Camilo Díaz Vásquez. Politólogo y candidato a magister en economía de la Universidad Nacional de Colombia
Los colegios en concesión fueron introducidos en el país en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. Se definen como una alianza público-privada en la que el Estado pone la infraestructura, la dotación y el mantenimiento y le entrega la administración a un operador privado otorgando un rubro por estudiante que -se espera- cubra el costo medio por alumno (Donald Brent & Termes López, 2018). El Plan Distrital de Desarrollo del Gobierno de Claudia López, aún en discusión en el concejo de la capital, rompe con esta tradición capitalina y le apuesta a la educación pública.
De acuerdo con Globalization Education and Social Policies Research (2014), esta modalidad nació en Estados Unidos donde se les conoce como charter schools; George Bush los impulsó alegando una supuesta superioridad de la gestión privada y aprovechando una fuerte campaña de desprestigio hacia la educación pública y su rápida expansión en Norteamérica se debió al amplio apoyo bipartidista del Partido Republicano y Demócrata. De hecho, fue Barack Obama quien dispuso la reglamentación que aseguró que el modelo llegara a todo el país. En Colombia, particularmente en Bogotá, pasó algo muy similar, los colegios en concesión contaron con el respaldo de alcaldías como las de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro. Peñalosa en su primer gobierno las implementó y en el segundo las amplío, y Petro, teniendo la oportunidad de revertirlas, prorrogó 22 contratos.
Colombia acogió con entusiasmo esta forma de privatización y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo defendieron el caso colombiano como un ejemplo exitoso (Donald Brent & Termes López, 2018). Sin embargo, contrario a la propaganda de este banco, cuando se tiene en cuenta que los colegios en concesión tienen jornada completa, no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a los colegios públicos en las pruebas del ICFES (Globalization Education and Social Policies Research, 2014, p. 68). Entonces, ¿por qué la banca y los organismos multilaterales aplauden las concesiones? Porque vuelven más barato el servicio a costa de la precarización laboral del personal docente (Termes López et al., 2017). La política que le imponen estos organismos multilaterales a nuestros países es envilecer la educación pública para así justificar la privatización.
El Plan de Claudia se centra en fortalecer a la educación pública: proyecta la construcción y la adecuación de 20 infraestructuras de colegios públicos que, a diferencia de Peñalosa, no serán entregados en concesión, aumentará la cobertura en los tres niveles de preescolar pasando a una oferta del 100% en grado transición, 90% en jardín y 10% en pre-jardín. Además, incrementará un 33% el presupuesto para educación respecto al Plan de Peñalosa. Claudia le apuesta a la educación pública y esta decisión es correcta, y uno de sus mayores aciertos es que antes de ser electa realizó con el magisterio el pacto por la educación que ahora es base de su plan de desarrollo.
Referencias
Donald Brent, E. J., & Termes López, A. (2018). Los colegios en concesión de Bogotá: los límites de la eficiencia económica de los programas chárter. Revista Colombiana de Educación, 1(76), 91–116. https://doi.org/10.17227/rce.num76-6891
Globalization Education and Social Policies Research, G. (2014). The emergence and impact of Public- Private Partnerships in Colombian Education : The case of ‘ Colegios en Concesión ’ in Bogotá (Issue December). Universidad Autónoma de Barcelona.
Termes López, A., Verger, A., & Bonal, X. (2017). Mitos Y Asunciones De Las Escuelas Chárter: Un Análisis De Los Colegios En Concesión De Bogotá. Educação & Sociedade, 38(141), 911–934. https://doi.org/10.1590/es0101-73302017173097
