Comunicado de la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica en respaldo al Paro de FECODE
El ejercicio docente en Colombia, cuya importancia es vital para el rumbo de nuestra sociedad, se encuentra en un periodo crítico derivado de las políticas de los gobiernos de turno que han gobernado desde la Apertura Económica. Bajo la egida de las instituciones multilaterales de crédito se fueron recortando los derechos del magisterio: bajos salarios, pésimas condiciones laborales derivadas de la grave situación de la educación pública, problemas en la seguridad social de los docentes, entre otros muchos aspectos que han degradado esta profesión fundamental.
Actuando en consecuencia, los maestros agremiados en FECODE han radicado un pliego de peticiones en donde se exige nivelación salarial, un sistema de asensos adecuado para el mejoramiento de las condiciones de la docencia, la construcción de un Estatuto Único que dignifique la labor del magisterio, el establecimiento de la jornada única según lo establecido en la Ley 115 de 1994, entre otros puntos mínimos que son punto de partida para una autentica mejora en la educación colombiana. También se hace patente el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, un plan de negocios en favor de quienes han desligado su suerte de la del resto del país y en la que se hace explicita una propuesta en materia educativa que niega la responsabilidad del Estado en establecer la obligatoriedad de tres niveles de preescolar, desconoce algunos acuerdos entre los docentes y FECODE respecto a la nivelación salarial y busca imponer un sistema pensional aún más antidemocrático que el que ya hay.
En Colombia, los docentes ganan 5,8 veces menos que los docentes alemanes, 3,6 veces menos que los finlandeses, 3 veces menos que el promedio de los maestros en los países de la OCDE y casi 2 veces menos que los maestros mexicanos. Tal situación se da en el contexto de un gobierno que privilegia el pago de la deuda pública por encima de la educación en unos 20 billones de pesos, que permite que las multinacionales minero-energéticas dejen de pagar en impuestos más de 9 billones de pesos al año y en la que se le adeudan más de 12 billones de pesos a las universidades públicas. Se evidencian, a través de estos datos, que la educación está lejos de ser una prioridad para el gobierno de Santos.
La comunidad educativa de la Universidad Pedagógica conoce muy bien lo que es el abandono estatal, pues 0,8 de cada dos pesos de su presupuesto tiene que rebuscarlos con labores propias, sin tener mayor capacidad para estirar este presupuesto, mientras los recursos que la Nación le aporta son limitados, condicionados e inciertos, como es el caso de la cacareada Estampilla Pro UPN. Tal condición nos lleva a la conclusión de que nuestro deber es estar al lado de los docentes, pues hay una batalla antagónica entre dos concepciones distintas: la de Santos, de adecuar la educación a las necesidades de la recolonización económica, y la de los sectores populares, nacionales y democráticos, que buscamos una educación pública, científica y en favor del bienestar y desarrollo nacional.
El 22 de abril más de medio millón de trabajadores han gritado: ¡Basta! Junto a ellos estamos los estudiantes, profesores y trabajadores de la Educadora de educadores.»
