Por: Santiago Vélez
Cuando Iván Duque deje su cargo el próximo 7 de agosto habrá incumplido el acuerdo firmado en 2018 con los estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas. A éstas las que dejará profundizando su crisis financiera, pero al ICETEX le habrá garantizado una rica fuente de ingresos a costa del endeudamiento de los estudiantes con la reglamentación de la ‘Financiación contingente al Ingreso’.
Al revisar el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda, queda claro que el Gobierno no tiene interés en resolver el problema estructural de la financiación de la educación superior pública. Si el PGN se aprueba como está en el anteproyecto, el monto asignado para las universidades públicas no alcanzará ni siquiera a compensar la inflación del año en curso. Esto se suma a que el presupuesto pasado ese incremento fue menor al compromiso que había asumido el Gobierno en el acuerdo firmado en diciembre de 2018 con el movimiento universitario tras una movilización histórica..
Fueron varios los puntos del acuerdo que el Gobierno de Duque incumplió. Nunca realizó el giro de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos[i], que debían haberse destinado al Ministerio de Ciencia. Tampoco cumplió con adelantar una reforma al ICETEX concertada con los actores del movimiento universitario. Uno de los puntos centrales del acuerdo fue el compromiso del Gobierno a realizar incrementos por encima de la inflación a la base presupuestal de las universidades durante 4 años. Su importancia histórica radica en que esa base presupuestal se encontraba prácticamente congelada en términos reales desde la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992: los nuevos recursos que entraron por esta vía han sido esenciales para que las universidades logren sobrevivir, aunque no han resuelto su crisis estructural. Sin embargo, el Gobierno decidió incumplir este punto del acuerdo en el PGN de 2022 acudiendo a una argucia: proyectó dicho presupuesto con una inflación inferior a la real. Esto resultó en que el incremento real de la base presupuestal en 2022 fue del 2,8%, no del 4,65% acordado: una diferencia de al menos 70 mil millones de pesos que nunca llegaron a las universidades.
Con el PGN de 2023 Duque pretende repetir la dosis: proyecta que la inflación será del 4,3%. Según el DANE el IPC acumulado (año corrido) a mayo de 2022 es ya del ¡6,55%! Pero falta lo más grave: incluso con la (improbable) inflación del 4,3%, las transferencias a la base presupuestal de las universidades incrementan en menos de un 1% en pesos reales en la propuesta del PGN para 2023. Volvimos al congelamiento del presupuesto como política de Estado; congelamiento que trae consigo aumento de matrículas, deterioro de las condiciones laborales de docentes y demás trabajadores, marchitamiento de la infraestructura, desmonte del (poco) bienestar universitario que queda, en fin: privatización y atraso científico.
Al mismo tiempo (y no por casualidad), el Presidente expidió el pasado 14 de junio un decreto que reglamenta la Financiación Contingente al Ingreso. Se trata de un mecanismo de cobro de créditos educativos que permitirá al ICETEX descontar sus cuotas directamente del salario de los deudores, cobrando un porcentaje de sus ingresos mensuales. De esta manera garantiza el retorno en la ‘inversión’. Los pormenores de este mecanismo tendrán que presentarse en otro artículo. Lo cierto es que este Gobierno termina como arrancó: profundizando la crisis financiera de las universidades públicas, al tiempo que afianza el negocio del capital financiero con el crédito educativo.
Ante estos hechos, el movimiento universitario debe recordar que sus triunfos y avances los ha logrado con la movilización organizada, masiva y creativa, como fue el caso en 2018. En particular, es urgente que el movimiento estudiantil asuma una posición independiente del Gobierno y que asuma la tarea de enfrentar la crisis financiera de las universidades públicas, que en el fondo es un atentado contra el derecho a la educación de la juventud colombiana. Lo primero es exigirle a Petro que el Presupuesto General de la Nación de 2023 (que debe aprobarse en octubre) incluya un incremento real y significativo de las transferencias a la base presupuestal de las universidades que permita atender su déficit de funcionamiento, también transferir a las IES públicas el dinero de matrícula cero que Duque no les transfirió y que debieron soportar con sus debilitadas finanzas. Además, debe honrar el compromiso del Estado en el Acuerdo de 2018 y realizar una adición presupuestal en 2022 que compense las transferencias que no se recibieron en este año por el incumplimiento en el PGN de 2022. Para ello no necesita tramitar ninguna reforma: es cuestión de voluntad política.
Lo mínimo que debería hacer Petro, es cumplir con lo que Duque le incumplió a la comunidad educativa.
[i] En el Acuerdo el Gobierno asumió la obligación de incluir cada año en el proyecto de PGN “la facultad para destinar el 20% de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos de la vigencia anterior […] para financiar el Sistema Nacional de CteI”.
