No bastándole a Álvaro Uribe Vélez con ser el promotor y ponente de la ley que pondría en estado de coma el sistema de salud pública de Colombia, eliminando la prestación del servicio y entregándosela a los privados; a finales de 2009 decretó el estado de emergencia social, argumentando la insostenibilidad del sistema, y expidió los decretos que sepultarían definitivamente el derecho a la salud de los colombianos para convertirlo en mera mercancía. Imponiendo trabas a los médicos para poder formular medicamentos y procedimientos a los pacientes que lo necesitaran, y no incluyendo nuevas medicinas y tratamientos en el POS, pero sí la posibilidad de cobrar los servicios no incluidos, además de no definir mecanismos efectivos para controlar los precios de los medicamentos, limitando el derecho a la tutela y agravando la situación, si se tiene en cuenta que a 2008 el 40% de estas peticiones se referían a temas de salud.
Esta situación generó que la sociedad civil se opusiera a dichos decretos y que se frenara la tentativa de Uribe de favorecer a las EPS en contra del bienestar de los colombianos; terminando su periodo presidencial, con los llamados decretos de emergencia social revocados y con un rechazo generalizado a los mismos.
Con el ascenso de Santos al poder se generaron falsas expectativas por el supuesto cambio que trae consigo, ya que, haciendo uso de la demagogia, ha engañado a los colombianos haciéndoles creer que las reformas que piensa sacar adelante, con ayuda de su bancada en el legislativo, son de corte democrático y a favor del grueso de la población colombiana. Por el contrario, medidas como la sostenibilidad fiscal, la ley de primer empleo, la reforma a las regalías y la reforma tributaria siguen con la lógica de favorecer al gran capital financiero con la privatización de los derechos más elementales de la población en desmedro de la calidad de vida los colombianos.
En este paquete de reformas se incluye también la reforma aprobada por el santismo que, a diferencia de lo pensado por varios sectores de la sociedad, sigue con lo definido por la ley 100, creando comités técnicos, definidos por las EPS, que recibirán solicitudes de procedimientos médicos que están por fuera del POS y que por supuesto no aprobarán ya que perjudicaría el negocio de las aseguradoras privadas. A la vez le quita la responsabilidad a las EPS de promover planes de promoción de salud que quedarán en manos del Estado y anuncia premios económicos a quienes cuiden de su salud. De la misma manera aumentara la contratación vertical lo que significa que las EPS prestarán sus servicios en hospitales propios y con personal propio. De esta manera se verá también afectada la red de hospitales públicos ya que se reduce la obligación de las Empresas Prestadoras de Servicios a contratar con los hospitales públicos. De esta manera, más temprano que tarde, los hospitales públicos desaparecerán o se privatizarán y los hospitales universitarios serán cedidos en concesión.
Para empeorar la situación, la salud, al igual que todos los derechos sociales, estará amarrada al principio de sostenibilidad fiscal, lo que limitará la financiación del sistema de salud, argumento que no dudarán en usar al momento de negar algún servicio medico especializado y de alto costo.
En pocas palabras, la Manguala Nacional
Invitamos a la comunidad universitaria, a los trabajadores del sistema, a médicos y especialistas de la salud y a la población en general a dar la más digna y justa de las luchas por la defensa del derecho a la salud y por un sistema público que cubra las necesidades de millones y millones de colombianos que no cuentan con un servicio de salud público y de calidad.
A llorar entonces,