Angelica Latorre, U. Externado, Grupos Estudiantiles Confederados -GEC-
El jueves de la semana pasada el presidente Santos sancionó la Ley de Formalización y Primer Empleo en un país donde pareciera que la regla fuera la informalidad puesto que concentra a la mayoría de los empleados de Colombia.
Según cifras reveladas por el DANE (2011), en las 13 áreas metropolitanas 51,7% de los ocupados tenía un empleo informal (octubre – diciembre 2010). Por otro lado, una vez más la tasa de desempleo anual (2010) era de dos dígitos (11.8 %) superior al promedio para Latinoamérica y el Caribe que se encuentra en 7.4%, según informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su discurso Santos planteaba precisamente que la realidad actual del mercado laboral era preocupante y que su gobierno estaba decidido a cambiarla. Aludiendo a su vez a su promesa de campaña de generación de empleo, presentaba a la opinión pública la Ley 1429 de 2010 que se supone va a formalizar 500 mil y va a crear 2.5 millones nuevos. El panorama planteado entonces por el actual mandatario no distaba de la realidad.
El presidente Santos, quien considera a la informalidad “una trampa de la pobreza” o bien podría decirse un obstáculo para el crecimiento económico ,continuó expresando las bondades de la Ley de Formalización y Primer Empleo.
En esta se proponen unos incentivos tributarios y simplificación de trámites para creación de nuevas empresas y para que las que se encuentran en la informalidad se formalicen. Sin embargo, como lo explica el economista Eduardo Sarmiento en su columna del 4 de septiembre de 2010 “el Gobierno no va más allá de ofrecerles a las empresas algunas de las ventajas que hoy obtienen” ().
A su vez la Ley extiende esos mismos beneficios a las empresas que contraten a los que son denominados ‘grupos vulnerables’ y de ‘bajos ingresos’:jóvenes menores de 28 años; mujeres mayores de 40 años y/o cabeza de familia (Sisbén 1 y 2); personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad; quienes devenguen menos de 1,5 salarios mínimos mensuales, y que no hayan cotizado antes a seguridad social.
En el caso del primer empleo, una vez más es preciso citar de nuevo a Sarmiento cuando dice que “las empresas se verían estimuladas a sustituir trabajadores maduros por jóvenes. La medida contribuirá más a cambiar la composición del empleo que a generar nuevos puestos de trabajo”.
Por lo anterior, en un escenario en el que la oferta supera la demanda no cuesta preguntarse tras la promulgación de la Ley si van a generarse los puestos de trabajo que el país exige para mantener la economía a flote e impulsar las denominadas ‘locomotoras’. Tampoco estaría de más pensar si van a mejorar las condiciones de los trabajadores, de los que ya están en el mercado laboral , de los que serían tenidos en cuenta nuevamente y de quienes ingresarían por primera vez.
Lo ideal sería que de la mano de los empleos, en condiciones de calidad y no a modo de subsidios, crecieran los salarios de todos los colombianos para satisfacer sus necesidades vitales y los niveles de educación. Dichos factores en conjunto serían un primer paso para tener una calidad de vida más digna y la capacidad de incidir en la transformaciones que el país necesita.
