Recientemente, el gobierno de Gustavo Petro, a través de los Ministerios de Educación y del Trabajo, anunció la expedición del decreto 0391 de 2025, por medio del cual se exige adoptar planes de formalización laboral al interior de las IES públicas del país. La medida, lejos de atender las reivindicaciones históricas de los distintos estamentos, contiene mucho de demagogia e incluso de libre comercio, dado que puede terminar profundizando la crisis estructural de la educación superior pública ante la falta de presupuesto.
Las opiniones frente al decreto ameritan, por lo menos, dos precisiones. Por un lado, el gobierno nacional no garantiza recursos nuevos del PGN para su implementación y, a su vez, yerran quienes insinúan que pasar a formas de contratación con mayores garantías y estabilidad atenta contra tendencias internacionales y la competitividad. Ambas ideas son regresivas, porque no se puede avanzar en la formalización laboral sin los recursos suficientes y porque, además, dicha bandera, que tampoco recoge como es debido el Ejecutivo, es necesaria para estimular la economía nacional y los ingresos de los hogares.
El panorama para docentes y administrativos es complejo. El presidente del SUE, Jairo Torres, explica que el personal docente se compone de un 31,3 % de planta, un 27,1 % ocasionales y un 41,6 % de cátedra, y que llegar al 70 % de docentes de planta cuesta $3 billones adicionales. Además, a corte de 2023, hay 55 mil administrativos y hace falta detallar su composición en la vinculación. En la actualidad, las universidades públicas tienen un déficit de $19 billones, se autofinancian en un 50 % y sus ejecuciones presupuestales reflejan que crecen 6,4 puntos adicionales al IPC en gastos de personal que no financia la nación. Lo peor es que todo indica que no habrá reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
Dicho decreto, que además establece condiciones que ponen en entredicho la autonomía universitaria, tendría muy lesivas implicaciones. El Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente advierte sobre tres escenarios poco deseables: realizar planes raquíticos ante la debilidad presupuestal; sacrificar otros objetivos misionales; y aumentar el autofinanciamiento. Conviene preguntarse: ¿Podrá la Universidad de Antioquia formalizar cerca de 6,000 docentes con un déficit acumulado de $340 mil millones? ¿Cómo costeará sus planes la RedTTU, que ni siquiera tiene base presupuestal? ¿De dónde saldrán los $226 mil millones anuales que la Universidad Nacional calcula que requiere para tal fin?
No se puede valorar la educación al margen de la economía. Un país con un capitalismo de escasos USD 7,000 de riqueza per cápita al año no puede garantizar los costos crecientes de la educación y, en lo medular, Petro sigue la ruta del neoliberalismo. Con acierto, afirma el exsenador Jorge Robledo que Colombia sufre el síndrome de la cobija corta; si se cubre arriba, le da frío abajo y viceversa, como prueban los incumplimientos en este y otros sectores. Así las cosas, urge la mayor unidad para impedir que se tomen medidas que, a la larga, agraven la crisis y no perder de vista que, sin generar fuentes de empleo y riqueza, la educación y las garantías de sus trabajadores estarán condenadas a la mala calidad.
