Son 72 las sedes de Instituciones de Educación Superior públicas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, según el MEN.¹ Más de 120 mil estudiantes han sido afectados; de estos, 90 mil aún se encuentran en suspensión de actividades académicas debido a las malas condiciones de infraestructura.
En medio de esta crisis, el presidente Abelardo De La Espriella y su ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, anunciaron que el Fondo de Fomento de las Instituciones Educativas (FFIE), que está dirigido a proyectos de infraestructura de educación básica y media, se ocupará también de atender a las IES afectadas.
Después de mes y medio del terremoto, las IES, y en especial la Universidad Tecnológica de Pereira, no han recibido ningún recurso adicional del Gobierno de la “patria milagro”. La situación es más grave si consideramos que el Consejo Superior Universitario lleva más de un mes sin sesionar y sin que su presidente, quien es el delegado del Ministerio de Educación Nacional, lo haya citado. ¿Cómo puede desentenderse el máximo organismo en medio de la tragedia?
En respuesta a un derecho de petición radicado por la OCE, la administración señala que solo hubo anuncios sobre apoyos y reuniones con el Gobierno nacional, más no hay giros presupuestales hasta la fecha.² Se cuenta que la atención de los daños de la UTP cuesta 3.489 millones, recursos que se asignaría a partir del recorte de partidas establecidas en el presupuesto actual para atender otras necesidades. Lo anterior, sin considerar los recursos que encuentran en trámite de reclamación ante las dos aseguradoras que cubren la infraestructura de la UTP
Esta cifra se calcula a partir de los gastos en las obras de mitigación, habilitación y reparación; los equipos dañados durante el sismo; la capacitación docente y los equipos tecnológicos que se adquirieron para los estudiantes con el objetivo de desarrollar la virtualidad. Los recursos que se espera recaudar provendrían de la “redirección” de 1.400 millones que ya estaban contemplados en el presupuesto de la vigencia 2026, así como de 2.400 millones que esperan salir del PDI 2020-2028.³ Esto quiere decir que la UTP asumirá, pese a la desfinanciación que ya venía atravesando, el peso presupuestal de la atención a la crisis.
La UTP, que ya se encontraba coja por la desfinanciación, ahora está en ruinas y en el abandono estatal, quedando inmovilizada para atender sus necesidades. Aún hay muchos estudiantes que, pese a las solicitudes, no cuentan con equipos electrónicos; tampoco se les han entregado las SIM con paquetería de datos. No hay claridad sobre los auxilios socioeconómicos, como el bono de alimentación, y se nota la ausencia de las garantías académicas, con la orientación de una flexibilidad académica que se impuso sin criterios claros sobre sus implicaciones.
A esto se le suma la posición de la administración del rector Luis Fernando Gaviria de no extender el calendario académico, con el propósito de evitar gastos adicionales. Esta decisión es un atropello directo a la calidad e implica un recorte de al menos dos semanas de remuneración para los docentes catedráticos.
Por eso, desde la Organización Colombiana de Estudiantes promoveremos una firmatón por la educación superior, en la que exigimos al Gobierno nacional la entrega de recursos financieros adicionales para la atención de la calamidad que aqueja a las IES, en especial los 3489 millones para la UTP; recursos y acciones concretas para atender el problema de la infraestructura, así como todas las condiciones integrales de bienestar que comprendan desde asegurar vivienda, alimentación y conectividad, para garantizar la calidad que se necesita para la permanencia y el desarrollo de las actividades académicas.
Hacemos un llamado a todo el estudiantado, trabajadores y docentes, así como a la sociedad risaraldense, a que nos unamos para el rescate de la UTP.
¹ Decreto 1421 de 17 de septiembre de 2026.
² Derecho de petición radicado con oficio no. 068 de 2026.
³ Lo anterior todavía no se ha aprobado; está en un proyecto de acuerdo del CSU, según lo expresado en la respuesta al derecho de petición.
