El pasado 22 de junio el Presidente electo, Gustavo Petro, a través de Twitter, solicitó a alcaldías y gobernaciones «alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento». En este trino se mezclan los colegios con universidades y, además, se introduce el aspecto de la construcción de infraestructura educativa nueva en nuevos lotes. La Organización Colombiana de Estudiantes considera que es prioritario y urgente empezar por aumentar los recursos del sistema educativo público desde el Presupuesto General de la Nación que será aprobado por el Congreso de la República en el segundo semestre de este año para atender su crisis presupuestal y para resolver los graves problemas de la infraestructura ya existente en las instituciones públicas. No atender esta realidad implica agudizar la crisis actual y abrir la puerta a la privatización, como en la práctica ha ocurrido en los últimos años.
El déficit presupuestal que hoy se cierne sobre las universidades públicas tiene como base, entre otros, un aumento en la cobertura que no estuvo acompañado de un incremento correspondiente y suficiente en la base del presupuestal ni de recursos para infraestructura lo cual -literalmente- ha puesto en riesgo la vida de la comunidad educativa. No está claro si el llamado del Presidente es para aumentar la cobertura universitaria. Sin embargo, advertimos que los incrementos de cobertura e infraestructura sin recursos de funcionamiento que los respalden generan más problemas financieros, promueven la privatización, el endeudamiento y no aseguran una mayor absorción de estudiantes en la educación superior. Nada más entre el 2000 y el 2021 las IES públicas casi que cuadruplicaron su cobertura (un incremento de 3,8 veces) [1] mientras sus recursos se mantuvieron prácticamente congelados. Al aumentar su capacidad sin más presupuesto, las instituciones públicas se han visto obligadas a privatizarse por medio del cobro de matrículas, la tercerización o el cierre de actividades académicas «no rentables». En la Universidad Industrial de Santander se construyó una nueva sede en Floridablanca para dar apertura a gran parte de los más de 8.000 cupos nuevos planteados en el PDI y desde el 2020 hasta hoy dichas instalaciones no han sido abiertas producto del déficit financiero para contratar docentes y personal. Casos como estos pululan en todo el territorio nacional.
Manifestamos además nuestra preocupación por la situación actual de la infraestructura educativa en colegios e instituciones de educación superior. Como lo señala el SUE para el año 2018 (reporte en el año 2021), solo para infrastructura el faltante era de más de 11 billones de pesos [2] en las universidades y en en el caso de la educación básica y media, solo para garantizar jornada única en el 2014, se necesitaban 7,3 billones (dato que deja por fuera a más 2 millones de niños y niñas de la educación preescolar). Techos que se caen sobre la comunidad educativa, instituciones sin acceso a acueducto y alcantarillado y ausencia de laboratorios, salones, canchas o cafeterías son la norma en todas las instituciones educativas públicas. Similarmente, no pocas instituciones no están adecuadas a las normas de sismo resistencia o para el acceso de personas con movilidad reducida y/o en condición de discapacidad. Todo lo anterior es más grave en aquellos claustros que son patrimonio arquitectónico o bienes de interés cultural. Un plan de rescate de infraestructura educativa es urgente.
Se debe considerar que la destinación de recursos para la construcción acelerada de infraestructura educativa ya tiene antecedentes en el país con el Fondo de Infraestructura Educativa. El propio Ministerio de Educación denunció en 2019 «la concentración de contratos en dos firmas, una de ellas con 252 contratos, y la otra con 87. Consorcios que, a su vez, han subcontratado e incumplido en gran parte del territorio nacional llevando a la crisis y la parálisis de las obras afectando a miles de estudiantes, profesores y padres de familia» [3]. Además, empresas extranjeras con investigaciones por corrupción y abandono de construcciones en México, Perú, Paraguay y Colombia se vieron beneficiadas de este programa, incluyendo a Mota Engil, socia de Odebrecht en América Latina. La construcción de nueva infraestructura es una necesidad y su contratación por sí misma no es negativa. Como organización, llamamos a tener en cuenta estos antecedentes recientes y, en particular, los modelos de contratación en los que se aseguran altas tasas de retorno a bancos e inversionistas extranjeros.
En conclusión, reiteramos el llamado que ha hecho el movimiento estudiantil a atender prioritariamente el déficit y la deuda histórica en la educación pública. Está en riesgo su sostenibilidad financiera: la absoluta mayoría de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas están privatizadas y en condiciones precarias, a lo que se suma que el Sistema General de Participaciones está en déficit, así como las universidades públicas. Invitamos al movimiento social a mantener una posición de independencia y a exigirle al gobierno entrante de Gustavo Petro transferir más recursos por medio del Presupuesto General de la Nación -cuya aprobación debe ser a finales de octubre de 2022- a los colegios, instituciones técnicas y tecnológicas y a las universidades públicas en vía de emprender un plan de rescate para atender el déficit financiero y resolver la crisis actual de infraestructura. Si bien es importante modificar la normativa que regula las transferencias del Sistema General de participaciones y la Ley 30 de 1992, no se requiere modificación legal para hacer adiciones presupuestales urgentes, tal como ocurrió con la victoria histórica del movimiento universitario en 2018 frente al gobierno de Iván Duque. Finalmente, consideramos prioritario mejorar la cobertura de tres grados en preescolar, así como aumentar los recursos que aseguren la calidad en la educación básica y media. De lo contrario, no se preparará apropiadamente a las y los estudiantes y se mantendrá la deserción de una de cada dos personas en la educación superior.
Coletilla: Es clave recordar que la OCDE y otros organismos multilaterales omiten sistemáticamente la crisis financiera de la educación pública y, por el contrario, promueven políticas que la afectan. Una de sus «recomendaciones» más reiteradas es la de ofrecer educación universitaria en colegios públicos. El Presidente Gustavo Petro debe precisar qué son los «colegios universidades» y su alcance respecto de la autonomía escolar y la autonomía universitaria y los objetivos que se deben alcanzar en cada nivel educativo.
[1] https://www.universidad.edu.co/estudiantes-matriculados-en-las-ies-publicas-y-privadas/
[2] https://media.utp.edu.co/archivos/Sostenibilidad%20y%20Financiaci%C3%B3n%20de%20las%20Universidades%20P%C3%BAblicas%20en%20Colombia%20SUE%202021VF.pdf
[3] https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/387721:El-Gobierno-Nacional-trabaja-decididamente-por-reactivar-las-obras-de-infraestructura-educativa-que-permitan-superar-el-gran-rezago-encontrado
