Sebastian Bermúdez
Según la más reciente encuesta de DATEXCO, ocho de cada diez colombianos desaprueban la forma en la que Iván Duque ha gobernado el país. Adicionalmente, el 93% de los jóvenes entre 18 y 24 años tienen una imagen desfavorable del presidente (DATEXCO, 2021). Esto es resultado de que, a pesar de ser uno de los presidentes más jóvenes de la historia, su gobierno se ha aferrado a las viejas políticas que desde hace más de 20 años se han implementado en el país, sin importar que con ellas condenen los sueños y anhelos de la gran mayoría de los y las colombianas.
La educación pública colombiana también ha sido afectada por estas viejas políticas neoliberales. Especialmente, por la decisión de aquellos como el expresidente Andrés Pastrana que, para cumplir las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sacrificó la debida financiación del derecho a la educación con el recorte a las transferencias del 2001, siendo Juan Manuel Santos su Ministro de Hacienda. Tal como lo ha venido denunciando FECODE, por la creación del Acto Legislativo 01 de 2001 y la continuación de éste en el gobierno de Álvaro Uribe, a la fecha se estima que la educación básica, secundaria y media ha dejado de recibir 198 billones de pesos (Ortiz, 2020). Más allá de la cifra, los efectos de estas decisiones se ven reflejadas en que “la infraestructura educativa actual no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio público de educación” (CONPES, 2015, p. 28).
Esta situación hace parte de una de las tantas crudas realidades que ha evidenciado la pandemia del Covid-19. No es necesario ir muy lejos – a alguna de esas zonas recónditas donde seguramente nunca ha llegado el Estado- para evidenciar el desastre que ha dejado la política de desfinanciación de la educación pública. Para garantizar una infraestructura adecuada para el retorno a clases, según la Secretaría de Educación de Medellín, se encuentran “necesidades en más de 200 sedes educativas que requieren intervenciones en ventilación y adecuación de las unidades sanitarias”. No obstante, a pesar de las enormes necesidades, el gobierno de Duque destinó para el municipio $1.319 millones. Es decir, tan sólo $4.242 por estudiante para atender la contingencia en el 2020. Para el 2021, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) giró $6.300 millones para que la ciudad realizara las intervenciones necesarias en materia de infraestructura. Sin embargo, estos recursos siguen siendo tan irrisorios que la misma Secretaría reconoce que:
“[…] los recursos dispuestos son insuficientes para atender el gran número de necesidades e intervenciones locativas que se deben realizar en cada una de las sedes educativas, ya que, en un análisis preliminar, se establecieron necesidades por más de $50.000 millones de pesos.”
A pesar de que la pandemia enfrentó a los docentes ante las herramientas digitales, en Medellín sólo se realizaron tres capacitaciones en herramientas TIC, con un alcance de 123 docentes. Y según reporta la Secretaría, se estima que más de ocho mil estudiantes tuvieron que dejar las aulas ante la contingencia nacional. Es realmente preocupante la imposición del Gobierno Nacional de volver a clases sin garantías mínimas, especialmente en un país donde las aulas tienen en promedio 37,4 estudiantes por docente, mientras que el promedio de países de la OCDE es de 23,8 estudiantes por docente (TALIS, 2018). Según los protocolos de la alternancia educativa, para garantizar el distanciamiento se requiere que en promedio haya entre 10 a 15 estudiantes en las aulas. De modo que, con una infraestructura que “tiene entre 40 y 60 años de antigüedad” (CONPES, 2015, p. 29) y sin una debida financiación a la educación, el panorama de la educación pública colombiana es preocupante.
Tal es el resultado que ha dejado la política neoliberal de desfinanciación de la educación, la cual el presidente Duque no ha dudado ni un segundo en continuar desde el inicio de su mandato, porque sencillamente su gobierno, el gobierno de los mismos con las mismas, se ha puesto al servicio de los intereses financieros y de los intereses corruptos de los partidos tradicionales que han tenido el poder de este país. Este momento histórico que ha vivido Colombia nos permite reflexionar sobre la importancia de que jóvenes, trabajadores, docentes, profesionales, y en general, la gran mayoría de colombianas y colombianos nos organicemos y en la movilización masiva y pacífica, y en las urnas le apostemos a un programa amplio, democrático, soberano y al servicio del desarrollo de la nación.
Referencias Bibliográficas
DATEXCO. (2021). Encuesta Pulso País. https://datastudio.google.com/u/0/reporting/6322ede2-3c7d-42e7-a7bd-70c708f9f509/page/g0XzB
Ortiz, I. G., (2020). La financiación de la educación: Entrevista a Ilich Gustavo Ortiz Wilches. Revista Educación y Cultura, (135), 11-14.
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). (2015). Declaración de importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Organization for Economic Co-operation and Development, OECD. (2019). TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Organization for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/23129638
Nota: Los datos mencionados fueron obtenidos a partir de un derecho de petición radicado ante la Secretaría de Educación de Medellín.
