Manuel Martinez, Polo Joven – Bogota, Febrero 13 de 2013
Han sido reiterativos los argumentos del gobierno de Juan Manuel Santos en los últimos proyectos de reforma tributaria y pensional, que se suman a los repetidos por Uribe en la reforma laboral del 2003. No es coincidencia que a la hora de abordar temas en materia laboral, la inequidad y la cobertura sean las razones para justificar reformas que al contrario de solucionar problemas estructurales, profundizan en las causas de los mismos.
El panorama del mercado laboral en Colombia es preocupante: las tasas de desempleo, muy superiores al promedio de América Latina y los países de la OECD, no han disminuido significativamente y se mantienen en dos dígitos, a pesar de los anuncios victoriosos del gobierno sobre los resultados de los últimos meses del 2012. La informalidad llega al 60% de los trabajadores y un tercio de ellos declara estar subempleado. Las mujeres y los jóvenes tienen unas enormes barreras de entrada al mercado laboral y los que logran acceder a él lo hacen en condiciones laborales precarias.
Las justificaciones teóricas que los neoliberales le han dado a esta situación parten del supuesto de que en Colombia los costos laborales salariales y no salariales son extremadamente altos y generan dificultades para la contratación formal de trabajadores calificados e incentivos para la informalidad de los menos calificados. Las reformas presentadas parten de este diagnóstico equivocado y por lo tanto, pretenden curar la enfermedad con dosis más elevadas de la misma medicina.
La política salarial, la flexibilización laboral, la reforma tributaria y ahora la pensional componen las cuatro piezas fundamentales del rompecabezas laboral de carácter neoliberal del gobierno de Juan Manuel Santos. Cada una está enfocada en cumplir los dictámenes del Banco Mundial y la OECD, resumidos en el último documento para Colombia, de enero de 2013, en el que se definen las políticas económicas que tendrá que cumplir a cabalidad el gobierno.
En dicho documento se expresan las siguientes “recomendaciones” (léase imposiciones): “Reducir los costos laborales no salariales sumamente elevados mediante la aplicación de la reforma tributaria prevista y una mayor reducción de las cotizaciones a la seguridad social y otros pagos obligatorios relacionados con el trabajo. Evitar aumentar el salario mínimo por encima de la inflación de los precios. Los costos laborales no salariales deberían reducirse. La dependencia de las cotizaciones a la seguridad social para financiar las políticas redistributivas (por ejemplo, la atención sanitaria para los pobres, los subsidios familiares y la asistencia social para personas mayores) o las actividades comerciales (por ejemplo, los teatros y centros comerciales que son propiedad de las Cajas de compensación – entidades privadas sin fines de lucro) debería replantearse, dadas sus consecuencias involuntarias en la creación de empleo formal.” Queda claro que en Colombia se han cumplido al pie de la letra cada una de las orientaciones de los organismos multilaterales de crédito.
Los incrementos salariales se han mantenido muy por debajo de la productividad, disminuyendo la participación del trabajo en la producción y ampliando la brecha salarial y la desigualdad del ingreso. La flexibilización laboral, que se presentó como la solución a los problemas de desempleo e informalidad, no arregló el problema y por el contrario propició la sustitución de mano de obra nacional por bienes de capital e intermedios importados, con orígenes en la apertura económica y la burbuja revaluacionista de la inversión extranjera.
La reforma tributaria se dirigió en ese mismo sentido, eliminando parte de los parafiscales, disminuyendo los costos de contratación y sustituyéndolos por impuestos a las utilidades. También aumentó las cargas a la clase media y baja por medio del cobro del impuesto de renta a trabajadores con salarios superiores a 3.5 millones de pesos. Los beneficios y exenciones tributarias se concentraron en los monopolios y trasnacionales, que celebraron con bombos y platillos la aprobación de dicha iniciativa en los últimos días de diciembre.
A este rompecabezas laboral le hacía falta una pieza fundamental: reformar el sistema pensional. El Banco Mundial escribe al respecto: “Hacer menos regresivo el sistema de pensiones y ampliar su cobertura. Para ello será necesario: reducir el subsidio implícito de pensiones retrasando la edad legal de jubilación y prolongando el período de referencia de los ingresos; reconsiderar el requisito de que las pensiones sean, al menos, iguales al salario mínimo; abolir los regímenes especiales; vincular las pensiones a los precios en lugar del salario mínimo; eliminar la desgravación fiscal para las pensiones y aplicar los beneficios económicos periódicos, BEPS, para ofrecer cobertura a 6 millones de ancianos pobres en los próximos 20 años. Deberían estudiarse opciones para aumentar el programa de protección social al adulto mayor (PPSAM)” . La reforma presentada por el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, parece una copia minerva de esta recomendación.
En términos generales, el sistema pensional colombiano tiene dos grandes problemas estructurales que hicieron insostenible el régimen de prima media, basado en la solidaridad intergeneracional entre los trabajadores viejos y jóvenes: por un lado, la informalidad y desempleo en el mercado laboral y por el otro, la aplicación de la Ley 100, que promovió con una falsa propaganda el traslado de miles de afilados del régimen público a los Fondos Privados de Pensiones, FPP. Estos dos aspectos quebraron el sistema y lo volvieron altamente inequitativo: la proporción afiliado-pensionado, bajo entre 3 y 2, mantuvo una cobertura del 27%, concentrada en los estratos altos (cerca del 50%) y en los bajos tan solo el 4% del total de pensionados. Los aportes percibidos por los pensionados de los FPP tan solo llegan al 40% del promedio del salario de los últimos 10 años de cotización, mientras que en el público era posible llegar hasta el 75%. Estas exigencias llevaron al Estado subsidiar el sistema público en cerca de 24 billones de pesos para mantener el régimen de prima media. Además, en 1992 el gobierno le debía al Instituto de Seguridad Social, por concepto de aportes de trabajadores sociales, cerca de 60 billones de pesos según diversos cálculos actuariales. Las soluciones en un momento fueron el aumento de semanas de cotización y de la edad de jubilación unida a una disminución de los años de la misma. Los efectos no fueron los deseados y el sistema se mantuvo insostenible.
Las soluciones hasta ahora plasmadas en la reforma, apuntan a seguir en la misma lógica y ‘corregir’ las manifestaciones y no las causas estructurales del problema. Sin entrar en detalle, se plantea el objetivo de aumentar la cobertura al 85%. Para ello se eliminará el subsidio a los que coticen por encima del mínimo, es decir, fomentar el ahorro individual de los trabajadores, que al igual que en los FPP, tan solo reciben unos cuantos rendimientos financieros de sus aportes. Esto motivará la mayor concentración en los FPP que en la actualidad, solo 2 grandes grupos tienen el 80% de los afiliados. La meta de cobertura en principio es dudosa, ya que pretende aumentar, como se dice en el documento del BM, aumentar en 6 millones de pensionados con beneficios económicos periódicos y apoyos a la tercera edad.
Los efectos predecibles de la reforma serán principalmente el marchitamiento progresivo hasta la eliminación del régimen solidario de prima media y el aumento de las desigualdades estructurales del sistema. Además, no permitirá que los afiliados obtengan una pensión que corresponda siquiera a la mitad del ingreso, no asegurará la pensión mínima, no evitará la quiebra del sistema público y va a seguir restringiendo el acceso de los estratos menos favorecidos.
Queda en absoluta evidencia que las razones principales que han llevado al gobierno de Juan Manuel Santos a adelantar de manera acelerada estas reformas son las presiones e imposiciones del BM y la OECD. Con esta reforma pensional queda completo el rompecabezas laboral de este gobierno en materia laboral, que como marco tiene un modelo económico montado sobre la inversión extranjera, la ‘felicidad inversionista’ y el libre comercio a ultranza. Es de esperarse que este rompecabezas sea exhibido en el mundo para seguir vendiendo al país como lo dijo el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el Foro Económico Mundial hace unas semanas.
La solución tiene que estar enfocada en fortalecer el régimen solidario de prima media y garantizar las pensiones con nuevos afiliados al régimen público, de lo contrario, se avanzara en el ahorro individual concentrado en 2 grandes grupos de Fondos de Pensiones Privados, profundizando en la privatización del sistema, manteniendo la desigualdad y la baja cobertura. También se tiene que avanzar en una política de empleo que corrija el desempleo y la informalidad estructurales, para ello se recomienda elevar el gasto público e incentivar la demanda efectiva por medio del ahorro y consumo. Los trabajadores, empresarios, estudiantes, jóvenes trabajadores y demás colombianos tienen el deber de unificarse en torno a un programa que defienda estos derechos democráticos, oponerse de manera férrea a este rompecabezas impuesto y desnudar la naturaleza del Gobierno de Santos por medio de la movilización social y democrática.
