La asfixia presupuestal del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Álvaro José Julio Beltrán
Ingeniería de Sistemas UPC
Rep. Estudiantil Consejo Académico UPC
Twitter: @Varo_Julio

Como ya es recurrente en nuestro país, nuevamente nos encontramos ante un nuevo episodio de la cada vez más honda crisis de la educación superior. Esta vez la institución protagonista es el politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid con asiento en el departamento de Antioquia, la cual afronta una grave situación deficitaria que a fecha de septiembre 30 de 2014 ronda los $8.052millones de pesos y que de no subsanarse impediría la finalización del calendario académico para el periodo 2014-2.

El escenario que hoy vive el Jaime Isaza Cadavid no es para nada nuevo, sino por el contrario, es un problema que se manifiesta desde hace varios años producto de la asfixia de recursos impuesta por la ley 30 de 1992 y de las políticas educativas que desde entonces con Cesar Gaviria y hasta nuestros días bajo el gobierno Santos II, impulsan la ampliación irresponsable de cobertura sin aumentar significativamente los aportes de la nación y de entidades territoriales al sistema público de educación superior.

¿Un problema previsible?

Contrario a la sorpresa experimentada por la población Antioqueña, la inviabilidad financiera del Jaime Isaza Cadavid no es un tema nuevo para el Rector de la institución y mucho menos para el gobierno nacional y departamental, pues vale la pena aclarar que tanto el gobernador como el presidente de la república y el ministerio de educación tienen representación en el máximo órgano de dirección de dicha institución, por lo tanto, sería muy ingenuo pensar que se puedan lavar las manos frente a la opinión pública y exonerarse de cualquier responsabilidad cuando es innegable que ejercen el cogobierno y son participes de las decisiones transcendentales que se toman al interior del Alma máter. Precisamente, en este tipo de comportamiento, el más aventajado ha pretendido ser el gobernador de Antioquia, quien en una actuación digna del mismísimo Poncio Pilatos para salvar su figura, ha descargado toda culpabilidad en la administración del Jaime Isaza Cadavid, señalando ante los medios de comunicación la muy posible presencia de malos manejos que estarían obstaculizando el rescate financiero de la institución por parte del departamento.

En pocas palabras, no habrá giro de recursos adicionales hasta no existir las “garantías” que el gobernador exige para la ejecución de los mismos, hecho que coloca toda la presión sobre los directivos de la institución y que más bien nos da indicios de la existencia de una puja entre sectores políticos por el control del politécnico.

Por otro lado, en un documento alojado en la página web del ministerio de hacienda y que se titula “Departamento de Antioquia cierre 2012¹” ya se mencionaba la gravedad de los estados financieros que venía registrando el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Dicho documento dice textualmente:

Imagen 1. Pág. 15 del documento.

Imagen 2. Pág. 16 del documento.

Imagen 3. Pág. 16 del documento.

Imagen 4. Pág. 17 y 18 del documento.

Lo anterior no es más que otra evidencia de que la situación ya era previsible y que tanto el gobierno nacional como el departamental no adoptaron las medidas necesarias para corregirlas.

¿Por qué de manera cómplice permitieron que todo empeorará hasta el punto como esta hoy?, ¿por qué dejaron que la crisis creciera? y ¿por qué ponen en riesgo la educación de aproximadamente 15mil estudiantes de Medellín, Rionegro y Apartadó?

El problema en detalle

En el año 2009 las matrículas del Jaime Isaza Cadavid fueron congeladas, decisión que exalto como correcta y consecuente con el mejoramiento del acceso de los jóvenes a la educación superior y que ayuda de forma importante a la reducción de la deserción por causas económicas. Adicionalmente, a partir de la fecha, también se empezó a efectuar un descuento del 20% sobre el costo de liquidación de las mismas, pensando en brindar un mayor beneficio a los estudiantes, pero dichas medidas, no fueron compensadas con aportes a la base presupuestal de la institución por parte del gobierno departamental y nacional, por lo que esos recursos faltantes, actualmente hacen parte del déficit señalado.

Años más tarde en 2011², como consecuencia del Paro Nacional Universitario generado por la intensión del primer gobierno de Santos de aprobar a pupitrazos en el Congreso de la República una reforma a la ley 30 que incorporaba el ánimo de lucro en la educación superior, la institución registró para tal vigencia un déficit de aproximadamente 7mil millones de pesos que tampoco fueron subsanados por el gobierno nacional, rompiendo los compromisos contraídos con la MANE para el levantamiento del paro, dentro de los cuales figuraba el aseguramiento y transferencia de los recursos financieros necesarios para que las instituciones de educación superior terminaran adecuadamente los periodos académicos que fueron interrumpidos durante tal conflicto.

Con estos antecedentes, ya a principios de este año, el Rector Gilberto Giraldo Buitrago afirmó que los estados contables daban cuenta de un déficit de $15mil millones de pesos³ que se ha ido reduciendo hasta los cerca de $8052 millones a fecha del 30 de septiembre⁴, como lo declaró públicamente a los medios de comunicación y como consta en los documentos oficiales de la institución.

Este panorama no refleja otra cosa que el verdadero problema se trata del abandono estatal al sector, que lo que está detrás de todo es la desfinanciación sistemática del estado para con sus instituciones públicas de educación superior con el fin de que los entes territoriales aporten concurran mucho más y que sobre todo sean las familias colombianas vía pago de matrículas elevadas, las que sufraguen los costos de la educación de sus hijos.

Dato Curioso

Pese a las reiteradas denuncias de sectores de la comunidad académica de la institución y del gobierno departamental que señalan malos manejos administrativos, entre otros; la Contraloría Departamental en todas sus investigaciones, evaluaciones y auditorias, otorga buena calificación al desempeño presupuestal, contable y administrativo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Incluso, en el informe de Auditoría Regular de la gestión de 2013 efectuado por el ente de control a la institución, se resalta el:

“Concepto favorable para el fenecimiento de la cuenta anual, resultante de las calificaciones de un 83,4% (favorable) en Control Gestión y de 100% en Gestión Financiera, con la asignación de 100 puntos de 100 posibles.” ⁵

¿Quién tendrá la razón? Hace falta mayor esclarecimiento del caso, pues no pretendo meter las manos al fuego por esta administración a la que ni siquiera conozco, pero lo que si busco es evidenciar las contradicciones y diferencias de criterio en las que los órganos de control y gobierno departamental caen repetidamente para confundirlo y complicarlo todo, en vez de resolver el problema de forma concreta y eficaz, causando de esta manera, un detrimento de los intereses del estudiantado, lo cuales deberían primar sobre todo ante una situación como esta.

La Solución. ¿Quién debe Responder?

No cabe duda que los únicos que poseen el músculo financiero suficiente para remediar la situación son en mayor medida el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental de Antioquia, los cuales deben girar el dinero necesario y requerido para superar el tan mencionado déficit acumulado y además asegurar una adecuada base presupuestal que impida que esto vuelva a ocurrir en los años venideros. Si Antioquia quiere ser la más educada, debe hacer las inversiones suficientes para que ello no quede en letra muerta. Asimismo, los entes de control y las autoridades académicas, directivas y disciplinarias de la institución deben ejercer la más rigurosa veeduría sobre la ejecución de los recursos del politécnico con el fin de garantizar su destinación a las funciones misionales y evitar la corrupción y los malos manejos si los hubiere. En cuanto a la administración del Jaime Isaza, es imperativo su deber de comprometerse con la transparencia e implementar mecanismos que permitan asegurarla y generar confianza.

Por otro lado, es decepcionante que el presidente de la Asamblea departamental hubiese aplazado el debate que al respecto se realizaría el día 28 de septiembre de 2014, dejando la sensación de que hubo el propósito de rehuirle a la discusión. Destaco la posición asumida por el diputado del Polo democrático alternativo Jorge Gómez quién si le dio la cara a los estudiantes del politécnico que marcharon hacia la alpujarra en busca de soluciones y quién ha manifestado públicamente su apoyo a la comunidad estudiantil, exhortando en todo momento al gobierno departamental y a sus colegas de la asamblea a que rápidamente se facilite la adición de los recursos para el politécnico⁶.

Espero, que en la sesión de la Asamblea Departamental del próximo 13 de noviembre se pueda dar una discusión profunda al respecto y que todo llegue a feliz término.

Un remedio peor que la enfermedad

Lo que no se debe ni siquiera plantear como solución a este problema es un eventual aumento de las matrículas las cuales oscilan actualmente entre los 650mil y el millón de pesos.

Lo que nunca solucionará el problema de raíz

Es preciso mencionar el fracaso del CREE como fuente de financiación de la educación superior, el cual según el Gobierno Nacional recaudó algo más de 390mil millones de pesos que serán destinados a las 60 instituciones de educación superior oficiales en las que tiene asiento el ministerio de educación⁷. Estos recursos finalmente son insuficientes para las grandes necesidades que tienen las instituciones y no se comparan ni en lo más mínimo con el déficit acumulado de 12.5 billones de pesos que el estado adeuda a las universidades.

Asimismo, ni la actual ley 30 de 1992, ni el Acuerdo por lo Superior 2034 son lo que el país necesita para propender por una educación gratuita y de calidad.

El camino correcto

Lo único que respondería a las verdaderas necesidades de la educación superior en Colombia, sería la elaboración de una nueva ley consensuada con la comunidad académica nacional, y cuyos principales esfuerzos se perfilen en solventar el déficit presupuestal de las IES y garantizar la asignación de nuevos recursos para inversión en calidad, infraestructura, tecnología, contratación docente y bienestar universitario. De esta forma se blindaría a la educación superior de cualquier asomo de ánimo de lucro y se podría garantizar una educación gratuita, de calidad y al servicio de los intereses de la nación.

En una propuesta con estos criterios está muy adelantada la MANE, espacio en el que durante 2 años se logró construir con la más amplia participación registrada en la historia del movimiento estudiantil colombiano, un texto denominado la Ley Alternativa de educación superior⁸, el cual se constituye en el más valioso insumo para debatir y defender frente a las reiteradas elucubraciones del gobierno Santos por entregar la educación al capital financiero internacional.

http://manecolombia.blogspot.com/2013/10/a-lasociedad-colombiana-elementos.html

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