Informe de la sesión del Consejo Superior 25 de noviembre
Por Óscar Ruiz, representante estudiantil ante el Consejo Superior, Universidad Pedagógica Nacional.
De antemano planteo que la decisión de aplazar el semestre no resuelve el problema de las garantías académicas, lo que hace es postergar la discusión y es la prueba clara de la negación a la concertación y dialogo con los diferentes estamentos.
Procedo a informar a la comunidad universitaria los puntos que se abordaron en el mayor órgano de decisión de la UPN. Empezaré haciendo referencia a lo que señalaron tanto la administración como el Ministerio de Educación y después daré a conocer los análisis y constancias que dejó sobre la mesa la representación estudiantil.
La sesión del Consejo Superior de la UPN, el pasado 25 de noviembre, en las instalaciones del MEN, tenía previsto abordar, entre otros puntos, la posesión de los nuevos representantes de los egresados, unos proyectos de acuerdo entre la Universidad y varias instituciones educativas de otros países, los posibles escenarios de construcción de la propuesta alternativa de educación superior y el informe del rector Juan Carlos Orozco, quien estuvo acompañado por los tres vicerrectores. El informe versó sobre la situación académica de la UPN y la discusión fue la única que se dio, por las diferentes posturas frente al qué hacer en estos momentos ante la decisión emitida por el Consejo Académico el pasado 16 de noviembre y que no ha sido acatada por el grueso de la universidad.
El rector plantea el nuevo cronograma, que se extiende hasta el 23 de diciembre, como fórmula para recuperar el tiempo de clases. Según la administración, tan solo seis programas –las licenciaturas en recreación, deportes, educación física, música, física y matemáticas– han retornado a clases, es decir, poco menos del 25% de los estudiantes. Se hizo mención de las asambleas que se han hecho y se examinó la desobediencia pedagógica en la cual se encuentran ciertos programas. Se plantea que la causa principal que ha obstaculizado el desarrollo de las clases ha sido el bloqueo de los edificios en la sede de la Calle 72, lo cual pone en riesgo la culminación del semestre y los trámites administrativos tendientes a culminar los procesos de admisión de más de 1.200 estudiantes para el periodo 2012-1. Como
salida, se pone sobre la mesa la posibilidad de que algunos programas desarrollen clases en el IPN.
De manera enfática y reiterada, el presidente del CSU, Mauricio Perfetti, viceministro de Educación Básica y Media, dio la orden de iniciar procesos disciplinarios y legales a quienes no permitan el desarrollo de las actividades o a quienes se nieguen a hacerlo, para el caso de los docentes, e iniciar las sanciones a que den lugar, porque –aduce él– no hay razones para el cese de actividades.
En la discusión sobre la postura de la asamblea triestamentaria, el rector alega que este escenario no hace parte de la estructura orgánica de la universidad y concluye que carece de validez. Los que toman las decisiones, insiste, son el Consejo Académico y el Consejo Superior y lo que está en juego es la institucionalidad y la gobernabilidad de la universidad. Añade que la decisión tomada tiene un importante argumento de orden fiscal, pues no le es posible a la UPN alargar tanto un semestre cuando sus finanzas están tan graves. El rector se negó a recibir a la comisión negociadora triestamentaria y se obstinó en decir que no había nada que negociar, que la decisión ya se adoptó y para eso en los consejos hay representación de profesores y estudiantes.
Finalmente, y después de más de dos horas y media de discusión, el CSU tomó tres decisiones con el voto negativo de la representación estudiantil y profesoral, decisiones que serán presentadas ante el Consejo Académico del 29 de noviembre y se evaluarán en la próxima reunión del CSU el 1º de diciembre.
1. Quienes se acogieron al calendario propuesto hasta el 23 de diciembre terminarán su semestre, sea en las instalaciones de la universidad o en cualquier otra, como el IPN.
2. Se iniciarán los procesos disciplinarios y legales contra los docentes que se nieguen a iniciar de inmediato el calendario académico, ya que tienen una obligación contractual con la universidad.
3. Se aplazará el semestre hasta enero en aquellas carreras que no lo hagan en los próximos días.
Estas decisiones fueron tomadas con el voto positivo del representante del gobernador de Cundinamarca, quien en ese momento se había retirado de la sesión. Al irse dejó dicho que aprobaba la propuesta, la que fuera, que presentara el viceministro.
Planteamientos de la representación estudiantil
La definición de la MANE frente a la suspensión del paro nacional universitario exigía unas garantías de tipo académico, las cuales no han podido ser concertadas con esta administración. La rectoría, por el contrario, con un discurso democratero y conciliador, ha querido desconocer las asambleas como escenario legítimo de discusión de la comunidad universitaria, sobre todo en el actual marco, con la participación masiva de profesores y trabajadores. No ha querido ni siquiera escuchar la propuesta de reanudación de clases. Lo que está en juego es la culminación del semestre, pero con unas garantías dignas y en las que haya también espacio para la discusión política. El mejor ejemplo de la falta de voluntad política del rector Orozco es que el semestre para muchos deba concluir fuera de las instalaciones de la universidad. Prefiere eso a una eventual concertación. Pero además, su visto bueno a la persecución y sanción a docentes deja al desnudo que, bajo la legalidad de los órganos de decisión, no tiene en cuenta la posición de la comunidad universitaria, manifiesta a través de la
representación estudiantil y profesoral. A menudo, a los dos estamentos básicos no les queda más que dejar constancia de cada desacuerdo, viendo al mismo tiempo que en el Consejo sí se privilegian los votos de los ausentes. Esa actitud contrasta con la sorprendente obsecuencia de la administración ante las repetidas acciones despóticas, soberbias y manoteos del viceministro Perfetti. Es necesario resaltar que el paro universitario no fue, ni es un capricho. No puede desviarse la discusión hacia los bloqueos cuando se está exigiendo calidad y ciento por ciento de horas del semestre, sobre todo cuando sedes como la del Parque Nacional y Artes Visuales no están bloqueadas pero persisten en el cese de actividades por lo antidemocrático y poco sensato de la propuesta presentada por el Consejo Académico. El engendro de ley que presentó Santos y su ministra nos obligó a volcarnos a las calles, a parar, a defender el sueño de una universidad pública totalmente financiada por el Estado y de altísima calidad, a negarnos a ser una mercancía y a negarnos a vivir postrados en una inequidad cada vez más latente, donde estudiar no sea un privilegio Es por eso que exigimos que sea el gobierno nacional el que asuma los costos financieros que le correspondan y que dé las garantías para seguir adelante con la universidad abierta y pública, para todos y al servicio del pueblo. En tanto eso no suceda, seguiremos en desobediencia, discutiendo y proponiendo. Nos sumamos y rodeamos a nuestros docentes. Vamos hasta el 3 de diciembre como estaba previsto y esperamos una respuesta distinta del Consejo Académico de nuestra universidad, de la que construimos todos y todas, que se nos escuche y tenga en cuenta, como sí ha sido posible en otras partes del país. Es entre otras el carácter impositivo de la reforma de Santos lo que nos llevó al paro. Que estas acciones antidemocráticas no se reproduzcan
en la educadora de educadores.
