Darío Arenas, Manizales, Marzo 10 de 2011.
El incremento en las matrículas es por su esencia, entre las medidas que restringen el acceso a la educación, la más antipopular y regresiva. El desmonte progresivo de la financiación estatal de la educación pública no es un tema precisamente coyuntural que se aplique solo a nivel local, ni un tópico reciente que deba generar sorpresa o especial turbación. Configura, tras varias décadas de implantación de políticas neoliberales en el mundo, una de las herramientas cardinales para adecuar la enseñanza a los marcos del libre comercio y la globalización.
Si bien el prurito privatizador de la educación no es nuevo y corresponde a la lógica de relegar el papel del Estado y la inversión social a sus mínimas proporciones, desligándolo gradualmente de los procesos de enseñanza e investigación y trasladándole este rol a la participación privada y al mercado, este tipo de iniciativas se han intensificado en los últimos años. Hemos visto como incluso en países que han sido vanguardia en la formación educativa y científica por siglos se han agudizado este tipo de disposiciones. Basta dar una mirada al panorama europeo en el último tiempo. El Reino Unido ha presenciado protestas en contra de incrementos hasta de 200% en las matrículas universitarias. En Italia, la reforma universitaria aprobada el año pasado generará recortes en los fondos de investigación y en las instituciones educativas públicas, reduciendo drásticamente el número de becas otorgadas, e impulsará aun más el crédito para el ingreso a centros de enseñanza privados. En Grecia, son ya cuatro años de lucha por la defensa de la educación pública, que se han recrudecido desde el año pasado debido a una reforma educativa fruto de las medidas de austeridad decretadas por la crisis económica. La reforma universitaria, conocida como el proceso de Bolonia, se llevó a cabo en toda Europa hace más de una década, sustentada en consideraciones como que “la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados”1. Y ha marcado el camino a la desfinanciación. En los últimos meses se ha creado una amalgama de movimientos, como el Antibolonia, opuestos férreamente a estas políticas por considerar que están dirigidas a convertir la educación en una mercancía, adaptada primordialmente a los intereses de los potentes conglomerados empresariales. Las intensas revueltas en el Viejo Continente son expresión de la inconformidad ante este tipo de medidas, que como se comprueba no son aplicadas exclusivamente a los países atrasados. No puede ser que el descalabro del sistema económico mundial sea siempre asumido por los asalariados y las capas medias.
Estas políticas se han venido aplicando desde hace varias décadas y con mayor severidad en países que, como Colombia, hacen parte de la periferia económica mundial, condición que ha implicado su subordinación a los marcos económicos, políticos y sociales diseñados por las grandes potencias.
El reducido desarrollo económico de Colombia, agravado por las políticas aperturistas que han signado el destino del país durante más de veinte años, ha propiciado que en la dinámica globalizadora quedemos relegados. Estos procesos han tenido una infausta repercusión en los modelos educativos del país. La ley 30 asfixia presupuestalmente a las universidades, manteniendo sus recursos en el congelador desde 1992. El dinero girado por el Estado a las universidades públicas ha alcanzado sus mínimos históricos: en 1993 el aporte era del 84% del total de sus recursos y en el 2008 ya llegábamos al 51%. En casi dos décadas de aplicación de todo un maremágnum de reformas dirigidas a desvincular al Estado de la financiación de la educación superior, la contribución de este en el ámbito presupuestal ha disminuido cerca de un 33%. La cobertura, sin embargo, pasó del 24,4% en 2002 al 35,5% en el 2009. Una realidad económica aciaga, menos plata para las universidades y más estudiantes ingresando a la educación superior, nos permiten entender las tasas de deserción a las que se ha llegado: 45,3% en el sector público y 50% en el privado.
El guión escrito en el ámbito educativo ha sido trazado por los mismos actores que han delineado en las últimas décadas el rumbo económico y social de la nación. La influencia que instituciones como el Banco Mundial han tenido en nuestro país son palpables. Desde la Misión Currie de 1950 o el Plan Atcon en los 60, hasta los planes de desarrollo de los últimos decenios, las orientaciones que este tipo de entidades formulan han constituido mandatos impostergables para los gobiernos en Colombia. El desmonte del bienestar universitario, la eliminación de la financiación directa de las universidades públicas y la creación de sistemas de crédito estudiantil con criterios netamente comerciales, son algunas de las ordenanzas recurrentes en los documentos de estas entidades. 2. En consonancia con las políticas aplicadas en otros ámbitos, lo que se busca con la aplicación de un sistema educativo tan deficiente es mantener inserto a Colombia como un país productor de materias primas, poseedor de recursos naturales valiosos –explotados y aprovechados por foráneos–, y como un oferente de mano de obra en constante ganga. No es fortuito entonces el auge que se le viene otorgando a la minería como punta de lanza de la economía colombiana.
Parece una reflexión de Perogrullo, pero para que un país logre mejoras sustanciales en el bienestar de sus ciudadanos, debe tener una educación de punta, democrática y financiada por el Estado, que sea reflejo de un desarrollo productivo adecuado y que a su vez impulse el progreso económico. Esa es una de las lecciones que el mismo capitalismo nos ha legado. Las condiciones materiales inciden en la percepción que del mundo tengan los individuos. Una economía incipiente generará una educación mediocre y una educación de mala calidad no producirá un correcto desarrollo de las fuerzas productivas de una nación. Como expresara un famoso pensador alemán, “no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia.”. La situación educativa en Colombia no tendrá perspectivas de cambio bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Además de su trayectoria burocrática ampliamente conocida, el actual presidente ha prometido en todas las tribunas y de todas las maneras posibles, continuar con el legado del libre comercio y con las relaciones asimétricas que conserva Colombia con el mundo. Queda claro entonces que bajo estos preceptos, y de continuar la actitud servil de nuestros gobernantes, la educación colombiana mantendrá su acondicionamiento a las políticas globalizantes y, por ende, pese a tener muchos elementos para ser un país de vanguardia, seguiremos ocupando un lugar rezagado en el planeta.
El alza de las matrículas de la Universidad de Caldas hace parte de esta lógica política y económica miope, en la que han tenido siempre prelación los intereses ajenos al desarrollo nacional y en la que el avance social ha quedado supeditado no a la capacidad y disposición intelectual, sino a las condiciones económicas en que las personas se encuentren. Las orientaciones externas, el desamparo estatal y la actitud dúctil de los directivos universitarios intentan legitimarse bajo el falaz discurso de la equidad. Solo la organización y la movilización de todos los estamentos de la sociedad que defienden la educación pública lograrán generar procesos más justos y propiciar auténticas transformaciones que sitúen a la educación como un derecho y no como una mercancía.
1. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Organización Mundial del Comercio, 1995. 2. Véase, por ejemplo, Educación terciaria en Colombia. Preparar el camino para la reforma. Banco Mundial, 2003.
