Inti Mesias
@IntiMesias
Amaury Núñez
@AmauryNG
Representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario
El inicio del año no trae buenas noticias para la Universidad Nacional. La aprobación del Proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2014 da cuenta de la grave crisis por la que atravesamos y de la evidente privatización que vive la UN, ya que al dejar en manos de la universidad la obtención de más del 50% de los recursos necesarios para el funcionamiento y la inversión, el gobierno nacional no cumple con su deber constitucional de financiar plenamente la educación pública.[1]
Sumado a la deficitaria financiación, la Universidad entra al 2014 con un faltante de $49 mil millones, agravado por cuenta de la disminución de los recursos esperados por el impuesto CREE[2], que pasaron de $47 mil millones prometidos a tan solo $28 mil millones. Vale la pena recordar que estos recursos, en apariencia nuevos, son menores a los perdidos por las instituciones de educación superior en la transferencia que hacen del 2% de sus recursos al Ministerio de Educación Nacional.[3] Lo ratifica el propio Gerente Nacional Financiero: “Sí se presenta una real disminución de recursos para la Universidad Nacional de Colombia”.
Esta crisis económica ya tuvo sus primeras implicaciones en la Universidad con la reducción del presupuesto para los docentes ocasionales y becarios, que sólo en la sede Bogotá llevó al recorte de $198 millones, lo que provocó el cierre de varios cursos y afectó la calidad académica.[4]
Frente a esta grave situación, el gobierno nacional y la administración de Ignacio Mantilla han presentado como salvación la Ley 1697 del 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales del País. Se dice que por concepto de este nuevo tributo se recaudarán «durante los primeros 5 años, más de $1.25 billones de pesos»[5].
La realidad es bien diferente, como lo indican los estudios hechos por Diego Cortés, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN. Él demuestra que en el mejor de los escenarios[6]ingresarían a la Universidad en los primeros 5 años apenas $202 mil millones de pesos[7], es decir, un incremento inferior al 5% del presupuesto de la UN en este periodo. La conclusión es evidente: si bien la estampilla trae algunos recursos frescos para la Universidad, estos son pañitos de agua tibia frente a la crisis que padece la Nacho[8] y están a años luz de los recursos prometidos por el gobierno.
Hoy más que nunca se hace necesario un llamado en defensa de la Universidad Nacional, de su carácter público y al servicio de la nación, entendiendo que su plena financiación estatal presupone una decisión política que los gobernantes de turno no han querido asumir. Por el contrario, la política es la de promover la desfinanciación de la universidad y con ella la muerte de la educación superior pública de calidad. La universidad pública pervive gracias a estudiantes, profesores y trabajadores y muy a pesar de los juanmanueles que siguen malgobernando.
[2] En la reforma tributaria impuesta por el gobierno se introdujo el impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE donde se contempla que durante el periodo 2013-2015 se le entregarían a las universidades colombianas cuantiosos recursos para ampliar cobertura superiores a los $260 mil millones anualmente; Recursos que están lejos de corresponder con la realidad.
[3] Para los interesados en ahondar sobre el tema, dirigirse a la ley 1324 DE 2009, artículo 10.
[4] CANAL, Ximena. Informe de la sesión del Consejo de Sede-Bogotá, 14 de febrero del 2014.
[5]http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-335687.html
[6] El mejor de los escenarios se logra suponiendo que todos los contratos de obras suscritas por entidades del orden nacional son mayores a 6001 SMMLV y que el gobierno nacional cumpla con la totalidad de los proyectos de construcción que promete. Escenarios ambos, absolutamente improbables. A manera de ejemplo, en el 2013, el gobierno nacional prometió la construcción de 100 mil viviendas de las cuales solo entregó el 10%.
[7] Cifra que no incluyen los recursos esperados para Hospital Univesitario logrados con la movilización de las facultades de la Salud, en especial los estudiantes de la Facultad de Medicina.
[8] Para las demás universidades públicas las implicaciones de la estampilla son nefastas. Los recursos nuevos son la carnada para limitar la ya reducida autonomía universitaria, ya que la ley 1697 del 2013 en su artículo 3, establece que los recursos serán asignados por el Ministerio de Educación “de acuerdo con el número de graduados por nivel de formación del año inmediatamente anterior en cada institución”
