, y esto implica la adecuada financiación de la ciencia y la tecnología, que en términos históricos ha estado por debajo del 0,3 % del PIB y que tras la publicación del presupuesto definitivo de 2023 (después de la adición), ocupó el penúltimo lugar en asignación (5). Asimismo, desarrollar una política de gratuidad real en Pregrado y Posgrado como base de dicho progreso. Con acierto y enmarcado en el criterio democrático de la soberanía nacional, sostiene Rodolfo Llinás: «La ciencia es tan importante para un país como su ejército». Un país atrasado, es un país vulnerable.

Cualquier propuesta sensata de «cambio» para construir una reforma a la Ley 30, con criterios que permitan garantizar financiación estatal plena -eje transversal de la cobertura con calidad, investigación, permanencia, bienestar universitario, entre otras reivindicaciones que el actual modelo no resuelve-, debe reconocer la pluralidad de voces y actores de la comunidad universitaria -rectores, profesores, organizaciones estudiantiles, trabajadores del sector, etc-, y propiciar escenarios con reglas claras y compromisos reales de vinculatoriedad en las definiciones.

Hacemos un llamado a organizarnos en espíritu de unidad y amplitud, para esclarecer las ideas que en verdad le sirvan a la educación superior y al país -en una época de grandes confusiones- y acumular la fuerza que todos los cambios verdaderamente democráticos requieren.

Referencias

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