Bogotá, 29 de Agosto. Camilo Díaz, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UNAL
La mayor dificultad que enfrentan las universidades públicas es la ausencia de financiación. En 10 años se disminuyeron sus recursos un 28%, reforzando una política de desfinanciación que lleva más de 20 años y que hoy deja a estas instituciones con un déficit que supera 5 veces su presupuesto actualmente asignado por el Gobierno. Entre tanto, la política impuesta por el Banco Mundial ha sido que las universidades públicas “diversifiquen sus fuentes de financiación”, es decir, que consigan recursos privados por su cuenta. En efecto, en la UN la mitad de los recursos son autogestionados (cuando antes sólo eran el 15%), que provienen principalmente de la venta de servicios y el cobro de matrículas. Éste es un esquema a todas luces insuficiente; la UN por ejemplo, tiene un déficit de infraestructura en la Sede Bogotá de 2 billones (casi el presupuesto de todas las universidades públicas) o el déficit de planta docente que asciende a 2375 profesores, es decir, que por cada 10 docentes actualmente existentes hace falta contratar otros 9.
Este modelo en últimas deteriora la calidad de la universidad y a la larga contribuye a justificar la inversión privada. Es así que el Banco Mundial en su último informe impone a Colombia “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado” y anota que “la única manera de hacerlo es recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor”. Camino ya recorrido por la Universidad Complutense de Madrid, donde multinacionales como Telefónica o Lehman Brothers, invierten directamente en la universidad y por eso tienen asiento en el gobierno universitario.
Es evidente que no es casualidad que en un país donde el 80% de la inversión extranjera en hidrocarburos es norteamericana, 2 de cada 3 de las primeras 100 empresas están ligadas o pertenecen al capital extranjero (100 empresas que generan el 86% de las utilidades en todo el país), Santos haya ratificado el TLC con Estados Unidos y con ello abra la posibilidad a la entrada de transnacionales de la educación superior; como ocurrió en Brasil y México, quienes paralelo al deterioro de las universidades públicas y al incremento de los créditos como los del ICETEX, permitieron la entrada de multinacionales de la educación superior -con ánimo de lucro- a su país.
Tanto el ánimo de lucro, como el incremento de los créditos del ICETEX, como las universidades mixtas (público-privadas), estaban contemplados en el fallido proyecto de ley 112 de 2011 de Santos, reforma nefasta que el Presidente intenta reencauchar con el lanzamiento de su Política Pública (el mal llamado Acuerdo por lo Superior). Por todo lo anterior, los invitamos a informarse y movilizarse para defender el carácter público de la universidad y su autonomía.
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