Stivenson Solano
Estudiante de comercio internacional Universidad Francisco de Paula Santander UFPS
La crisis económica que afronta la región es resultado de las políticas de los últimos 30 años que, orientados por el FMI, Banco Mundial y la OCDE, han implementado los Gobiernos de turno. Como consecuencia se han generado altas tasas de desempleo en el área metropolitana de Cúcuta alcanzando el 23,9% para 2020(DANE, 2020), de informalidad (71,4%) (DANE, 2020) y acabaron progresivamente con la industria de la región.
Esta situación se agudiza con la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19, que se traduce en problemas graves para las familias nortesantandereanas, quienes tendrán que elegir entre pagar las matrículas de sus hijos en las universidades públicas o alimentarse y pagar arriendo. Las matrículas de las Universidades Públicas regionales son altas porque, dada la insuficiencia del presupuesto asignado por el Gobierno, la UFPS consigue 48 de cada 100 pesos y la U. de Pamplona 60 de cada 100 pesos que necesitan para funcionar con mecanismos como el cobro de altas matrículas. Todas estas necesidades deberían asumirse en su totalidad por recursos públicos para no descargar sus costos en las familias, especialmente en época de pandemia.
La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (ACREES) le ha exigido al gobierno de Iván Duque subsidiar la totalidad de las matrículas de los estudiantes de universidades públicas, lo cual es completamente viable para el Gobierno, que ha priorizado favorecer al sector bancario y financiero en cerca $500 mil millones que habrían podido destinarse al pago todas las matrículas en 25 de las 33 universidades públicas, comprar 500 mil computadores, 1.5 millones de tabletas o dotar a más de 10 millones de hogares de internet.
Que el gobierno subsidie la matrícula cero en Instituciones de Educación Superior Públicas es necesario para evitar la masiva deserción que, según la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), se estima en el 50%. Por ello exigimos al Gobierno tomar medidas urgentes para cubrir la totalidad de las matrículas y adicionar el presupuesto necesario para que las Universidades suplan su faltante 2020 generado por la recesión económica y la imposibilidad de autofinanciarse. Sólo así se podrá garantizar el derecho a la educación en medio de las difíciles condiciones actuales.
Las matrículas se deben pagar con los impuestos que llegan al gobierno nacional, impuestos que pagan las familias llegan a nivel central y es desde allí que se debe cubrir los costos de la Universidad pública, pero en cambio la política de privatización ha obligado a las familias a pagar matrículas y costos adicionales a los impuestos que registran, como si fuera poco han descargado la responsabilidad en los departamentos, que no poseen los recursos para financiar universidades con las mejores calidades. Existe una gran diferencia entre los recursos que adquieren los departamentos, así unos pueden invertir más presupuestos que otros esto afecta gravemente las universidades regionales en materia de inversión y funcionamiento.
La política educativa y económica en medio de la crisis no puede restringirse a los postulados neoliberales tradicionales que hoy tiene en crisis a las universidades de más de 600 mil estudiantes. Es urgente priorizar los derechos, entre otros motivos, por el papel que juegan las Universidades y los Hospitales Universitarios en la lucha contra la Pandemia.
#MatriculaCero
