Daniel Cruz, Estudiante de Ingeniería Civil. Universidad de los Andes
No es necesario ser un conocedor a fondo de las políticas de Santos para reconocer el peso que tiene la locomotora minera en la economía nacional, pasando del 1,8% del PIB en el año 2000 al 2,4% en el tercer trimestre del 2012. Tampoco para darse cuenta de lo erradas que son estas en materia social, ambiental, política y económica, en cuanto se supedita el interés común de los colombianos al interés netamente lucrativo del capital financiero. Los casos sobran, lo ocurrido en el páramo de Santurbán, que de no ser por la movilización de miles de colombianos la fuente hídrica ya sería una fuente toxica para las familias de Santander y Norte de Santander, es sólo un ejemplo de muchos. Cómo si fuera poco, el aumento de la participación económica de la minería ha costado el detrimento de la fuerza productiva del país, reflejado en la profunda crisis que viven el agro y la industria.
Colombia ha evidenciado un aumento en la extracción de minerales por parte de las multinacionales, la razón de esto se encuentra en la actitud alcahueta del gobierno en donde por una parte, la reforma tributaria aprobada a finales del 2012, permite que estas multinacionales dejen de pagar al gobierno cerca de 13 billones de pesos ya que la tarifa de impuestos a personas jurídicas se redujo de 33% a 25%, y por otra parte, la falta de voluntad política que ha permitido la evasión de los impuestos ya reducidos, y que el control sobre la extracción sea casi nulo. Además, el gobierno permite la tercerización laboral y tiene castigos inocuos frente a arremetidas ambientales como lo sucedido con la Drumond en la costa de Santa Marta.
“La Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta del mundo”, anunció la revista Semana. Santos decidió prorrogar el contrato de dicha mina hasta el 2044, cuando este vencía en 2012, sabiendo que la compañía minera entre 2003 y 2008 dejó de pagarle a la nación 36 mil millones de pesos de regalías y que la Contraloría investiga el fraude de otros 63 mil más. Casos como estos ponen en evidencia la gran distancia que existe entre los intereses de la mayoría de colombianos y los del gobierno, que no son otros que los mismos de las multinacionales y el capital financiero.
Para colmo, se ha adelantado una profunda campaña de deslegitimación en contra de la minería tradicional imponiendo trabas en los permisos ambientales y de extracción. Considerando en “igualdad de condiciones” a los pequeños y medianos mineros con las grandes mineras trasnacionales. Se tilda de “ilegal” a toda modalidad extractiva que no se ajuste a las capacidades que le convienen al capital foráneo. Todo esto hace que los pequeños y medianos mineros vean en la movilización civil la única salida para poder subsistir, es por esto que el pasado 17 de julio iniciaron un paro nacional del sector.
Es hora de que la sociedad colombiana ponga frente a esta devastadora política y apoye a los sectores más afectados. Necesitamos que el Estado colombiano retome el control sobre los recursos naturales no renovables, se haga la debida reivindicación socio-ambiental y sobre todo, que se fortalezca la producción nacional y se recupere la soberanía. Problemas que la Colombia “desarrollada” y “justa” de Juan Manuel Santos pasa por alto o simplemente profundiza.
