Saltan las alarmas en las Instituciones de Educación Superior Públicas y en la comunidad académica por los notorios incumplimientos del gobierno nacional a sus compromisos con la “política de gratuidad”. Son muchos los autobombos de los que a diario se ufana el Ministro de Educación, Daniel Rojas, desde su despacho en la red social X, pero retumba el silencio por el viacrucis que cada semestre viven las IES por el no giro oportuno de los recursos.
El movimiento estudiantil siempre ha entendido la gratuidad en la matrícula como un primer paso hacia el fortalecimiento de la educación pública, universal, gratuita y de alta calidad. Sin embargo, esto no implica que no existan inconvenientes en los criterios que orientan actualmente dicha política. A su vez, el hecho de que forme parte de la agenda pública tiene que ver, entre otros, con movilizaciones masivas, creativas y pacíficas, como las del Paro Nacional de 2019 y 2021, respectivamente, y no como un regalo de los gobiernos de turno.
Al revisar la Ley 2307 de 2023, el Decreto 2271 de 2023 y demás normas, se debe precisar que la política de gratuidad no es universal ni incluye posgrados. Además, se reafirma la focalización, se define la cofinanciación de los entes territoriales y se supedita a la ortodoxia fiscal de organismos como la OCDE. Por otra parte, el ministro Rojas no ha clarificado la relación entre los recursos asignados por el MEN a las instituciones y los ingresos promedios de matrícula en pregrado que tenían las 67 IES públicas vinculadas a corte de 2023.
Aún así, el gobierno nacional es proclive al incumplimiento y ni siquiera asume sus compromisos. El Sistema Universitario Estatal (SUE) denunció en septiembre que no se les había girado cerca de 1 billón de pesos de la política de gratuidad, lo que les generó problemas de liquidez. Posteriormente, en noviembre, el Observatorio de la Universidad Colombiana informó que el viceministro de Educación Superior dijo no tener certeza de cómo cubrir estos rubros. La irresponsabilidad es tal que, al igual que con ICETEX, se pasan la pelota con el Ministerio de Hacienda y descargan la crisis sobre las familias y las IES públicas.
Esto no solo genera problemas administrativos, sino que agrava la situación presupuestal de las IES públicas, que acarrea un déficit de 18 billones de pesos, se autofinancian en 50 de cada 100 pesos y no ven avances en la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Debido a los faltantes para terminar el año, muchas están siendo condenadas a endeudarse, como denuncia la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET). Tras los incumplimientos, deben asumir costos operacionales e intereses que el gobierno no reconoce ni compensa. El panorama pinta oscuro y el Ejecutivo las sigue asfixiando.
Aunque se omita, en la base del problema educativo está el mediocre comportamiento de la economía nacional. Según el Banco de la República, el crecimiento fue de tan solo un 0,3 % el año pasado y para 2024 se estima en un 1,9 %. Colombia solo genera 6,900 dólares de riqueza por habitante, 11,7 veces menos que EE. UU. Sin crear mayores fuentes de empleo y riqueza, seguiremos padeciendo el síndrome de la “cobija corta”, donde el tamaño de las muchas necesidades del país no se cubre con solvencia. En lo que sí cumple con disciplina Petro es con el pago del servicio de la deuda, que asciende a 94.5 billones de pesos este año.
Las dificultades de la economía y del sector educativo, en especial en la política de gratuidad, saltan a la vista. No contribuye en nada al avance de más conquistas democráticas para el movimiento estudiantil el que se asuma una actitud de “comité de aplausos” por parte de algunas organizaciones gremiales ante los cantos de sirena del gobierno, que, entre otras cosas, no revierte el neoliberalismo al que nos hemos opuesto. Ni hablar de que se sumerge cada vez más en un mar de clientelismo y corrupción que repugna; y lo peor, a nombre de las banderas del “cambio”. ¡Esa no fue nuestra actitud en otros gobiernos!
