Sobre el Movimiento Estudiantil Colombiano y las justas razones de su lucha

A propósito de las enérgicas manifestaciones del Movimiento Estudiantil  y de amplios sectores de la sociedad colombiana respecto a la reforma de la ley 30 de educación superior, los medios masivos de comunicación nacionales han desplegado un cubrimiento insustancial de tan significativos sucesos que, sin duda alguna, han de marcar el porvenir de la historia nacional.

En medio de un discurso no poco manipulado, las cadenas de radio, televisión y las publicaciones escritas oficiales han deformado el carácter trascendental de las movilizaciones estudiantiles a través de evidentes silenciamientos y mediocres reportajes informativos, ciertamente subyugados a la agenda neoliberal de Juan Manuel Santos y su Ministra de educación María Fernanda Campo.

Sin embargo, la ausencia de un sentido verdaderamente democrático en el marco del debate sobre el rumbo que debe asumir la educación y las consecuentes represiones y silenciamientos que los jóvenes estudiantes debemos enfrentar en la calle y en los medios, no logran desmoronar las causas de nuestra justa pelea; por el contrario, son hechos que han colmado de vigor a la comunidad educativa, cooperando directamente a que cada una de nuestras expresiones se llenen de sentido, a que la lucha por el derecho fundamental de la educación se haga maravillosamente dinámica, tal como sucede hoy, cuando el gran desasosiego, producto de la negligencia del gobierno, estalla en la edificación de un Movimiento Estudiantil cargado de energía deliberativa.

Un análisis reflexivo de la lógica neoliberal alrededor de la cual se mueven las pretensiones del gobierno de Santos, perspicazmente trasladadas al proyecto de reforma de la ley 30, da cuenta de lo razonable que resulta la lucha emprendida por los estudiantes en defensa de la democracia, la soberanía y el progreso del país:

Como primera medida, la reforma mutila toda lógica de autonomía universitaria, en la media en que las universidades quedan inmediatamente sometidas a las determinaciones del Ministerio de Educación. La insistencia en la “pertinencia” de la educación, es decir, las necesidades de formación de “capital humano” que respondan a las exigencias del modelo productivo del país –basado especialmente en la extracción minera y en las grandes plantaciones- o la profundización de las “evaluaciones de competencias” a través de las pruebas Saber-Pro, constituyen mecanismos por excelencia para adaptar el modelo educativo a la aplicación de las extensas obligaciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que, de manera clara, exhorta a que la educación sea contemplada como un servicio, no como un derecho. (Capítulo 11: “Comercio transfronterizo de servicios”/ “Inversiones”)

Naturalmente, allí donde la libertad de cátedra se ve coartada, el debate académico y la democrática expresión de variedad de puntos de vista tienden a desaparecer; y en la medida en que las potencialidades del pensamiento de los jóvenes estudiantes colombianos estén al servicio de los intereses extranjeros, la atención a las verdaderas necesidades de la nación quedará absolutamente doblegada ante la lógica lucrativa del modelo educativo que hoy en día nos pretenden imponer.  

El hacer de la educación un servicio supone la profundización de las políticas de privatización del aparato educativo. El dar aval a “otras fuentes de financiación para la educación superior” (Art. 152- 154),  dar lugar a las instituciones de educación superior mixtas (Art. 20), fomentar el subsidio a la demanda y, por ende, el endeudamiento de los jóvenes estudiantes a través de la incrementación de créditos ICETEX (Art. 155-156), y la evidente tendencia a reducir los aportes estatales al presupuesto de las universidades públicas (Art. 143-145) son proyectos que dan cuenta de la naturaleza “privatizadora” intrínseca a la reforma. La nueva ley de educación no parece tener otro norte que no sea el que le impone el mercado; por eso, a la educación se le quieren atribuir precios y medidas conforme a los criterios industriales de producción, como si fuera una empresa más dentro del esquema productivo, hoy en día, especialmente neoliberal.

El grupo estudiantil ALZA LA VOZ considera esencial la participación inteligente de todos los estudiantes en la obra de construcción de un modelo educativo público, de calidad, verdaderamente democrático y al servicio del país. Cada estudiante ha de constituir una parte viva, dinámica, que piense, se manifieste y defienda el derecho a la educación. No podemos permitir que unos pocos, abusando excesivamente del poder y en medio de falacias y artimañas engañosas, sean quienes, invariablemente, definan, conforme a sus reducidos y excluyentes intereses, el rumbo que ha de tener nuestra nación.

El compromiso que hemos asumido con la transformación social es inquebrantable. Hoy, en especial, debemos llevar a cabo una profunda discusión respecto a la nación que queremos construir y, en consecuencia, al modelo de universidad que constituirá el pilar fundamental para dicha construcción.